La fiscalía denuncia a "un grupo criminal" por alquilar pisos turísticos sin permiso de los dueños en Barcelona

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra “un grupo criminal” compuesto por cinco ciudadanos rusos por alquilar en la capital catalana viviendas como pisos turísticos sin permiso de sus propietarios, según el escrito judicial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En total, la acusación pública ha detectado 26 operaciones supuestamente fraudulentas, tras las pesquisas efectuadas a raíz de la documentación que recibió del Ayuntamiento de Barcelona sobre la actividad de alojamiento turístico sin licencia. El ministerio público ha presentado esta denuncia en el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, donde se investigan más casos, con lo que la investigación se convertirá en una verdadera macrocausa.

La trama llevaba actuando desde hacía tiempo. Dos de los ahora denunciados, A. N. y Y. K., fueron condenados en julio de 2025 por hechos similares relacionados con otras nueve viviendas. En la nueva denuncia, la fiscalía incluye a tres colaboradores más, también de origen ruso, que actuaron de “común y previo acuerdo”, tanto “en la acción como en el propósito de obtener un ilícito beneficio económico para compartirlo”. Las reglas de reparto, a su entender, eran “convenidas en función del respectivo protagonismo criminal”. A cuatro denunciados se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal y estafa. Al quinto, se le suma falsificación de documentos oficiales.

La presunta estafa fue llevada a cabo por los denunciados desde noviembre de 2017 hasta julio de 2024. Los acusados, incide la fiscalía, urdieron un plan consistente en “la celebración sistemática y simultánea de contratos de arrendamiento” de inmuebles, “simulando” que estos se destinarían a su vivienda habitual, cuando en realidad, una vez abonadas las fianzas y las primeras mensualidades, procedían a realizar obras para aumentar el número de habitaciones y destinarla a apartamento turístico. En ninguno de los casos, contaban con licencia administrativa para realizar esta actividad.

Publicidad en Airbnb y Booking

Los cinco denunciados publicitaban los pisos como turísticos en las plataformas Airbnb o Booking y en las redes sociales Instagram y Facebook. Una vez efectuada la reserva del alojamiento por parte del cliente, le proporcionaban varios números de teléfono de contacto, entre ellos el de un miembro de la trama, para poder realizar cambios o solicitar más información.

Como consecuencia de esta “ilícita actividad”, sostiene la fiscalía, los propietarios reales de las viviendas, algunos de los cuales dejaron de percibir la renta inicialmente pactada, no pudieron acceder a su piso al estar ocupado por terceras personas en régimen de alquiler turístico. De esta manera, los dueños del inmueble se vieron abocados a acudir a la justicia para la resolución del contrato e, incluso, a soportar expedientes sancionadores por parte del Ayuntamiento de Barcelona por el incumplimiento de la normativa en materia de arrendamientos urbanos de vivienda de uso turístico.

La primera de las 26 operaciones denunciadas se remonta al 1 de noviembre de 2017. Una de las acusadas, Y. K., alquiló una vivienda para destinarla a residencia habitual por un plazo de cinco años. La renta pactada era de 1.300 euros mensuales. A pesar de este acuerdo, desde el inicio del contrato, Y. K., “sin conocimiento” del propietario del inmueble, destinó la vivienda a uso turístico, careciendo de licencia para ello. Por esta razón, el Ayuntamiento de Barcelona incoó al dueño dos procedimientos sancionadores.

En enero de 2022, Y. K. dejó de abonar parte de la renta estipulada y el propietario de la vivienda tuvo que recurrir a los tribunales para reclamar el desahucio. Aparte del perjuicio de no poder disfrutar de la posesión de la vivienda y de no recibir el alquiler desde enero de 2022 hasta el 4 de julio de 2024, cuando recuperó el piso, el dueño del inmueble tuvo que hacer frente a los honorarios correspondientes a las reclamaciones judiciales y a las alegaciones formuladas en los expedientes administrativos, que finalmente fueron archivados. Pero, además, tuvo que acometer obras de reforma ante las modificaciones que realizaron los denunciados. En total, un gasto de 20.000 euros. Y así hasta en otras 25 ocasiones. La última, en julio de 2024.

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