Treinta familias denuncian que la empresa Vivenio las quiere fuera de sus pisos para firmar alquileres de temporada

Una treintena de familias de varios municipios catalanes han reclamado la prórroga de sus contratos de alquiler para evitar ser expulsadas de viviendas que son propiedad del fondo de inversión Vivenio, al que acusan de vaciar pisos para destinarlos a alquiler temporal fuera de regulación.

Las familias, organizadas por el Sindicat de Llogateres, han denunciado en una rueda de prensa este lunes la política de no renovación de contratos de Vivenio, el quinto mayor entre los fondos tenedores de vivienda en España, con una cartera de más de 6.500 pisos gestionada por capital holandés y australiano.

Votación en el Congreso

El acto se ha producido solo 24 horas antes de que el Congreso de los Diputados tenga que votar la convalidación del Real decreto ley 8/2026, una medida clave que permitiría a más vecinas de Vivenio (y a 2,5 millones de personas en todo el Estado) continuar acogiéndose a prórrogas extraordinarias a partir de mañana.

Según ha comunicado el Sindicat de Llogateres, al menos 30 hogares de Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès y Sant Adrià de Besòs han enviado burofaxes para acogerse a esta medida y evitar el desalojo. El sindicato sostiene que Vivenio está redirigiendo pisos al alquiler de temporada a través de anuncios en Airbnb bajo el perfil "Exclusive Living", una marca que no consta en el registro mercantil en España.

Precios por encima del índice

Según los datos aportados, se han detectado anuncios con precios muy por encima del índice regulado, como un piso en el barrio del Raval ofertado por más de 2.100 euros mensuales, frente a un máximo oficial de unos 1.170 euros.

"Nos dicen que no existe posibilidad de prórroga por criterios estratégicos de negocio", ha explicado una vecina afectada, Diana Virgós, quien ha alertado de que ya hay dos familias con demandas judiciales y otras once que han recibido avisos de expulsión.

Virgós también ha expuesto que esta situación se suma en las "cláusulas abusivas" que impone Vivenio, como por ejemplo hacer pagar a los arrendatarios el agua caliente como si fuera un servicio extra, o el "completo desentendimiento" por parte de la empresa del mantenimiento de los edificios como le corresponde por ley.

Expulsiones y pisos vacíos

El caso es especialmente grave en Sant Adrià de Besòs, donde el fondo es propietario de 60 viviendas de protección oficial en tres bloques y, según los vecinos, mantiene pisos vacíos durante meses tras los desalojos.

"Vivenio no atiende nuestras llamadas ni correos", ha afirmado el portavoz vecinal Francisco Gómez, quien ha denunciado que se están enviando burofaxes de expulsión a inquilinos que han pagado siempre el alquiler. El Sindicat de Llogateres enmarca la situación en un "boicot" de grandes tenedores a la regulación vigente.

Su portavoz, Enric Aragonès, ha advertido de que los partidos que voten contra la prórroga de contratos o la reforma de la LAU pendiente de votación en el Congreso "también serán responsables" de las expulsiones y abusos denunciados. Las familias afectadas reclaman frenar los desalojos, formalizar contratos conforme a la ley, eliminar cláusulas abusivas y garantizar condiciones dignas en los edificios.