El Govern aprueba por decreto ley "dar continuidad" a las concesiones del bus interurbano hasta 2034 a cambio de descarbonizar la flota

El Ejecutivo catalán ha aprobado este martes mediante un decreto ley ampliar seis años más, hasta 2034, las actuales concesiones de bus interurbano, vigentes desde la década de 1950 y 1960, que llegaban a su vencimiento en 2028. El Govern ha justificado que, mediante esta fórmula de urgencia, busca acelerar la ampliación de la flota de los 1.600 autobuses actuales a los 1.900 y la rápida adopción de vehículos sostenibles de aquí a 2029.

Asimismo, ante un crecimiento sostenido de la demanda en los últimos años muy por encima de todas las previsiones, agravada por la crisis de Rodalies, ha impulsado un acuerdo de Gobierno para seguir reforzando este año el servicio en todo el territorio.

Continuidad a cambio de inversión

El Govern ha utilizado la fórmula directa de un decreto ley para realizar un completo giro de guión. En los últimos dos años ha trabajado en la configuración de un nuevo mapa de transporte para licitar en 2028 diversos concursos públicos y adjudicar servicios más adaptados a la nueva realidad de la movilidad de la población. Sin embargo, durante este tiempo, el servicio se ha visto completamente desbordado, con un aumento sostenido del 10% de la demanda. Este año se prevé que pase de los 90 a los más de 100 millones de usuarios. La administración se ha visto obligada a aplicar medidas de choque para aumentar la oferta de líneas y autobuses. El sector ha respondido a los requerimientos del Govern, pero ha presionado para lograr prórrogas de sus concesiones.

Este martes, el Govern ha cuantificado que el sector privado deberá invertir 726 millones de euros para ampliar y descarbonizar su flota, y ha decidido que compensará este esfuerzo "dando continuidad" a las actuales concesiones por seis años, menos que los diez que le reclamaba el sector. De forma que le pone condiciones: de optar por la continuidad, las empresas deberán contar con un 75% de su flota descarbonizada el 1 de enero de 2029, con un mix de 40% eléctricos, 40% híbridos y un 20% con gas natural o los combustibles sintéticos. Con ello se prevé recortar un 48% las emisiones de CO2 del servicio de bus interurbano.

El decreto entra en vigor de forma inmediata. Las empresas disponen ahora de tres meses para presentar sus planes de descarbonización, y la Generalitat tendrá otros tres para validarlos. El objetivo es que las compras de nuevos vehículos comiencen antes de final de año. En caso de que haya servicios que queden sin propuesta, saldrían a licitación pública tras su vencimiento en 2028, como estaba inicialmente previsto.

Control y cobertura legal

Asimismo, el Govern exigirá a las concesionarias habilitar sistemas de información en tiempo real para que el usuario sepa exactamente dónde está el bus, además de mejoras en la accesibilidad y la implantación de un botón lila digital contra la violencia sexual. La administración afirma que mantendrá un control estricto de los nuevos servicios: las empresas deberán entregar un informe mensual y todos los vehículos operarán bajo la marca unificada Transports Públics de Catalunya.

La Generalitat considera que esta fórmula de "continuidad" de las actuales concesiones, término que utiliza para evitar hablar de prórroga, ya figura en los contratos vigentes, que permiten una ampliación ordinaria del 15%, lo que daría cobertura legal a esos seis años adicionales.

El presidente de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV), José María Chavarría, ha remarcado este martes que el crecimiento del servicio "ha sido posible gracias al esfuerzo inversor de las empresas operadoras", que han puesto más autobuses y personal para responder a la demanda. Ha considerado además que la modificación de los actuales contratos permiten cubrir los costes de descarbonización de la flota, teniendo en cuenta que cada autobús cuesta entre 350.000 y 800.000 euros.

No obstante, la asociación Promoció del Transport Públic (PTP) considera que la ampliación de las concesiones "es una oportunidad perdida para mejorar el servicio, redefiniendo la red, y para fiscalizar las empresas operadoras". La asociación reclama continuar con la definición del futuro mapa del transporte y reforzar el personal de la dirección de Transportes de la Generalitat para que pueda desarrollar un marco que permita la licitación de los servicios.

Nuevo plan de choque

Asimismo, ante la realidad de pasajeros que viajan de pie o se quedan en la parada, el Govern ha aprobado ampliar la capacidad de la red durante este año, con una inversión de 21 millones de euros. Se pondrá atención en corredores críticos, con mejoras que se concentrarán en los accesos a Barcelona desde el Maresme, Garraf, Baix Penedès, Anoia y ambos Vallès, así como las conexiones con hospitales y universidades.

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