Suspendidos de empleo y sueldo dos policías locales de Montornès que apoyaron a las mujeres que denunciaron a un sargento por acoso

El caso sobre el presunto acoso laboral en la Policía Local de Montornès del Vallès, que según las denuncias se remonta a 2019, incorpora ahora otro frente además de la presión política. Dos agentes que se posicionaron en apoyo de las dos mujeres agentes que denunciaron al sargento que estaba al mando en el momento de los hechos también han sido expedientados y suspendidos de empleo y sueldo, según ha confirmado EL PERIÓDICO y denuncian además fuentes sindicales de SIP-FEPOL, que interpretan estas medidas como un “castigo”.

Este nuevo episodio llega después de que la Audiencia de Barcelona ordenara reabrir la causa judicial contra ese mando policial al considerar “prematura” la decisión de archivo acordada previamente por un juzgado de Granollers. La investigación se originó a raíz de una querella presentada en 2024 por una cabo que denunció un presunto acoso laboral continuado y varios episodios de contenido sexual. Aunque en un primer momento el caso fue archivado porque el juzgado consideró que algunos comentarios eran solo “desafortunados”, la Audiencia aprecia ahora que existen indicios de que, al menos, “se habrían producido actos atentatorios contra la integridad moral cuyo alcance no podemos minimizar”. A juicio del tribunal, “no podemos soslayar que las acciones objeto de la causa se podrían haber producido en una relación funcionarial y jerarquizada”.

Según las fuentes cercanas al caso consultadas, en 2021 cinco agentes —entre ellos, las dos mujeres que denunciaron al sargento— acudieron a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Montornès para alertar de una situación de acoso continuado. De ese primer grupo de policías que dio un paso al frente para denunciar los hechos o reclamar una investigación interna, cuatro acabaron siendo objeto de expedientes disciplinarios, confirma a este diario uno de los agentes afectados, que pide preservar su anonimato.

Entre las personas expedientadas figuran las dos denunciantes y dos agentes que les brindaron apoyo. Siempre según estas fuentes, una de las mujeres fue sancionada con un año y medio de suspensión de empleo y sueldo. La otra fue castigada con un mes de suspensión en un expediente disciplinario abierto por otro sargento. Otro agente también fue sancionado con un mes, aunque inicialmente se planteó para él una sanción de hasta un año por una supuesta “desobediencia”, que finalmente quedó rebajada a una falta por insubordinación o falta de respeto. Además, otro de los policías fue castigado con dos años y medio de suspensión de empleo y sueldo por una supuesta segunda actividad profesional, una sanción que recurrió judicialmente y que, por el momento, ha sido confirmada por los tribunales.

Presiones de la estructura policial

En este contexto, los agentes afectados interpretan los expedientes como una "represalia", aseguran, por haber dado un paso al frente. Según su relato, lejos de activarse mecanismos de protección o medidas cautelares mientras se esclarecían los hechos, la respuesta institucional fue desestimar su versión y abrir posteriormente un expediente sancionador en su contra.

Ese mismo policía sostiene que, tras denunciar internamente lo que consideraba "malas prácticas" y el trato dispensado a varias compañeras, comenzó a recibir "presiones" dentro de la estructura policial. En su testimonio, asegura que algunos superiores llegaron a trasladarle que las órdenes “venían de arriba” y enmarca su sanción en una dinámica de "persecución" contra quienes cuestionaban a la cúpula del cuerpo.

Desde el sindicato SIP-FEPOL sostienen que no se trata de episodios aislados, sino de un patrón de actuación. El sindicato asegura que varios agentes que respaldaron a las denunciantes o participaron en iniciativas sindicales y administrativas para poner los hechos en conocimiento del Ayuntamiento han sido expedientados, apartados o investigados internamente. También señalan que otros compañeros, aunque finalmente no fueron sancionados, habrían sido objeto de actuaciones reservadas o indagaciones internas que acabaron apartándolos del conflicto "por miedo a sufrir consecuencias profesionales", explican los policías.

Las fuentes consultadas vinculan estas actuaciones con el clima interno existente desde hace años en la comisaría, donde, según su versión, se habría consolidado una “cultura de silenciamiento frente a determinadas conductas” que ya consta en denuncias y recursos presentados por la vía administrativa y judicial. Un aspecto que preocupa a los agentes es que, según explican, el Ayuntamiento habría "rechazado escuchar al sindicato" en varias ocasiones. Las mismas fuentes sostienen que intentaron "frustradamente" abrir canales de diálogo con la alcaldía y con responsables municipales para abordar el concflicto.

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