El Govern se abre a la legalización parcial de urbanizaciones sin servicios: "Llevan décadas atrapadas en el todo o nada"

El cambio legal impulsado por el Govern para falicitar a los ayuntamientos de Catalunya la legalización de urbanizaciones avalará la regularización parcial, una de las demandas históricas de los alcaldes afectados. Lo han anunciado el president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Territori, Sílvia Paneque, este 20 de abril, cuando el Departament de Territori se ha citado con representantes de 300 municipios para explicarles la hoja de ruta del Executiu sobre este quebradero de cabeza urbanístico que mantiene sin algún servicio esencial u otro —suministro de agua, asfaltado, alcantarillado o iluminación— a unos 120.000 catalanes repartidos en 730 urbanizaciones.

Hasta la fecha, la legislación únicamente permitía regularizar en bloque las denominadas urbanizaciones no recepcionadas, una exigencia que las "ha mantenido décadas atrapadas en el todo o nada", en palabras de Paneque. La titular de Territori ha tildado de "muy relevante" la posibilidad de la legalización parcial y la ha enmarcado en la flexibilidad con la que el ejecutivo catalán busca impregnar la colaboración que ahora nace entre la administración autonómica y los consistorios. Esto significa que a partir de ahora no será necesario legalizar de una vez todos los servicios que faltan, sino que se podrá ir de uno en uno, de manera individualizada; por ejemplo, primero el suministro del agua y luego la iluminación.

Illa también se ha mostrado crítico con la "legislación poco ajustada al sentido común" que requería la legalización en bloque. "Cuando es o todo o nada, acostumbra a ser nada", ha lamentado el president, quien ha apuntado a su "interés personal" por la problemática de las urbanizaciones con déficits debido a su "pasado municipalista" como alcalde de La Roca del Vallès.

El Govern asume que la solución al "problema de país", según los alcaldes afectados, no llegará en un año, pero remarca la importancia de "encarar el problema y mirarlo de frente", han coincidido Illa y Paneque, que ha recordado la "resignación" a la que habían llegado ciudadanos y alcaldes. "Si las instituciones no son útiles, la gente se acabará preguntando para qué sirven", ha deslizado Illa en alusión a la semilla en la que germina la extrema derecha y la cual se ha propuesto combatir también con otras políticas como el Pla de Barris.

El saneamiento "preocupa mucho"

Paneque se ha referido también al gran coste de los pequeños municipios para implantar sistemas de saneamiento. "Sé que preocupa mucho", ha asegurado la consellera. El Govern se ha marcado trabajar con los ayuntamientos para "abrir la puerta a sistemas autónomos y homologados de sanemiento", ha precisado Paneque. Los últimos años ha sido uno de los grandes caballo de batalla de los consistorios por el elevado coste de este tipo de infraestructuras.

En cuanto a recursos económicos, un convenio entre el Territori y el Institut Català de Finances (IFC) pondrá las bases para financiar a los ayuntamientos implicados. "Gratis no podrá ser aunque nos gustaría, pero pondremos a disposición de los ayuntamientos recursos económicos y humanos", ha enfatizado Illa, destacando la prioridad que las urbanizaciones no legalizadas pasan a ser para el Govern "en el marco del problema de la vivienda en todo el país".

Consultados por EL PERIÓDICO, diversos alcaldes perjudicados celebran la iniciativa del Govern con las reservas propias de un problema enquistado durante décadas. "Celebro infinitamente que se prioricen las urbanizaciones, sólo espero que todo esto no quede en un anuncio", apuntó el alcalde de Sant Cebrià de Vallalta (3.855 habitantes), Albert Pla. El edil fue el precursor —a su liderazgo se sumó Xavier Santos (ERC), alcalde de Sant Feliu de Buixalleu (Selva)— en septiembre del 2024 de la reclamación municipalista que recientmente ha cristalizado en un manifiesto de más de 80 alcaldes que reivindican la solución a las urbanizaciones como el "principal reto urbanístico de Catalunya", con el apoyo de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

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