El Govern opta por prorrogar concesiones de bus interurbano para descarbonizar flotas y cumplir con las ZBE de 2028

El Govern opta por prorrogar parte de las concesiones de autobuses interurbanos, para dar respuesta al gran crecimiento de usuarios y a la necesaria modernización de la flota con el foco puesto en la descarbonización del sistema de transporte.

Según han confirmado distintas fuentes a EL PERIÓDICO, ha quedado descartado licitar parte del servicio de bus interurbano. Aunque las concesiones terminan en 2028, no quiere esperar hasta entonces para adecuar toda la oferta, y apuesta por un proceso escalonado. Para ello optará por una fórmula más directa, mediante un decreto ley para modernizar y descarbonizar la red de autobuses interurbanos de Catalunya, que este martes detallará en un encuentro con la prensa.

Coche o bus

A partir del 1 de enero de 2028 los coches y motos con la etiqueta B amarilla (diésel y gasolina) ya no podrán circular en días laborables de 7 a 20 horas por las Zonas de Bajas Emisiones ya activas y las que se prevén implementar en los municipios de más de 50.000 habitantes, lo que afecta en especial al Área Metropolitana de Barcelona.

Eso significa que las personas que acceden hoy a la ciudad con un coche de gasolina de más de 20 años o un diésel matriculado antes de septiembre de 2015 tendrán prohibido entrar a la gran metrópolis dentro de un año y ocho meses. Deberán buscar un transporte alternativo, lo que supone una presión añadida para unos autobuses que ya van repletos.

Asimismo, el secretario de movilidad, Manel Nadal, ya indicó el pasado martes que la flota de autobuses interurbanos de bajas emisiones era mínima. "Queda un trabajo extraordinario" para descarbonizarla, afirmó. Los autobuses actuales tampoco podrán circular por el AMB a partir de 2030 a no ser que se reemplacen por vehículos de bajas emisiones.

Modernización de la flota

Las empresas operadoras han trabajado con la Generalitat con la vista puesta en llevar a cabo esa modernización mediante vehículos eléctricos, híbridos y de bajas emisiones para poder circular por las ZBE del AMB. "Queremos resolver el problema de movilidad hoy, no en 2028 o 2030. La emergencia climática es hoy, como también los problemas de demanda", señalaba el presidente de la Fecav, José Maria Chavarria, en el encuentro anual de la patronal el pasado mes de noviembre. Nadal ya se mostró abierto entonces a llegar a acuerdos para agilizar la descarbonización de la flota de autobuses. 

Tiempo para el cambio

La patronal se ha servido del argumento del coste de la amortización de la nueva flota y la adecuación de las infraestructuras asociadas para presionar a la Generalitat para que le conceda esas prórrogas. A cambio de este esfuerzo, las empresas han reclamado entre 8 y 10 años extra para amortizar los vehículos, que cuestan más de 300.000 euros por unidad. La prórroga de la concesión no superaría en ningún caso el plazo de una década. Asimismo, en el proceso de renovación de la flota pasan entre uno y dos años entre la compra y fabricación de un vehículo y su puesta en circulación.

La Generalitat aún está diseñando cómo debe ser el nuevo mapa del transporte público, con el que debería después configurar los pliegos para los nuevos concursos, agrupando los servicios en unos pocos lotes de explotación.

La modernización y ampliación de la flota urgen ante un crecimiento de la demanda fuera de todo lo previsto y el tiempo se le ha echado encima a la administración, que avanza la reconfiguración de algunos de estos servicios, mientras que mantendría algunas licitaciones para 2028.

Ningún concurso

El presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), Roger Loppacher, afirma que el reglamento europeo no permite prorrogar las actuales concesiones. “Ya se ampliaron en 2003 por 25 años, ahora deben salir a concurso" para asegurar la libre competencia, ha explicado a EL PERIÓDICO. "Las empresas actuales pueden presentarse y tienen todo el derecho a ganar si cuentan con la mejor oferta”, ha añadido, al tiempo que ha remarcado que las actuales son concesiones que "no se han licitado nunca". “Si lo que se quiere es una flota descarbonizada, eso también se puede exigir en la licitación”, ha añadido.

El fin de concesiones históricas, que en el caso de Catalunya son de la década de 1950 y 1960, se da en el conjunto del Estado. La convocatoria de concursos y nuevas concesiones ya se ha completado en Aragón, València, Mallorca, y avanza en Madrid. También el Gobierno central ha redefinido su mapa de transporte con las líneas estatales y está licitando los servicios. "Las operadoras catalanas se han presentado a concursos de otras comunidades. Sin embargo, aquí presionan para prorrogar su situación", denuncian fuentes cercanas a las negociaciones.

La fórmula de prórroga de la concesión ya fue la opción del Govern de Jordi Pujol en 2003, cuando se valoraron opciones y finalmente no convocó un concurso público. Entonces fue para todas las concesiones -a diferencia de ahora, que será para una parte- aunque también se condicionó a una modernización del servicio y un cambio de flota, con nuevos vehículos accesibles y con una imagen unificada del servicio público.

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