Barcelona afirma que solo ha obtenido 34 pisos sociales con la reserva del 30% desde 2018

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que solo ha obtenido 34 pisos de protección oficial desde que la reserva del 30% para vivienda social en nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones se aprobó en diciembre de 2028. “Vamos ganando nuevos pisos poco a poco, pero no en la medida que quisiéramos”, ha expresado la teniente de alcalde Laia Bonet (PSC), en una comparecencia a petición de Barcelona en Comú en la comisión municipal de Urbanismo.

La socialista ha sostenido que quizá la cantidad sería superior “si la norma se hubiera podido modificar”. Se trata de una de las medidas estrella de la alcaldía de Ada Colau. El PSC ha intentado mantener la regla del 30% revisándola, tratando de alcanzar un acuerdo con Junts, que no ha prosperado por ahora.

Por su parte, la concejala Lucía Martín (BComú) ha acusado al ejecutivo del alcalde Jaume Collboni de pretender “desactivar” la norma. Ha recriminado una voluntad que ha considerado expresa por parte del ejecutivo del PSC para “no poner multas millonarias”, entre 90.000 y 900.000 euros por incumplimiento de la reserva. Los Comuns lo han juzgado una actitud “negligente, contraria a las recomendaciones de los servicios técnicos”. Han dejado abierta la opción de recurrirlo a instancias judiciales.

Bonet ha desmentido omisiones con el 30%. “No estamos ante una situación de inacción”, ha rebatido. La teniente ha indicado que, desde 2022, se han abierto unos 2.500 procedimientos por obras sin licencia y se han impuesto “más de 830 multas” por casos en que no se realizaron los trámites correspondientes para obtener el permiso. Bonet ha recalcado que la petición de permiso de obras es imprescindible de acuerdo a la norma para comprobar si un promotor trata de eludir la reserva de domicilios que tiene que ceder a la administración.

Construcción sin permiso

“Es necesario que exista una licencia de gran rehabilitación y, en algunos casos, los operadores no piden licencia y ejecutan obras de forma ilegal”, ha explicado Bonet. En ese supuesto, la socialista ha dicho que no es posible aplicar las previsiones de la norma del 30% “porque no hay solicitud de licencia”. Ha añadido que, en ese caso, se intentan legalizar las obras, “imponiendo multas coercitivas hasta que no se regulariza la licencia”.

Bonet ha puesto como ejemplo que el ayuntamiento ha sancionado con un importe superior a los 20.000 euros al promotor New Amsterdam, por un inmueble en el número 14 de la calle Sant Agustí, en el barrio de Gràcia. “Seguiremos imponiendo multas hasta que los promotores presenten lo que no han presentado, una solicitud de licencia para legalizar las obras que nos permitirá ver si se aplica o no el 30%”, ha manifestado la teniente.

Martín ha replicado que “ninguno de los expedientes abiertos por el ayuntamiento han acabado con una sanción importante”. La edila de los Comuns ha recriminado un “régimen de impunidad con los incumplimientos del 30%”. “El objetivo del 30% no es sancionar, sino generar vivienda de protección”, ha respondido Bonet, que ha blandido que la reserva “no está generando los resultados que se predijeron”: “La cifra de 34 viviendas es suficientemente clara y nadie puede estar satisfecho, ni los que votaron a favor ni los que lo hicieron en contra, por eso se quiso modificar para hacerla más eficiente”.

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