La oposición de Montornès carga en bloque contra el gobierno municipal por el presunto acoso en la Policía Local

El presunto caso de acoso laboral en la Policía Local de Montornès del Vallès por parte del sargento F. J. M. R. a una agente, cuya querella ha motivado una investigación penal de la Audiencia Provincial de Barcelona tal y como avanzó EL PERIÓDICO, ha abierto un intenso conflicto político en el municipio. Mientras la policía que denunció los hechos continúa suspendida de empleo y sueldo, se han elevado las críticas al ejecutivo local liderado por los Comuns por su gestión del caso, la falta de medidas de protección y una respuesta municipal que culpa explícitamente a la denunciante. En la oposición de Montornès están PSC (4), Fem Montornès (3), PP (2) y ERC (1). Este último, de hecho, rompió el pacto de gobierno con los Comuns en noviembre de 2025, saliendo del ejectuivo local el que era hasta entonces teniente de Alcaldía de Seguridad y quien ha declinado hacer declaraciones. Consultados por este diario, tampoco responsables nacionales de Catalunya en Comú han accedido a pronunciarse sobre la gestión de una de sus alcaldías, liderada por José Antonio Montero, ya que "es un tema judicializado".

El conflicto se inició en 2019, cuando cinco agentes de la Policía Local, entre ellos las dos mujeres, denunciaron comentarios sexistas y humillantes por parte del sargento de la Policía Local, F. J. M. a la comisión de investigación del Ayuntamiento. Según la denuncia, los comentarios eran intimidatorios, sexistas y estuvieron vinculados a amenazas sobre la asignación de horas extras y cambios de turno.

A raíz de estos hechos, en 2024, una de las agentes presentó una querella contra el sargento en el momento de los hechos en funciones por acoso laboral continuado y presuntos episodios de contenido sexual. No obstante, el caso fue archivado en 2025 por un juez de Granollers, quien consideró que los comentarios fueron "desafortunados". Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto el caso este 2026, considerando que existen indicios de delito. La Audiencia no duda en subrayar que las "actitudes sexistas y misóginas" no deben ser toleradas en el ámbito laboral, especialmente en una institución jerárquica como la Policía Local.

La portavoz del PSC de Montornès, Eva Díaz, ha expresado su alarma ante la falta de medidas cautelares y la opacidad del Ayuntamiento respecto a la información sobre el caso. Díaz señalala que las agentes "no han recibido protección efectiva" y ha pedido que la Justicia actúe con rapidez para esclarecer los hechos.

Desde el PP, Miguel Alvarado acusa al ejecutivo local de "abandonar" a las agentes afectadas. Alvarado ha señalado que las agentes "viven con miedo" y que el consistorio "ha perdido el control", debido a la falta de acción por parte de los responsables municipales. También ha criticado la falta de transparencia, destacando que sus peticiones para reunirse con el alcalde y el jefe de la Policía Local han sido denegadas. Por otro lado, también Fran Sánchez, del grupo Fem Montornès, señala que el Ayuntamiento ha utilizado los expedientes disciplinarios como "herramienta para sancionar a los profesionales", no solo en la Policía Local, sino también en otros sectores. Sánchez también critica la falta de respuesta a las solicitudes de un estudio de riesgos psicosociales en la Policía Local, solicitado en 2023 y aún no completado.

Tras la polémica respuesta del Ayuntamiento, los socialistas aseguran estar "sorprendidos" por la diferencia de trato hacia trabajadores y trabajadoras en función de su grado de afinidad con el ejecutivo municipal, una situación que, según remarcan, genera dudas sobre la imparcialidad en la gestión del Ayuntamiento. Además consideran "inapropidado que el Ayuntamiento se haya posicionado de parte en una situación que requiere prudencia, neutralidad insititucional y respeto escrupuloso en procesos en curso".

Un comunicado "contradictorio"

En ese mismo pronunciamiento, el PSC considera especialmente "contradictorio" que un Ayuntamiento que se define como feminista haya hecho “oídos sordos” ante una acusación de hechos “absolutamente machistas” que, según subrayan, no deberían admitirse en ningún contexto. Con ello, los socialistas sitúan el foco no solo en el presunto acoso denunciado, sino en la respuesta política e institucional que ha seguido al caso.

Fem Montornès ha cargado con dureza contra el comunicado emitido por el consistorio y ha acusado al gobierno municipal de difundir “falsedades o medias verdades”. La formación rechaza que el Ayuntamiento pueda alegar desconocimiento de los hechos y recuerda que tuvo constancia formal de la denuncia ya en noviembre de 2022, cuando los delegados sindicales presentaron un escrito ante el Comité de Seguridad y Salud. También subraya que meses después se creó una comisión interna y que esa comisión recomendó derivar el caso a un órgano externo.

El grupo municipal cuestiona además que el consistorio sostenga que no conocía el contenido de las resoluciones judiciales mientras, al mismo tiempo, estaría sufragando la defensa de los acusados. A juicio de Fem Montornès, el gobierno local ha utilizado reiteradamente el argumento del desconocimiento para evitar dar explicaciones a la oposición.

Otro de los puntos centrales de su crítica es el rechazo a la versión municipal de que no existe un “frente disciplinario” contra quienes denunciaron los hechos. Según la formación, todos los agentes que pusieron estas conductas en conocimiento de los canales internos han sido objeto posteriormente de expedientes de información reservada y varios han acabado sancionados. En ese sentido, vinculan directamente la apertura de expedientes con una "dinámica de represalia".

Por ello, Fem Montornès exige la anulación inmediata de la sanción impuesta a la cabo denunciante, la suspensión cautelar del sargento investigado mientras siga abierta la causa penal y la asunción de responsabilidades políticas. La formación considera especialmente grave que un gobierno que se define como de izquierdas y feminista "no haya condenado públicamente las conductas denunciadas" y, además, haya terminado, a su juicio, reproduciendo "dinámicas de castigo contra las mujeres que dieron el paso de denunciarlas".

Las críticas se han sumado a las ya expresadas por sindicatos y grupos de la oposición, que han cuestionado la "falta de transparencia" del consistorio, los retrasos en la activación de mecanismos externos y la ausencia de medidas efectivas de protección hacia las agentes. Desde el entorno sindical también han denunciado que las quejas internas y las denuncias por acoso han acabado derivando en "represalias" contra quienes las formularon. Con la causa todavía abierta en los tribunales, el caso se ha convertido en el principal foco de tensión política en Montornès desde hace años.

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