Un concurso público descabalga a las tres entidades gestoras del programa de inserción Làbora de Barcelona

Las entidades que han dirigido el programa Làbora del Ayuntamiento de Barcelona, un servicio de inserción laboral para personas en situación de vulnerabilidad, están a punto de quedarse fuera de su gestión tras casi 12 años asumiéndola, desde su fundación, en octubre de 2014. Durante esta década larga, las tres federaciones que han gestionado el Làbora, FEICAT, ECAS y Creu Roja, han suscrito convenios anuales con el consistorio, que ahora, ha modificado el sistema a uno de adjudicación por concurso.

Es, dicen fuentes municipales, una modificación obligatoria: todo lo que suponga un servicio estructural tiene que vehicularse vía concurso y no se puede seguir con los convenios. Y es lo mismo que ha sucedido en los últimos meses con ABD, el CITE y AMIC, las entidades que han estado gestionando el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados: se quedaron fuera del SAIER tras el paso de convenio a concurso, si bien el área que llevaba ABD ya funcionaba por concurso.

En el caso del programa Làbora, que depende del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), la filosofía que esgrime el ayuntamiento para el cambio de sistema es igual al del SAIER: asegurar el control municipal de un servicio mayoritariamente financiado por sus arcas.

“La transición de un modelo basado en convenios de colaboración o subvenciones directas a uno articulado mediante contratos de servicios responde a una obligación legal derivada de la normativa vigente en materia de contratación pública”, afirman fuentes municipales, que subrayan “el éxito del proyecto”. “Pese a que se han explorado otras posibilidades, el paso de convenio a contrato es el único instrumento que garantiza la continuidad del servicio a la ciudadanía y a la adecuación a los requerimientos legales exigidos”, añaden las mismas fuentes.

Los inicios

El Làbora se empezó a plantear entre 2013 y 2014. El entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, lo propuso a la Taula del Tercer Sector, que agrupa a las entidades sociales. Es un programa pensado para propiciar la inserción laboral de población vulnerable, usuarios de los servicios sociales municipales, que son los que derivan a la gente hacia el Làbora.

El programa, que atiende a cerca de 6.000 personas cada año, tiene un presupuesto anual de 3,3 millones de euros, de los que un 90% provienen del ayuntamiento. El 10% restante es aportado por las entidades, en una fórmula de colaboración público-social: las organizaciones no cobran por el 10% de su dedicación horaria. De 2014 a 2026 se han cerrado convenios anuales con las tres federaciones, si bien este último tiene una duración prevista de solo cinco meses, hasta el próximo 31 de mayo. El 1 de junio tiene que entrar a gestionar el servicio quien gane el concurso.

Aunque todavía no es una adjudicación definitiva, el ganador es la empresa Daleph, para los próximos dos años y dos más prorrogables. Es algo que las federaciones salientes supieron el pasado 27 de febrero, cuando se abrieron los pliegos. La cantidad fijada como presupuesto de salida en el concurso para los próximos dos años era de 7,3 millones de euros. FEICAT y ECAS formaron una Unión Temporal de Empresas (UTE) para presentarse al concurso –Creu Roja no puede integrar una UTE por su naturaleza legal. Daleph rebajó la cifra con una propuesta un 7,5% inferior. FEICAT y ECAS, un 4%.

Daleph es un grupo empresarial de consultoría con tres décadas de trayectoria. Cuenta con el sello 'Bcorp', que distingue a firmas comprometidas con el planeta y la sociedad. El movimiento internacional 'Bcorp' está en auge y ya hay en Catalunya un buen número de compañías certificadas.

Pliegos técnicos y condiciones económicas

Fuentes de las entidades que se quedarán fuera del Làbora explican que esa diferencia de tres puntos y medio es muy grande. Añaden que ellos ganaron en los pliegos técnicos, pero perdieron la carrera en su globalidad por el factor económico. Consideran que el desenlace del concurso rompe el modelo del Làbora desde su fundación y aseguran que la rebaja ganadora no es viable para prestar el servicio como se ha hecho hasta ahora.

Además, las mismas fuentes subrayan que ahora habrá menos sedes de atención. Porque en realidad el Làbora lo gestionan decenas entidades que forman de las tres federaciones. Por poner ejemplos: participan la Fundació Pere Tarrés, Trinijove o el Casal d’Infants del Raval. En total, suman casi una veintena de puntos de atención. Según las condiciones presentadas por Daleph, ahora serán nueve los puntos. Otro aspecto que ha sorprendido a las federaciones es que en la bases del concurso no se fijan objetivos.

Asimismo, aseguran que en el anterior mandado, con Ada Colau como alcaldesa, estaba previsto crear la Fundación Làbora, lo que hubiera evitado el cambio de convenio a concurso, y que esa iniciativa se frenó por la proximidad de las municipales de 2023 y ya no se abordó después, tras el cambio de gobierno municipal.

La no subrogación

Algo que ha sorprendido a FEICAT, ECAS y Creu Roja es que el consistorio no prevé que haya una subrogación de la plantilla por parte del nuevo adjudicatario. En total son 67 las personas que trabajan en el programa. Si nada cambia, se irán a la calle, con la excepción de las que puedan ser recolocadas por las propias entidades. Se calcula que esos despidos pueden generar indemnizaciones por cerca de 500.000 euros.

Los 67 empleados tienen perfiles distintos: unos son prospectores, los que visitan empresas programan jornadas y analizan qué tipo de empleados buscan; otros, orientadores, los que atienden a la gente cuando llega de servicios sociales; otros, formadores, los que fomentan la posibilidad de ocupación de las personas atendidas. Por otra parte, unas nueve personas integran la oficina técnica que lo coordina todo.

La pregunta de ERC

Aunque no es posible hasta que la adjudicación se definitiva, las federaciones que van a perder el Làbora tienen intención de impugnarla. No por la disfunción de modelo que denuncian, ya que aseguran que el modelo se empobrecerá. La impugnación se fundamentará en tecnicismos jurídicos que los representantes legales de las federaciones consideran suficientes para cuestionar la decisión del ayuntamiento.

A todo esto, el grupo municipal de ERC preguntará en el pleno municipal del próximo viernes al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por la cuestión. Los concejales Eva Baró y Jordi Castellana pedirán a Collboni “qué valoración hace del programa Làbora” y de que “deje de ser de colaboración público-social y pase a manos de una mercantil sin experiencia directa en el ámbito, con el agravante de que toda la plantilla que ha consolidado el programa se irá a la calle y de que las entidades que han impulsado el proyecto tendrán que asumir el coste de las indemnizaciones, lo que en muchos casos comprometerá su estabilidad”.

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