La justicia ordena desalojar decenas de pisos que fueron ocupados en La Mina en un solo día en 2017

Hay 58 pisos repartidos en seis edificios de promoción pública en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, que están ocupados ilegalmente desde 2017. Se construyeron para desplazar a residentes del maltrecho bloque de la calle Venus, condenado a ser derribado. No obstante, el retraso en facilitar los traslados llevó a que las viviendas edificadas permanecieran deshabitadas casi durante una década y que decenas de familias quedaran atrapadas en el inmueble degradado. Hasta hace año y medio no ha empezado a desencallarse el pago de indemnizaciones ni los realojos de los afectados por la demolición, prevista ahora en 2028. Ya se han tapiado 55 de los 244 hogares de Venus, después de que las familias rubricaran acuerdos con las administraciones para abandonarlos. Las que optan por un cambio de vivienda se les reubica en domicilios que las administraciones han adquirido en La Mina, al no poder acceder ni a los pisos que se tomaron en el margen de unas pocas horas hace casi nueve años ni a otros que se adjudicaron a demandantes de vivienda de protección oficial, pese a que se edificaron hace cerca de 20 años para destinarlos en gran medida a habitantes de Venus.

Casi una década después de que se cometieran las ocupaciones, los juzgados de Badalona han dictado al menos 39 órdenes de expulsión por ahora, indica el Departament de Drets Socials y el Ayuntamiento de Sant Adrià. Los avisos han llegado en los últimos meses a los domicilios. Los lanzamientos se prevén ejecutar desde el próximo 8 de junio y continuar los jueves de cada semana hasta diciembre. Hay días en que están programados tres o cuatro desalojos simultáneos. La conselleria y el gobierno municipal dicen que "está previsto que la totalidad de la vivienda de esos bloques se destine a realojar a vecinos del bloque Venus".

Por su parte, habitantes de los pisos ocupados se han concentrado este lunes delante del consistorio, para reclamar soluciones ante los desahucios inminentes. Alertan de que no tienen otro techo bajo el que refugiarse y aseguran que piensan resistir en los pisos, aunque la policía les ordene marcharse. Jéssica Blázquez ha comentado que aguarda desahucio para el 10 de diciembre. "Los pisos estuvieron vacíos durante siete años y muchas familias entramos porque necesitábamos techo para vivir", ha esgrimido.

Las resoluciones judiciales son fruto de las denuncias que, hace años, interpuso el Consorcio de La Mina, un ente en el que participan la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià y la Diputación. Los ocupantes reciben el apoyo del Sindicat d’Habitatge de la Verneda i el Besòs. Sostienen que el consorcio llegó a prometer a varias familias ocupantes que podrían regularizar su situación mediante alquileres sociales. No obstante, afirman que el órgano se echó atrás y que, hace en torno a un año, les advirtió que todos serían desahuciados. Además, remarcan que tienen a cargo un número amplio de menores.

"Hubo vecinas que entregaron la documentación para el alquiler social, ¿por qué ese cambio de criterio? Necesitaban el alquiler hace uno, dos o tres años, y también ahora", ha blandido Víctor, del Sindicat del Besòs. A su vez, ha defendido que la demora en poner fin a la agonía de Venus no es fruto de la ocupación masiva de 2017. "Los vecinos de Venus tenían que pagar para realojarse y, cuando se ocupan los bloques, ya no estaban pensados para ellos", ha argumentado. Durante todos estos años, los afectados de Venus han evitado entrar en conflicto por los pisos en litigio, sin reclamarlos como propios ni tampoco respaldando a los ocupantes en público.

Asalto simultáneo

Todos los domicilios ocupados se asaltaron entre una tarde y una noche de julio de 2017. Ocurrió un mes después de que los Mossos d’Esquadra desmantelaran una trama por la que se confió la vigilancia de 144 pisos deshabitados en La Mina al cabecilla de una familia que ha encajado detenciones y condenas por controlar parte del tráfico de droga en el barrio. Los congregados esta mañana delante del ayuntamiento han negado que la ocupación masiva se desencadenara porque se destapara la concesión irregular de la seguridad de los domicilios vacíos.

