Pugna por el gran contrato de agua del área de Barcelona: estos son los factores que decidirán la empresa adjudicataria

La licitación del gran contrato de agua de 1.000 millones para ocho municipios del área metropolitana de Barcelona entra en su fase definitiva. Este 27 de marzo termina el plazo para que las empresas candidatas presenten su oferta para obtener la concesión. Algunas postulantes son ya conocidas, como es el caso de Veolia, Aqualia o Global Omnium. La concesión aspira a poner fin a la anómala situación con contratas caducadas desde años atrás en la que se hallan Sant Cugat del Vallès; Cervelló; Corbera de Llobregat; La Palma de Cervelló; Tiana; Sant Andreu de la Barca; Molins de Rei; y Ripollet.

Las empresas competirán en un concurso público con exigentes condiciones como acreditar un volumen de negocio en el mejor ejercicio de los tres últimos años de 56,2 millones de euros. O presentar una atractiva oferta económica de los precios de inversiones, factor que representará casi un cuarto del total de 100 puntos en juego repartidos en dos bloques sometidos a evaluación: uno con criterios a través de juicio de valor y otro mediante fórmulas automatizadas, según se desprende del pliego de cláusulas jurídicas, económicas y administrativas de la licitación.

Las ofertas serán evaluadas por la mesa de contratación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la administración pública que licita y que percibirá 2 millones de euros de un cánon anual por parte de la adjudicataria. El bloque de criterios evaluables mediante fórmulas será el mayoritario: supondrá hasta 51 puntos de los 100 en juego en el concurso. Los contenidos que más ponderan en este apartado serán las ofertas económica de baja de las empresas en los precios unitarios de las inversiones (24 puntos); el coste financiero de los activos pendientes de amortizar (10 puntos); y gastos generales y beneficio industrial previstos (6 puntos).

Los otros 49 dependerán de los denominados criterios mediante juicio de valor. Este bloque prioriza el plan de explotación de servicios (23 puntos) —control de calidad del agua o mejora del balance hidráulico—; el proyecto de organización y gestión del servicio —tareas de mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua— (15 puntos); y la estructura organizativa del personal del servicio (8 puntos).

La documentación de las ofertas para acreditar estas puntuaciones deberá repartirse en tres sobres. El sobre A incluirá documentación general, como el documento europeo único de contratación o una declaración de sumisión a los tribunales españoles. En un segundo sobre, el B, irá toda la documentación vinculada a los criterios evaluables por un juicio de valor. Y será el sobre C el que incluya toda la oferta económica y demás documentos que se estudiarán de manera automatizada.

La composición de la mesa de contratación

Previamente a la documentación de las ofertas, las licitadoras deberán acreditar unas condiciones mínimas técnicas y de solvencia. Por ejemplo, deberán probar que el volumen anual de negocios en el mejor ejercicio de los tres últimos finalizados es de al menos 56,2 millones de euros, el equivalente a una vez y media el valor anual medio del contrato calculado al dividir el valor estimado del contrato por el plazo de 25 años, incluida la prórroga prevista. También deberán cumplir uno de los dos supuestos siguientes: haber prestado servicio en un municipio de más de 90.000 habitantes los últimos tres años o en dos de más de 45.000 habiitantes en ese mismo plazo.

Las ofertas serán estudiadas por una mesa de contratación metropolitana cuya composición también queda tasada en los pliegos de la licitación. El presidente del será Miquel Comino (PSC), consejero metropolitano delegado de Vivienda del AMB y alcalde de Sant Vicenç dels Horts, y en su ausencia lo relevaría Antonio Balmón (PSC), vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat. El órgano se completará con tres vocales: un secretario, Juan Antonio Pérez; una interventora, Silvia Rodríguez; y un vocal, Xavier Herranz. También estará presente en calidad de secretaria Gemma Rodríguez, coordinadora general de los Servicios de Contratación del AMB.

El contrato que formalicen AMB y empresa concesionaria dispondrá también de un régimen de penalidades por incumplimientos. Que podrán ser leves (penalización entre el 0% y el 1% de los ingresos obtenidos por la empresa en su último ejercicio); graves (entre el 1% y 2%); y muy graves (entre el 2% y 4%). Entre los incumplimientos muy graves se sitúan la falsificación de documentación; la desobediencia a órdenes urgentes del AMB; o el retraso injustificado en la presentación de documentos al AMB.

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