Propiedad de un fondo de inversión
Polémica en La Llagosta tras la compra de una vivienda ocupada por parte de un concejal del Ayuntamiento
La familia, monomarental y en situación de vulnerabilidad, afrontaba este martes el desahucio, que finalmente ha sido aplazado
CONTEXTO | La vivienda se polariza en Mataró: de más de un millón de euros por un chalet a 60.000 euros por un piso ocupado en Rocafonda

Fachada del Ayuntamiento de La Llagosta / AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

La adquisición por parte de un concejal del Ayuntamiento de La Llagosta (Vallès Oriental) de una vivienda ocupada ha causado revuelo en el municipio. El piso es propiedad de un fondo de inversión, que puso a la venta el inmueble pese a encontrarse ocupado por una familia monomarental en situación de vulnerabilidad. El desahucio estaba programado para este martes, pero una movilización popular ha conseguido aplazarlo un mes.
La vecina afectada ha explicado su caso en redes sociales. Recuerda que entró a vivir en el piso en 1998 con su pareja, con la que contrató una hipoteca. Él dejó de pagar, asegura, y la entidad bancaria impuso una dación en pago y un alquiler social antes de vender el piso a un fondo de inversión. Este ha decidido no renovar el alquiler social, que finalizó en 2022, aunque la vecina asegura que continúa pagando esa renta, pese a no disponer ya de contrato. Según su relato, el piso fue colocado en una agencia para inversores para su venta. Sin embargo, hace dos años, apunta la vecina, el mismo concejal, Marc Ruiz (PSC), se acercó al piso para informarle que él era el nuevo propietario.
Fuentes municipales consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que el gobierno local "ha actuado con esta persona de la misma manera que lo haría con cualquier otra persona que acuda al Ayuntamiento con la misma problemática". Tras una reunión con la concejalía de vivienda del municipio, la vecina afectada entró en la mesa de emergencia de vivienda.
Las mismas fuentes señalan que, "pese a que el Ayuntamiento no tiene competencias en temas de vivienda ni recursos económicos para alojar a la familia en un hotel o en un piso de alquiler", le ofrecieron "tres alternativas" a la afectada mediante un recurso de urgencia. Las dos primeras se basan en una estancia en un hotel para la vecina, ya fuese acompañada o no de su hijo, que tiene 17 años. Sin embargo, la vecina lo descartó, ya que el núcleo familiar también está formado por un animal de compañía y el establecimiento no acepta mascotas. La tercera alternativa que se le ofreció, siguen las mismas fuentes, consiste en otra estancia en un hotel, a partir del próximo lunes, en que sí se permite la presencia de animales. De todas maneras, explican desde el Ayuntamiento, la vecina también rechazó esa opción, que conllevaba dejar el piso de cara al frustrado desahucio de este martes.
Oferta publicada en un portal inmobiliario
Por su parte, el concejal también ha compartido su relato de los hechos en las redes sociales. Empieza el escrito asumiendo que "se están lanzando acusaciones" hacia su persona "que no son ciertas". El edil lamenta llevar "un año y medio pagando por un piso" en el que "no ha podido vivir", lo que le ha obligado a asumir también "el alquiler de otra vivienda, un préstamo y todos los gastos, de tal forma que actualmente ya no es asumible económicamente".
El regidor declara que encontró la oferta del inmueble en un portal inmobiliario y que, como tiene otros familiares que viven en ese mismo bloque, se interesó por ella: "Me explicaron que había existido un contrato de alquiler, que ya había finalizado, que no se había renovado y que, aun así, los inquilinos no se habían marchado", relata. "Para nada hubiese accedido sabiendo todo lo que sé ahora y todo lo que se ha alargado", lamenta.
El concejal Ruiz confirma que se desplazó hasta el piso para hablar con los inquilinos: "Fui personalmente a hablar con la persona que estaba viviendo allí para explicarle que yo era el nuevo propietario y que necesitaba el piso para vivir, con la intención de intentar llegar a un acuerdo y darle el tiempo que necesitase para encontrar otra vivienda". Sin embargo, el tiempo pasó y el procedimiento judicial siguió su curso. "Desde Servicios Sociales ―sigue el edil―, se le reconoció la vulnerabilidad y el acceso a la mesa de emergencia, y al mandarlo al juzgado la fecha [del desahucio] quedó paralizada". A principios de este año, el juez fijó una nueva fecha para el desahucio, programado para este mismo martes.
La situación también la han hecho pública desde el grupo local de los Comuns mediante un comunicado en que piden la dimisión inmediata del concejal "por coherencia democrática y respeto a la institución que representa". El edil, sin embargo, señala que el Ayuntamiento "ha hecho lo que tenía que hacer, y así se ha visto en el proceso judicial: dar ayuda y hacer seguimiento siempre que se ha solicitado, exactamente igual que se hace con cualquier persona que se encuentre en esa situación".
La formación morada también reclama que el Ayuntamiento se persone formalmente contra el desahucio previsto para este martes, así como que ofrezca una solución habitacional concreta y estable para la familia y que que se tenga en cuenta a la mascota de la familia, que es parte de la unidad familiar: "Ninguna familia debería estar obligada a escoger entre un techo o su animal de compañía".
Suscríbete para seguir leyendo
- Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
- La Justicia frena las primeras ofensivas contra las tasas de basura de ayuntamientos catalanes
- Inquietud vecinal por un local de Gràcia vacío hace 13 años que estuvo ocupado: “No lo alquilaré si no me pagan 13.000 euros”
- Una terraza se derrumba en el interior de un bar en Santa Coloma de Gramenet
- La justicia ordena desalojar decenas de pisos que fueron ocupados en La Mina en un solo día en 2017
- La pastelería de Granollers con mejores reseñas en Google: 'Los mejores cruasanes que he probado...
- Empiezan las obras de acondicionamiento del paso inferior de la estación de Renfe de Castelldefels
- Las cámaras de Via Laietana multarán a partir del 27 de abril con 90 euros a cada vehículo que suba por la via sin autorización