Inspección en los centros de recogida de residuos de L'Hospitalet: los Mossos levantan 24 actas por infracciones

Distintas áreas de los Mossos d'Esquadra, coordinadas con otros cuerpos policiales como Guardia Urbana de L'Hospitalet y la Policía Nacional, han llevado a cabo, durante estos primer trimestre de 2026, un dispositivo específico de inspecciones en centros de recogida de residuos de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Como resultado de las actuaciones, las patrullas han levantado un total de 24 actas por distintas infracciones administrativas, principalmente relacionadas con la gestión irregular de residuos, deficiencias en las medidas de seguridad, carencia de documentación obligatoria e incumplimientos en las condiciones de almacenamiento.

El operativo se enmarca dentro de las labores de prevención y control administrativo y medioambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de gestión de residuos y "detectar posibles actividades irregulares o delictivas asociadas a este ámbito". Durante el dispositivo, los agentes realizaron inspecciones presenciales, verificaciones documentales e identificaciones de personas cuando fue necesario, así como coordinación con otros organismos competentes.

"Este tipo de dispositivos permiten reforzar la prevención de ilícitos penales, especialmente los vinculados a la receptación de material sustraído, así como mejorar la convivencia y el correcto uso del espacio público en entornos sensibles", sostiene la policía catalana.

De hecho, es habitual que se hagan públicas actuaciones policiales en este tipo de negocios por investigaciones vinculadas al robo de cobre u otros materiales. También en L'Hospitalet de Llobregat, en verano de 2025, la Guardia Urbana de la ciudad recuperó un total de 500 kilogramos de cobre robado en uno de estos establecimientos ubicado en la calle Cobalt. Entonces, tras inspeccionar el local, la policía hospitalense precintó el material y abrió una investigación para esclarecer la procedencia del material. Una vez llevadas a cabo las pesquisas pertinentes, la Guardia Urbana pudo confirmar que el material provenía de un robo denunciado por una compañía de telecomunicaciones.

"El Código Penal español define la receptación como la acción de ayudar a lucrarse con efectos provenientes de un delito o recibirlos con conocimiento de su origen ilícito. Establece penas de prisión de seis meses a tres años, así como multas económicas, que pueden aumentar si se hace de forma habitual o con finalidad profesional. Denunciar siempre es la mejor forma de romper la cadena del delito", recordó entonces la policía hospitalense.