Barcelona estudiará cómo limitar las iniciativas ciudadanas para evitar que se anulen entre sí dos sobre el mismo tema

ERC quiere evitar que las iniciativas ciudadanas presentadas en función del Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona –aprobado en mayo de 2022- mueran fácilmente en la orilla, como ha sucedido con dos en los últimos tiempos. Es decir, los republicanos quieren que el reglamento cambie para impedir que cuando una iniciativa determinada es presentada pueda ser contrarrestada de inmediato por sus detractores por la vía de presentar otra en sentido contrario. Algo que ha pasado en el caso de la ordenanza de terrazas y del cambio de nombre del barrio de Navas.

Por ello, la concejala de ERC Rosa Suriñach ha presentado este miércoles en la Comisión de Presidencia del consistorio una propuesta de modificación de las normas, que ha sido aprobada con el voto favorable de los propios republicanos, el PSC, Junts y Barcelona en Comú, la abstención del PP y el voto contrario de Vox.

Los republicanos no han logrado de entrada que la limitación se amplíe a todas las iniciativas, pero han recorrido medio camino, gracias a una transacción con el PSC. El texto pactado indica que se activará una disposición del reglamento que prevé que en tres años se revisen el número de firmas que se piden, y que cada cuatro años se evalúe el funcionamiento del sistema, y añade: "Será necesario evaluar la manera de limitar -como se hace ya con las consultas- el hecho de que se pueda presentar una iniciativa ciudadana sobre un tema que ya esté siendo tramitado por otra iniciativa ciudadana, aunque se haga por otra vía entre las previstas en el reglamento". En suma, que en principio se abre la puerta a la limitación, aunque habrá que ver cómo y cuándo se concreta.

Los detonantes

Entre las formas previstas de iniciativa ciudadana figuran varias posibilidades: la aprobación de una disposición general, un proceso participativo, una audiencia pública, una consulta ciudadana, la convocatoria de un consejo de barrio. El reglamento prevé que no se pueda celebrar una segunda consulta sobre el mismo tema hasta que pasen dos años, pero no registra limitación para el resto de iniciativas ciudadanas. Y ello ha servido para que se bloqueen dos en los casos citados, las terrazas y Navas. ERC quiere que la limitación se extienda a todas las iniciativas para evitar que las propuestas caigan en saco roto por sistema y se genere así “el desencanto de la ciudadanía y la desafección hacia la política municipal”.

Todo este debate cuenta con un par de detonantes. El 17 de marzo llegó a la comisión municipal de Urbanismo una iniciativa ciudadana de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) que perseguía una nueva ordenanza de terrazas, con la mirada puesta en reducir las que hay en la ciudad. En octubre de 2024, la FAVB presentó 17.865 firmas en el consistorio, recogidas en cuatro meses.

La cifra era suficiente para que el gobierno municipal tuviera que abrir un proceso para tramitar la ordenanza, siempre y cuando la propuesta logrará un apoyo mayoritario entre los grupos municipales. Pero en ese otoño de 2024, el Gremi de Restauració reaccionó rápidamente. Principal y lógico defensor de las terrazas, el gremio anunció que empezaba a recoger firmas para su propia iniciativa ciudadana, favorable a las mesas y sillas que pueblan muchas zonas de la ciudad. A la comisión de marzo, la FAVB llegó con más de 15.000 rúbricas válidas y el Gremi de Restauració, con más de 25.000.

Empate a nada

Ante la situación, el PSC, partido que gobierna Barcelona en solitario, y en minoría, votó en contra de la primera iniciativa debatida, que de hecho solo logró el apoyo de ERC y Barcelona en Comú y en consecuencia decayó. Inmediatamente, Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració, retiró la suya. Empate a nada, debate desactivado, volvemos a la casilla de salida. No habrá nueva ordenanza de terrazas por esta vía.

Algo similar ha sucedido con dos iniciativas ciudadanas, también en sentido contrario, sobre el nombre del barrio de Navas, en Sant Andreu. Por una parte, un grupo de vecinos recogió firmas para una iniciativa que perseguía que el barrio pasara a llamarse Torrent de la Guineu. El asunto prosperó y, en primera instancia, el distrito de Sant Andreu aprobó en marzo de 2025 el cambio de nombre con el voto mayoritario de los grupos: Junts, Barcelona en Comú y ERC votaron a favor, el PSC y el PP se abstuvieron y Vox lo hizo en contra. Solo quedaba llevar la votación al pleno del ayuntamiento. Pero no llegó a incluirse en el orden del día.

Navas o el Torrent de la Guineu

Y si no se incluyó fue porque el gobierno de Jaume Collboni no quiso cerrar así una disputa entre dos grupos de vecinos. Porque otros residentes en Navas, que quieren que el barrio siga llamándose así, presentaron su propia iniciativa ciudadana, en el formato de una consulta ciudadana. Lograron las firmas necesarias, pero en octubre de 2025 se les anularon 600, lo que en principio descartaba la votación. En diciembre, quedó claro que los promotores contaban con las firmas para la consulta, pero entonces el consistorio optó por proponer un proceso participativo en el que consten los vecinos que quieren el cambio y los que no.

ERC entiende que en este caso, como en el de las terrazas, la iniciativa de un grupo de vecinos ha quedado desactivada por una especie de perversión del sistema, ya que las segundas iniciativas que han logrado desactivar las primeras tenían por objetivo bloquear el cambio solicitado. La argumentación del gobierno en estos casos ha sido la de tratar de frenar enfrentamientos vecinales.

Suscríbete para seguir leyendo