La Síndica apuesta por mejorar las inspecciones de edificios para evitar derrumbes mortales como el de la calle Canigó de Badalona

Pese a tratarse de la última moción en el orden del día del Pleno municipal de este lunes en el Ayuntamiento de Badalona, la situación de los vecinos afectados por el derrumbe mortal de la calle Canigó, en febrero de 2024, ha sobrevolado desde el arranque de la sesión plenaria. Los partidos de la oposición han preguntado al Síndic de Badalona, Joan Walter, por qué no ha incluido en el balance anual que ha ofrecido al comienzo del Pleno ninguna referencia a la situación de las aproximadamente 400 familias que aún han de acometer las necesarias obras de rehabilitación: "Asumo que es una carencia mía, los vecinos no se han acercado a mí y yo tendría que haberme acercado a ellos", ha admitido Walter, que se ha comprometido a contactar con el colectivo de afectados.

Han transcurrido ya 26 meses desde el derrumbe, que acabó con la vida de tres vecinos de Badalona, y las obras siguen pendientes. El texto de la moción, presentada por los cuatro partidos de la oposición en Badalona (PSC, ERC, Badalona en Comú y Guanyem) ha sido leído por Alfonso Egea, vecino del número 116 de la calle Ausiàs Marc y coordinador de la Comisión de Afectados de la Illa Canigó: "Algunas familias no pueden hacer frente a estos gastos, lo que impide tirar adelante las obras necesarias y acaba bloqueando la rehabilitación de comunidades enteras".

Recomendaciones de la Síndica

El debate de la moción ha quedado marcado por la reciente emisión de un informe al respecto por parte de la Síndica de Greuges de Catalunya que, en síntesis, avala la actuación de todas las administraciones implicadas en la gestión de la tragedia y posterior crisis habitacional. El informe, avanzado por el 'Diari de Badalona' y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también señala la necesidad de mejorar las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), ya que se da el hecho que el bloque derrumbado había pasado la revisión sin problemas graves apenas dos semanas antes del accidente: "El derrumbe del edificio de la calle Canigó ―se lee en el informe― cuestionó la eficacia de este control visual cuando se trata de construcciones con patologías estructurales ocultas". Por ello, la Síndica apunta a que "se debería valorar incorporar a la inspección pruebas técnicas adicionales" como "medidas de la humedad, revisión estructural con sensores y un control de las instalaciones". En efecto, las ITE consisten en una revisión técnica meramente visual.

Asimismo, la Síndica también recomienda en su informe a los ayuntamientos "censar" las promociones de viviendas que "son especialmente susceptibles de tener patologías" de este tipo, atendiendo a la época o los materiales con que se construyeron. En este sentido, la Síndica señala que "es necesaria la previsión de ayudas económicas específicas vinculadas a la ejecución de los programas de rehabilitación resultantes de las ITE". "Es necesario incentivar a las comunidades con rentas más bajas a hacer las inspecciones, y después a enmendar las deficiencias que se detecten".

Difícil financiación

El gobierno municipal no ha dudado en esgrimir el informe de la Síndica para contrargumentar lo dispuesto por los vecinos y la oposición. La oficina de la defensora de la ciudadanía inició una actuación de oficio para "valorar la intervención de las administraciones competentes", y también recibió "quejas" de algunos de los propietarios afectados referidas a la dificultad que han de enfrentar las comunidades para acometer las obras, con presupuestos que rondan el medio millón de euros por finca. Pese a que el informe menciona que "son los propietarios los que han de cumplir los deberes de uso, conservación y mantenimiento y de rehabilitar las condiciones objetivas de habitabilidad de los edificios", también sostiene que "el mantenimiento y la rehabilitación del parque inmobiliario construido es una cuestión de interés general".

El recorrido de las administraciones para conseguir financiación para los vecinos ha sido, por el momento, infructuoso. La dificultad principal para implementar vías de apoyo financiero recae, sostiene la Síndica, en el hecho que "en la mayoría de edificios no tiene constituidas las comunidades de propietarios porque no disponen de división de propiedad horizontal".

La Síndica atestigua que el Ayuntamiento se reunió con los máximos responsables de vivienda de la Generalitat para explorar la vía de los créditos del Institut Català de Finances (ICF): "El préstamo tiene que ir dirigido a la comunidad de propietarios en su totalidad sin hacer ninguna distinción por entidades" porque además, "el ICF no puede financiar a personas físicas". De todas maneras, apunta el escrito de la Síndica, "las condiciones a las cuales el ICF puede ofrecer préstamos son condiciones también de mercado" ya que, "por ley es una entidad con ánimo de lucro" con obligación de "mantener su solvencia para poder seguir llevando a cabo su actividad".

Una posible salida

El gobierno municipal también ha mantenido conversaciones, asegura la Síndica, con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, que disponen de créditos suscritos con dos entidades financieras: "No encajaron en las condiciones de financiación que las familias afectadas deseaban, ya que tanto la deuda como la garantía de pago recaía sobre la comunidad". El ejecutivo local también contactó con el Consorci Metropolità de l'Habitatge para gestionar ayudas dentro de los programas Next Generation. Resultó "inviable", ya que se trata de ayudas directamente "vinculadas con la sostenibilidad y la eficiencia energética, lo que incrementaba el coste de las obras" y, además, "los propietarios tenían que hacer frente al pago desde el primer momento".

De todas maneras, la Síndica señala una vía a explorar con el ICF: se trata de la realización de un "convenio de cofinanciación", que permitiría al ente "ofrecer la financiación necesaria, con plazos de desembolso largos, sin comisiones y con un tipo de interés reducido" a los afectados.

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