La Fiscalía concluye que Albiol incumplió la orden judicial para el desalojo del instituto B9 de Badalona

Después de abrir diligencias de investigación el pasado mes de enero, la Fiscalía sigue cercando al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP), por el desalojo de cientos de migrantes del antiguo instituto municipal B9. En esta ocasión, un escrito remitido por el Ministerio Fiscal a un juez de lo contencioso-administrativo concluye que el Ayuntamiento liderado por el edil popular incumplió la orden judicial para la desocupación del inmueble.

"No puede entenderse cumplido el auto dictado por este juzgado en fecha 4-12-2025 en sus propios términos", sintetiza la Fiscalía después de afirmar que el consistorio no llevó a cabo su propia metodología al no ofrecer apoyo y seguimiento a los migrantes desalojados "en situación de vulnerabilidad y emergencia habitacional".

"La gran mayoría de ellas", prosigue el texto, "se quedaron en situación de calle a pesar de las inclemencias del tiempo, primero en las inmediaciones del edificio y posteriormente bajo el puente de la carretera C-31, sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio municipal", rubrica el documento avanzado por 'El País' y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La Fiscalía también llega a la conclusión de que el Ayuntamiento de Badalona "carece" de protocolo de atención a las personas sin hogar de los Servicios Sociales municipales. Se debe a que un informe remitido por el consistorio no convence a la fiscal: "Se aporta un informe donde en síntesis se indica que carece de tal protocolo, añadiendo al mismo que no estarían obligados por la legislación vigente en la materia, pero que utilizan una metodología para las situaciones de personas sin hogar". Metodología que, a ojos del Ministerio Fiscal, "no se llevó a cabo" en el desalojo del B9.

El tenor literal del auto de desalojo del B9

Este posicionamiento de Fiscalía llega después de que en enero trascendiera la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos del desalojo del B9 tras diversas denuncias penales contra Albiol, entre ellas una firmada por el eurodiputado Jaume Asens (Comuns).

Las diligencias de investigación solicitadas van desde un requerimiento al Ayuntamiento de Badalona sobre las actuaciones realizadas para cumplir con las exigencias del auto del desalojo, hasta un requerimiento de los informes de Servicios Sociales sobre las actuaciones posteriores a la desocupación. Pasando por la citación como testigo a un periodista de 'La Directa', medio que publicó unas controvertidas declaraciones de Albiol a un grupo de vecinos contrarios al realojamiento de los migrantes.

En diciembre, de hecho, el Ministerio Fiscal ya exigió explicaciones sobre la protección que el consistorio badalonés ofreció a los desalojados. Esa información fue solicitada al juzgado contencioso-administrativo que dio luz verde a la desocupación. En el auto de desalojo, la jueza señalaba que el operativo se debía efectuar "siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales a los efectos de prestarles la atención del programa de atención social", y "remitiendo informe de lo actuado" a este respecto. En la notificación constaba que "no hay presencia de niños y mujeres permanente en el recinto".

El escrito de la magistrada cita informes del equipo de detección y atención a las personas en situación de sinhogarismo municipal fechados el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de octubre de 2025. Y señala que "deberán implementarse tal y como se recogen en el mismo". En estos escritos se concluye que "en el momento del lanzamiento y salida del bien inmueble, se activará un dispositivo municipal para atender a aquellas personas que hagan una demanda social concreta".

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