Unos 70 alcaldes de la Catalunya rural piden cambios urbanísticos para “fomentar el arraigo” en los pueblos

Unos 70 alcaldes de municipios rurales de Catalunya reclaman al Govern una reforma profunda de la Ley de Urbanismo para adaptarla a la realidad del territorio y frenar el despoblamiento. Primeros ediles del Empordà, El Vallès, las comarcas de Tarragona o la Catalunya central se han reunido este sábado en Puigverd d’Agramunt (L’Urgell), bajo el impulso del lobi Eines de Repoblament Rural, se han dado cita para impulsar los cambios urbanísticos en un momento clave para el mundo rural, que en los últimos años ha intensificado su presión institucional para revertir la pérdida de población y garantizar un futuro viable para los pueblos. Muestra de ello es la aprobación del Estatut de Municipis Rurals, primera ley del Govern de Salvador Illa. Los regidores confían en que este encuentro sirva para ahondar en sus reivindicaciones.

El encuentro pone el foco en una de las principales problemáticas que denuncian los municipios pequeños: la falta de vivienda. Según los representantes locales, el actual marco normativo, pensado principalmente para grandes ciudades, dificulta la creación de nuevas oportunidades residenciales y económicas en el mundo rural. Catalunya cuenta con 947 municipios, de los cuales más del 60% son rurales. A pesar de este peso territorial, muchos de estos pueblos disponen de menos recursos técnicos y económicos, pero deben cumplir con las mismas exigencias urbanísticas que las grandes urbes. Esto, denuncian, acaba ralentizando o bloqueando proyectos clave, como la redacción de los planes de ordenación urbanística municipal (POUM), que pueden tardar años en tramitarse.

En este contexto, los 67 alcaldes reunidos en Puigverd d'Agramunt reclaman medidas concretas para flexibilizar la normativa y adaptarla a la realidad del mundo rural. Entre las propuestas figura, en primer lugar, reformar la legislación para permitir convertir construcciones existentes en suelo rústico —como granjas, almacenes abandonados u otras edificaciones— en viviendas habituales y permanentes. A ello se suma la posibilidad de ampliar, mediante licencia municipal, los metros cuadrados edificables de construcciones ya existentes, no solo para uso residencial, sino también para actividades artesanas, de transformación agroforestal o equipamientos sociales. El Govern, por su parte, comparte la reivindicación de los alcaldees y convocará una reunión la próxima semana con las entidades municipalistas para "avanzar en esta dirección", señalan fuentes del Executiu.

El coordinador de Eines de Repoblament Rural y alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, asegura que la actual ley es “una losa” para los municipios pequeños. En declaraciones a EL PERIÓDICO, Gilabert advierte de que “no se puede tratar igual a un municipio de 200 habitantes que a una ciudad de 40.000”, y defiende que una regulación más flexible permitiría “impulsar la vivienda y la actividad económica y, con ello, retener a la población”.

Rebajar la vivienda pública mínima en promociones rurales

Los responsables políticos plantean también reducir los estándares urbanísticos exigidos en nuevos desarrollos, ajustándolos a la naturaleza de estos municipios e incorporando fórmulas de compensación económica, así como rebajar los requisitos de vivienda de protección pública en función de las necesidades reales de cada localidad. Los ediles reclaman la creación de instrumentos de planeamiento urbanístico propios, más ágiles y adaptados a los pequeños municipios, que simplifiquen su tramitación. Finalmente, defienden ampliar la autonomía de gestión municipal, tanto en suelo urbano como en suelo no urbanizable, para poder tomar decisiones más acordes a la realidad y necesidades de cada territorio.

Por su parte, Gilabert también apunta que la falta de vivienda es un factor directo en el despoblamiento, especialmente entre los jóvenes, que a menudo se ven obligados a marcharse a ciudades cercanas por la falta de oferta residencial en sus pueblos de origen. Es por este motivo que administraciones como la Diputación de Barcelona promueven proyectos de rehabilitación de vivienda a partir de equipamientos en desuso para retener en los pueblos a los jóvenes.

La convención impulsada por Eines de Repoblament Rural llega después de la aprobación, en julio de 2025, del Estatuto de municipios rurales, que reconoce la singularidad de estos territorios y prevé medidas de discriminación positiva en ámbitos como el urbanismo. Para los alcaldes, este avance supone un primer paso importante tras años de reivindicaciones, pero insisten en que aún es "insuficiente".

En este sentido, Gilabert valora el nuevo marco como un punto de inflexión que empieza a dar respuesta a una larga lucha del mundo rural. “Es un paso adelante que nos hace tener cierta esperanza”, señala, aunque advierte de que el desarrollo real de estas medidas dependerá de cambios concretos en la legislación urbanística. Por ello, los representantes municipales subrayan que la adaptación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo es imprescindible para que el estatuto tenga efectos reales sobre el territorio. Sin esta reforma, alertan, el riesgo de despoblación seguirá siendo una amenaza estructural.

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