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Para paliar la caída de 40 millones de ingresos

La reforma del impuesto del AMB coge impulso en el Congreso: PSC, Junts, ERC y Comuns se alían para forzar un cambio legal

Responsables metropolitanos se reúnen con grupos parlamentarios para encajar el Tributo Metropolitano en la Ley de Haciendas Locales

CONTEXTO | Junts lleva al Congreso el Tributo Metropolitano del AMB para que las grandes empresas vuelvan a pagar más que los hogares

REFORMA | Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026

BENEFICIOS | Unos dos millones de hogares del área de Barcelona mantendrán en 2025 los beneficios fiscales del Tributo Metropolitano

Fachada de la sede del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Fachada de la sede del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Manuel Arenas

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Barcelona
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Pese a la coincidencia de color político predominante en sendos gobiernos, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha pinchado en hueso hasta ahora en sus solicitudes al Ministerio de Hacienda para dar encaje al singular Tributo Metropolitano en la estatal Ley de Haciendas Locales. El ente metropolitano está preocupado porque la Justicia le ha obligado ejecutar una reforma fiscal en detrimento de los contribuyentes particulares y con la que ha perdido 40 millones de ingresos propios, poniendo en peligro sus inversiones. El escenario de bloqueo político ha llevado al AMB a escalar institucionalmente su reclamación en el Congreso de los Diputados en torno a este recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) único en España.

Las cuatro fuerzas que gobiernan la administración metropolitana, PSC, Junts, ERC y Comuns, han unido fuerzas para reunirse esta semana con los grupos parlamentarios del Congreso y trasladarles la necesidad de modificar la Ley de Haciendas Locales, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. Más allá de la mayoría absoluta de la que gozan los socialistas en el AMB, la administración supramunicipal ha decidido realizar una demostración de fuerza llevando a Madrid a su vicepresidente ejecutivo, Antonio Balmón, acompañado de otros cuatro responsables de los colores políticos que integran el cuatripartito metropolitano.

Esta 'estatalización' del conflicto sobre el Tributo Metropolitano que pretende el AMB sigue la estela de la propuesta de modificación legal que presentó el grupo parlamentario de Junts a finales del pasado 2025. El objetivo metropolitano es triple: por un lado, que la regulación permita establecer tres tipos máximos diferenciados según el uso de los inmuebles (0,2% para inmuebles urbanos, 0,1% para rústicos y 0,3% para bienes con usos de características especiales —BICES—), tal y como ocurría hasta la reforma fiscal de este 2026.

En segundo lugar, que la Ley posibilite beneficios fiscales como reducciones en la cuota para inmuebles de uso residencial, tal y como históricamente había previsto el AMB para proteger fiscalmente a los hogares. Por último, hay una tercera petición más técnica: que el tipo impositivo se aplique sobre la base liquidable y no sobre la imponible del IBI, por tal de que la tributación sea más realista y no entre en conflicto con las normativas municipales.

Presión fiscal para las grandes empresas

El origen de la reforma fiscal a la que se vio obligada el AMB está en los triunfos judiciales de Endesa, Naturgy y Enagás, que llevan años ganando en el Tribunal Supremo recursos contra las distintas ordenanzas del Tributo Metropolitano desde el año 2020. Este diario ya contó que en el origen de esas demandas hay liquidaciones tributarias, valoradas en 5,7 millones de euros entre 2020 y 2024, que las grandes energéticas han venido considerando "ilegales". Esencialmente, argumentan en sus recursos, por sufrir en su tributación de los BICES un agravio comparativo respecto a los otros tipos de inmuebles gravados por el Tributo Metropolitano.

Una decena de sentencias judiciales del Tribunal Supremo les dieron la razón: el Tributo Metropolitano no puede, con la actual legislación, introducir novedades jurídicas como exenciones, tipos diferenciados o reducciones en la cuota que no contemple ya la regulación estatal del IBI, el impuesto sobre el que se calcula. 

Es precisamente en los BICES, los inmuebles de las grandes empresas —por ejemplo, los terrenos del aeropuerto o los ciclos combinados de la Central Térmica del Besòs— donde se sitúa el foco de la disputa. El AMB busca que se les aplique incluso una tributación superior a la de años atrás (un 0,3% frente al antiguo 0,2%), con el objetivo de incrementar la presión fiscal sobre ellas y aliviar a las economías domésticas, a las que se ha propuesto amparar. Del total de 40 millones que la administración deja de ingresar por el Tributo, se cifra que unos 15 de ellos provenían de los BICES de las grandes sociedades.

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