El TSJC avala que Sant Adrià limite la apertura de pisos turísticos por “razones de interés general”

La Generalitat contabiliza 294 pisos turísticos en Sant Adrià de Besòs, a las puertas de Barcelona. La ciudad vecina de la capital experimentó un crecimiento repentino de los apartamentos alquilados por días a raíz de la pandemia, con 57 avisos por aperturas en 2022 y 72 más en 2023, que llevaron a que el registro de viviendas destinadas a uso turístico rebasaran las 300 en un breve período de tiempo. Ante el rápido crecimiento avivado por la vecindad con Barcelona y el malestar que despuntó al proliferar en algún punto del municipio, el Ayuntamiento de Sant Adrià aprobó una regulación para restringir nuevos pisos turísticos en 2023. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) apeló contra la norma al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ahora ha resuelto que a la localidad metropolitana le amparan motivos para poner coto a los domicilios para viajeros.

La sentencia, dictada el pasado febrero, concluye que “en Sant Adrià de Besòs concurren razones de interés general” para limitar el crecimiento de apartamentos turísticos. En el contencioso, Apartur ha sostenido que la modificación del Plan General Metropolitano promovida por el consistorio y ratificada por la comisión de urbanismo de la Generalitat para regular los hogares para alojamientos breves debe declararse nula de pleno derecho. En su opinión, no se justifica por razones de interés general y resulta desproporcionada.

Por el contrario, el TSJC afirma que “la protección del entorno urbano y el medio ambiente” en Sant Adrià “justifican la planificación” del ayuntamiento. Aun más, considera que las disposiciones “no son discriminatorias” y “son proporcionadas”. Además, sostiene que “cumplen con el llamado triple test”, al apreciar que los objetivos de “derecho a la vivienda, preservación del espacio, reducción de la presión turística, desarrollo sostenible” y otros que la norma alega “encajan perfectamente en las razones imperiosas de interés general”. La resolución no es firme y Apartur responde que interpondrá un recurso de casación.

Domicilios frente a negocio

Por su parte, el consistorio observa que el fallo “respalda que la vivienda sea para vivir y no para hacer negocio”, interpreta el teniente de alcalde de Territorio, José A. Gras. “Nos reafirma en que planificamos en la dirección correcta”, postula.

A la espera del darles el veto definitivo en 2028, Sant Adrià no prohíbe los pisos turísticos, sino que estipula que los nuevos solo se pueden establecer en calles con una anchura de al menos ocho metros. Además, impone una separación igual o superior a 50 metros entre las porterías de los edificios con apartamentos y no más del 20% de los hogares de una misma escalera puede destinarse a turistas, entre otros requisitos. Con esas reglas, las aperturas de domicilios turísticos bajaron a 11 en 2024 -se registraron también 11 bajas aquel año- y ocho entre enero y noviembre de 2025.

La regulación en la población no permite el cambio de titularidad de licencias de viviendas de uso turístico existentes que no se ciñan a las condiciones vigentes para implantarse en Sant Adrià. Apartur lo impugnó, al considerar que vulnera el principio de trasmisión de propiedades. Por el contrario, el TSJC infiere que se ajusta a la ley.

Aproximadamente en el último año, Sant Adrià ha clausurado 10 pisos turísticos ilegales. En el mismo periodo, ha concedido audiencia previa al cierre a otra decena de apartamentos irregulares. En los últimos meses, se han inspeccionado cerca de una veintena de domicilios para turistas, de los cuales seis no constaban como legalizados.

Al margen de otras en trámite, se han impuesto una decena de sanciones desde 2025. “Hay de todo, normalmente son por molestias a los vecinos, pero también las hay por pisos que se habían ilegalizado y seguían ejerciendo”, explica Gras.

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