En 2020, la Audiencia de Barcelona declaró culpable de prevaricación a un exteniente de alcalde del PSC de Sant Adrià, Juan Carlos Ramos, y le impuso nueve años de inhabilitación por entregar sobres con dinero a Ángel Amaya, conocido como Tío Cristina y patriarca de Los Manolos. Se le confió que protegiera los hogares para que no fueran asaltados, sin que mediara una adjudicación pública que amparase el encargo.

En paralelo, existían contratos por los que las instituciones llegaron a pagar hasta 342.000 euros anuales para custodiar los domicilios. El propósito era que continuaran desiertos hasta que se diera con una solución a los damnificados de Venus, incapaces de abonar las cantidades que entonces se les exigió para canjear su piso deteriorado por otro nuevo, a menudo superiores a los 40.000 euros. En gran medida, el cometido no lo llevaron a cabo empresas homologadas de seguridad, sino que acabó delegándose en el Tío Cristina.

Así, las viviendas se mantuvieron deshabitadas durante años, en plena crisis inmobiliaria y en una zona que concentra algunas de las calles donde menos renta se declara en el área metropolitana de Barcelona. Además, las órdenes de desahucio han tardado nueve años en dictarse "porque era necesario aprobar previamente el plan de expropiaciones del edificio de Venus y desplegar las medidas", explican el ayuntamiento y la conselleria. Tras años de atasco, la operación que debe culminarse con el derribo se refrendó en abril de 2024.

Negociación o protestas

Algunos concentrados han recordado esta mañana que una familia del barrio vigilaba los inmuebles, pero han desvinculado la investigación policial que puso fin a esos controles con la toma de los domicilios. "No tuvo nada que ver, fue por necesidad", ha postulado Jonathan, que vivía con una abuela y dos personas con discapacidad cuando su sumó a la ocupación y se hizo con una vivienda, en la que vive solo. "Me quedé sin trabajo ni ingresos", justifica.

Drets Socials y el Ayuntamiento de Sant Adrià apunta que "a las administraciones del consorcio les consta que en algún caso se han producido intentos de venta o realquiler ilegal de esas viviendas". Añade que se dio aviso de esos supuestos a los Mossos. Jonathan y otros vecinos desmienten que sea cierto. Defienden que el consorcio hizo un seguimiento de las viviendas, incluso con dos visitas al mes de los diferentes hogares, y que han podido comprobar que no se han cometido ilegalidades.

"Tengo un familiar en Venus que quería pagar en 2017 para realojarse en esos pisos y ya no le dejaron", alega David, cuyos dos hijos han nacido en la vivienda ocupada. Ahora tiene fecha de desahucio para junio. Como otros, avanza que, si los Mossos los echan, arrancarán las puertas antiokupas para retomar los domicilios. Por su parte, una mujer ha expuesto que carece de ingresos "para un alquiler por cuenta propia". "Somos una familia vulnerable con menores, mi marido está enfermo y no podemos trabajar", ha lamentado.

Jonathan ha dicho que dan una semana de margen para reunirse con la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, y el gerente del Consorcio de La Mina, Juan Luis Rosique. "No queremos vivir gratis y, si no podemos sentarnos para expresarnos y que nos expliquen, cortaremos la ronda de Dalt y la ronda Litoral en hora punta, también el tranvía y los autobuses", anticipa. La conselleria y el ayuntamiento replican que las personas que obtengan una renta insuficiente para costearse una vivienda "serán atendidas por la mesa de emergencia", responsable de conceder viviendas sociales. Apostilla que ha redactado ocho informes presentados al juzgado este 2026 por la situación de algunos de los hogares usurpados y que "no en todos se ha podido acreditar la vulnerabilidad". El sindicato de vivienda responde que no se ha dado acceso todavía a ninguna familia a la mesa de emergencia, pese a que algunas recibieron la notificación de desalojo hace medio año.

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