Collboni pide al comisario europeo de Vivienda que vele por las ciudades en la futura Ley de Vivienda Asequible de la UE

Barcelona quiere que la crisis de vivienda deje de tratarse como un problema estrictamente local y pase a ocupar un lugar en la agenda europea. Ese ha sido el mensaje que el alcalde, Jaume Collboni, ha lanzado este lunes tras reunirse con el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen. En una comparecencia en el ayuntamiento, ambos han coincidido en una misma idea de fondo: el encarecimiento del alquiler y de la compra se ha convertido en una crisis compartida por buena parte de las ciudades europeas.

Collboni ha defendido que Barcelona ha sido una de las ciudades que más ha apretado para llevar el problema a Bruselas y ha situado la reunión dentro de ese pulso institucional. Ha recordado el papel de la red Mayors for Housing, impulsada por varias capitales europeas, y ha sostenido que ante “un problema que es europeo” debe haber también “una respuesta europea”. El alcalde ha aprovechado para reivindicar las medidas aplicadas en Barcelona al amparo de la legislación española y catalana, especialmente la regulación de precios en las zonas tensionadas y la decisión de no renovar las licencias de pisos turísticos a partir de 2028.

Más regulación y recursos

Su reclamación a la Comisión se resume en dos palabras: regulación y recursos. Según ha explicado Collboni, la posición de Barcelona ante la futura Affordable Housing Act (Ley de Vivienda Asequible) se centra en el respeto a la autonomía local y al principio de subsidiariedad, reconocimiento del valor de las zonas de mercado tensionado como herramienta regulatoria y reserva de partidas europeos específicas para construir, rehabilitar y comprar vivienda. El edil socialista ha asegurado que Barcelona ha movilizado en el periodo actual 310 millones de euros procedentes de financiación europea directa o indirecta, incluidos fondos Next Generation y recursos vinculados al Banco Europeo de Inversiones.

Jørgensen ha recogido el guante y ha avalado el diagnóstico de partida. “Estamos en medio de una crisis de vivienda, no hay duda”, ha dicho. El comisario ha descrito una situación en la que trabajadores con salarios normales —ha citado enfermeras, profesores o policías— ya no pueden vivir en las ciudades a las que prestan servicio, mientras muchos jóvenes retrasan su emancipación porque no encuentran un piso que puedan pagar. La vivienda, ha añadido, no debe pensarse solo en términos de cantidad o precio, sino también de calidad de vida, salud, sostenibilidad y comunidad.

El comisario ha evitado entrar en compromisos concretos sobre futuras decisiones legislativas, pero sí ha dejado dos mensajes relevantes para Barcelona. El primero, que Bruselas quiere aprender de ciudades que ya están aplicando medidas y que la capital catalana es una de las referencias porque sufre la crisis con especial intensidad, pero también porque está ensayando respuestas. El segundo, que la futura intervención europea no debería suponer “un paso atrás” para las ciudades, sino ayudarles a avanzar en lo que ya están haciendo.

Los alquileres de corta duración

Jørgensen ha admitido que los alquileres de corta duración se han convertido en “un gran problema” en Barcelona y en muchas ciudades europeas y ha señalado que su expansión ha contribuido a elevar los precios, expulsar vecinos y agravar la saturación turística. Sin bendecir de forma explícita la fórmula barcelonesa contra los pisos turísticos, sí ha apuntado que la definición de mercado tensionado es una buena base para actuar, ya que permite dirigir las medidas donde el problema es más grave. Collboni ha defendido precisamente este mecanismo como una herramienta excepcional, limitada en el espacio y en el tiempo, para responder a situaciones excepcionales.

En paralelo, Collboni ha insistido en que la clave es garantizar que cada ciudad o región pueda disponer de instrumentos suficientes para intervenir según su realidad. El alcalde ha defendido que la futura ley europea debe dar más margen a los gobiernos locales, ya que son las ciudades las que están en el “kilómetro cero” de la crisis. A su juicio, ese reconocimiento debería traducirse en más capacidad para actuar sobre los mercados tensionados, aplicar regulaciones extraordinarias cuando sea necesario y proteger el acceso a la vivienda frente a otros usos.

La vivienda entra en la agenda europea

Ese planteamiento conecta con una discusión que ya está abierta en Bruselas. La Comisión prepara la futura Affordable Housing Act, mientras gana peso la idea de que la respuesta a la crisis no puede limitarse a aumentar la oferta, sino que también debe dar apoyo político, jurídico y financiero a las administraciones que están gestionando el problema sobre el terreno. En ese marco, Barcelona quiere que la futura legislación refuerce el margen de maniobra de las ciudades y que el próximo presupuesto comunitario reserve dinero específico para la oferta de vivienda pública.

Para Collboni, con estas decisiones Europa se juega parte de su credibilidad ante la ciudadanía. El alcalde ha subrayado que pocas cosas ayudarían más a reforzar la idea de una Europa útil que una respuesta concreta a uno de los problemas que más condicionan hoy la vida cotidiana en las ciudades. Jørgensen, por su parte, ha intentado situar la vivienda fuera de la trinchera ideológica: ha manifestado que no debería ser una cuestión “de derechas o de izquierdas”, sino una prioridad compartida por cualquier responsable público.

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