El Govern se compromete con Badia del Vallès a incrementar en un millón la ayuda especial para su oxígeno financiero

La independencia de Badia del Vallès en 1994 quedó supeditada a que la Generalitat de Catalunya se responsabilizara de financiar año a año al ayuntamiento con una subvención especial de unos tres millones de euros. Desde el año 2015, esta ayuda estaba congelada y no preveía actualización al Índice de Precios de Consumo (IPC), escenario que ha llevado al límite a un consistorio ya muy condicionado desde sus orígenes financieramente. Cuando Badia celebra su medio siglo de vida y su renacer como ciudad tras la liberalización de su parque de vivienda protegida, el Govern se ha comprometido a incrementar en un millón la ayuda especial en los próximos presupuestos catalanes, que ascenderá a un total de 4,1 millones de euros.

La aportación para oxigenar financieramente al municipio ha cobrado forma en una Comisión Bilateral celebrada este 30 de marzo entre el ayuntamiento vallesano, liderado por el alcalde Josep Martínez (PSC), y el Govern, con una comitiva encabezada por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; la consellera de Feminisme, Eva Menor, también exalcaldesa de Badia; y la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz. La cumbre funciona como gesto simbólico del ejecutivo catalán para poner a Badia al nivel de otras grandes poblaciones catalanas donde ya se han celebrado bilaterales, como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell o Terrassa.

"El incremento de esta subvención es una gran noticia para Badia", subraya el alcalde Martínez, que agradece la implicación de la Conselleria de Presidència i de Joaquim Solé, catedrático de Finanzas Públicas de la Universitat de Barcelona (UB). Solé ha sido el profesional encargado de elaborar altruistamente para Badia un informe técnico que sustancia la fórmula de cálculo y la actualización de la subvención extraordinaria.

"Es muy importante que el municipio cuente con la base sólida de un académico del prestigio del profesor Solé", asegura el alcalde Martínez. El edil cuenta con que la ayuda, que ya constaba en el texto de los presupuestos que Illa retiró, está garantizada en las cuentas catalanas que acaben saliendo adelante. Mientras eso ocurre, confirman fuentes de Presidència, la dotación para la financiación saldrá de los suplementos de crédito extraordinario que se vayan aprobando.

"La Generalitat ha sido históricamente poco consistente con sus propuestas económicas a Badia", lamenta Solé, quien asegura que el municipio es singular "no por tener más necesidades sociales que otros", sino por su "baja base fiscal", es decir, por la limitadísima capacidad del consistorio de disponer recursos propios. Además, Badia es uno de los municipios catalanes de más de 10.000 habitantes con menor renta familiar bruta: 15.259 euros por habitante (Sant Just Desvern, en el otro extremo, registra 30.352 euros por habitante), según datos del Institut Català d'Estadísitca de Catalunya (Idescat).

Pese a su satisfacción, el alcalde Martínez no oculta su deseo de que la subvención "se vaya reduciendo con los años" porque será indicador de que Badia "irá ganando autosuficiencia económica". La ayuda catalana será destinada a las escuelas del municipio, a obras para mejorar las calles y a la actualización de contratos públicos cuyo coste se ha incrementado por la inflación. "El millón extra revertirá en el bienestar de Badia, sobre todo en servicios básicos donde no tenemos capacidad para actuar, como por ejemplo las escuelas públicas", agrega Martínez.

Cesión de una parcela para una nueva residencia

La Comisión Bilateral Badia-Generalitat ha servido también para hacer balance de las actuaciones de retirada del amianto en los edificios residenciales. En 2021, la Generalitat, a través de la Agència de Residus de Catalunya, otorgó al Ayuntamiento de Badia una subvención directa de 4,4 millones de euros destinada a financiar las operaciones de retirada del amianto de los edificios de uso residencial del municipio.

La primera fase, que se desarrolla en la actualidad, consiste en la retirada de galerías y tubos de ventilación en 127 comunidades de vecinos. Por su complejidad se ha prorrogado el plazo de ejecución hasta el 13 de octubre de 2027. Paralelamente, se está definiendo la segunda fase del proyecto que intervendrá en otros 38 edificios. Ambas administraciones se han comprometido a seguir colaborando para culminar la retirada y convertir a Badia del Vallès en la primera ciudad de Europa libre de amianto.

Otro compromiso que ha asumido el Govern cob Badia es el de iniciar los trámites para ceder una parcela para construir una residencia pública para personas mayores, otra histórica reclamación local. Según datos de la Diputació de Barcelona, un 21,84% de la población supera los 65 años, lo que refuerza la urgencia de un equipamiento largamente demandado. Actualmente, el único centro de día público de la ciudad cuenta con 30 plazas, lo que obliga a muchos vecinos a enfrentarse a esperas de hasta tres años. "Este espacio ya no es suficiente", reconocía a este diario el alcalde Martínez.

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