El Supremo obliga a reescribir una sentencia que absolvió a un mosso de Vilanova juzgado por corrupción

El Tribunal Supremo ha obligado a la Audiencia de Barcelona a redactar una nueva sentencia sobre el llamado 'caso Macedonia' de corrupción policial y narcotráfico, en referencia solamente a un agente de los Mossos d'Esquadra que inicialmente fue absuelto. Se trata de un subinspector y exnúmero 2 de la comisaría de Vilanova i la Geltrú, J.R., que, según la fiscalía, habría cobrado sobornos, como una videoconsola, de parte de un confidente policial, Manuel G.C., acusado y absuelto de narcotráfico. Según ha avanzado 'eldiario.es' y ha confirmado el ACN, el Supremo obliga a revisar una prueba anulada por la Audiencia por si se le puede condenar por revelación de secretos.

El subinspector fue detenido en octubre del 2010 y la Audiencia lo absolvió en 2022 después del macrojuicio, que acabó con la absolución de nueve de los 17 acusados. Cinco más aceptaron la pena pactada con la fiscal y otro tres fueron condenados después del juicio.

En la sentencia, el Supremo dice que el interrogatorio del juez instructor al subinspector una vez arrestado, que se hizo más allá de las 72 horas preceptivas, no puede ser anulado como prueba inculpatoria, puesto que después se produjo con todas las garantías. En aquel interrogatorio, el policía admitió haber facilitado a otros acusados información y una fotografía de otro investigado extraída de la base de datos policial. Esto contradiría, al menos parcialmente, lo que declaró durante el juicio años después.

La fiscalía recorrió contra todas las absoluciones, pero el Supremo solo apreció uno de los puntos del recurso, el que hace referencia al agente. La anulación de intervenciones telefónicas, cacheos domiciliarios, investigaciones patrimoniales y otras pruebas como los interrogatorios a los detenidos, no ha sido revertida. El Supremo quiere que la Audiencia reescriba la sentencia solo en cuanto al delito de revelación de secretos por parte de funcionario público. Lo puede volver a absolver o condenar a una pena de multa de 12 a 18 meses inhabilitación para cargo público hasta 3 años.

Larga y polémica instrucción

El llamado 'caso Macedonia' fue iniciado en el 2009 por el entonces magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquin Aguirre, ahora jubilado, conocido también por otras causas polémicas como la de 'Volhov'. La investigación causó tensiones con los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Finalmente, en 2022, el subinspector de los Mossos y 16 acusados más se enfrentaban a penas de hasta 11 años de prisión por organización criminal, tráfico de drogas, soborno, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y tenencia ilícita de armas, con la atenuante de dilaciones indebidas. La fiscalía pedía hasta once años de prisión para uno de los jefes de la banda, un antiguo confidente policial, y diez años y medio por el subinspector de los Mossos. Cinco de los 17 acusados aceptaron la pena pactada con la fiscal.

El tribunal condenó a ocho de los 17 acusados a penas de entre un año y medio y dos años y medio de prisión por tráfico de drogas, con multas de 2.600 a 35.000 euros. A tres acusados les condenó a medio año de prisión por tenencia ilícita de armas. A todos se les reconoció la atenuante de dilaciones indebidas. En cambio, el tribunal absolvió a todos los 17 acusados del delito de organización criminal y soborno. A uno de los principales acusados, el confidente policial Manuel Gutiérrez Carbajo, lo absolvieron de todos los delitos.

Según la fiscalía y los investigadores de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos que investigaron el caso, buena parte de los acusados se dedicaban al tráfico de drogas, sobre todo cocaína, marihuana y hachís, y obtenían información policial privilegiada de algún agente a cambio de sobornos. La investigación, iniciada en el 2009 creció y llegó a varios juzgados. Algunas piezas, que también afectaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, acabaron archivadas o con absoluciones.

Los dos máximos responsables de la DAI encargados del caso explicaron que mientras investigaban a un grupo de traficantes, que legalmente se dedicaban a la compra y venta de vehículos, descubrieron que tenían contactos con el subinspector y un caporal. Este último explicó que tenía algunos contactos con ellos como confidentes, pero lo que les pareció extraño es que el policía daba más información a los confidentes que a la inversa. Además, los traficantes le pedían favores como sacar multas, información sobre vehículos o sobre detenciones. Incluso uno de los sospechosos pidió al subinspector que lo ayudara a entrar en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, cosa que no consiguió.

Durante el macrojuicio, que duró varias semanas, policías nacionales, guardias civiles y mossos de la DAI recrudecieron las acusaciones, mientras que el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y un exresponsable de anticorrupción de la policía catalana defendieron al subinspector de Vilanova y criticaron la investigación judicial.

El tribunal excluyó varias pruebas por vulneración de derechos fundamentales, como varias llamadas telefónicas intervenidas y cacheos domiciliarios. También se anularon las declaraciones que hicieron varios detenidos en comisaría, porque las detenciones duraron más de las 72 horas legales, se les mantuvo incomunicados y declararon sin conocer ninguna acusación concreta. Por último, los magistrados anularon la declaración que un testigo protegido hizo durante la instrucción de la causa. El hombre cayó en contradicciones y durante la vista oral del juicio no quiso volver a declarar.