Albiol responde a las críticas de Fiscalía: le atribuye "voluntad coordinada" y defiende la legalidad del desalojo del B9

La postura crítica de la Fiscalía con el desalojo del viejo instituto B9 de Badalona liderado por el alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) "parece responder a una voluntad coordinada de no reconocer la realidad acreditada". Este es el tenor literal con el que un comunicado del Gobierno municipal de Badalona replica al escrito del Ministerio Fiscal que concluye que Albiol incumplió la orden judicial para efectuar la desocupación de cientos de migrantes en el inmueble de titularidad municipal.

El ejecutivo local defiende la legalidad de la actuación aludiendo a una reciente resolución judicial del 20 de febrero, que "indicaba expresamente que la autorización para la desocupación no condicionaba el desalojo a la concesión de una alternativa habitacional", insiste el comunicado municipal. Pese a ello, Fiscalía entiende que el consistorio no cumplió con la resolución previa de desalojo porque "no se llevó a cabo" la metodología para casos de desalojos de personas sin hogar.

Los cientos de migrantes desocupados "se quedaron en situación de calle a pesar de las inclemencias del tiempo, primero en las inmediaciones del edificio y posteriormente bajo el puente de la carretera C-31, sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio municipal", lamenta el escrito del Ministerio Público.

Estas conclusiones son las que llevan al gobierno de Badalona a mostrar una "gran sorpresa" ante el escrito de Fiscalía: "Contradice tanto los hechos como la documentación que consta en el procedimiento", rubrica el comunicado municipal.

El ejecutivo local se refiere a un informe remitido a la jueza que decretó el desalojo, el cual admite que 55 personas consideradas vulnerables por la comisión técnica conjunta entre la Generalitat y el Ayuntamiento "han sido derivadas a recursos habitacionales". El gobierno indica que el citado informe incluye también las actuaciones realizadas con la resta de ocupantes, tanto después como antes del desalojo, "incluyendo todas aquellas personas que solicitaron seguimiento por parte de Servicios Sociales".

El tenor literal del auto de desalojo del B9

El escrito de Fiscalía ha llegado después de que en enero trascendiera la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos del desalojo del B9 tras diversas denuncias penales contra Albiol, entre ellas una firmada por el eurodiputado Jaume Asens (Comuns). Las diligencias de investigación solicitadas van desde un requerimiento al Ayuntamiento de Badalona sobre las actuaciones realizadas para cumplir con las exigencias del auto del desalojo, hasta un requerimiento de los informes de Servicios Sociales sobre las actuaciones posteriores a la desocupación, pasando por la citación como testigo a un periodista de 'La Directa', medio que publicó unas controvertidas declaraciones de Albiol a un grupo de vecinos contrarios al realojamiento de los migrantes.

En diciembre, de hecho, el Ministerio Fiscal ya exigió explicaciones sobre la protección que el consistorio badalonés ofreció a los desalojados. Esa información fue solicitada al juzgado contencioso-administrativo que dio luz verde a la desocupación. En el auto de desalojo, la jueza señalaba que el operativo se debía efectuar "siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales a los efectos de prestarles la atención del programa de atención social", y "remitiendo informe de lo actuado" a este respecto. En la notificación constaba que "no hay presencia de niños y mujeres permanente en el recinto".

El escrito de la magistrada cita informes del equipo de detección y atención a las personas en situación de sinhogarismo municipal fechados el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de octubre de 2025. Y señala que "deberán implementarse tal y como se recogen en el mismo". En estos escritos se concluye que "en el momento del lanzamiento y salida del bien inmueble, se activará un dispositivo municipal para atender a aquellas personas que hagan una demanda social concreta".

Suscríbete para seguir leyendo