Barcelona realojará a la mitad de los ocupantes de fincas municipales de Vallcarca tras la mediación del Síndic

Paso adelante controvertido para desencallar el conflicto urbanístico del barrio de Vallcarca. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha mediado durante medio año con los vecinos que ocupan tres fincas municipales pendientes de desalojo y ha acordado con el consistorio realojar a 14 de los 30 afectados en edificios públicos dentro de la misma ciudad.

El síndic, David Bondia, ha declarado este martes a los medios que su equipo censó a 28 de las 30 personas en situación de vulnerabilidad económica y social de las fincas, situadas en la calle Farigola número 3 y la avenida Vallcarca número 83 y 87 bis. A continuación, las priorizó para encontrarles una solución adecuada. Y finalmente, ha conseguido 28 alternativas habitacionales, aunque "solo han aceptado 14". En octubre de 2025 el alcalde, Jaume Collboni, pidió explícitamente a Bondia que mediara entre vecinos y consistorio para encontrar una solución dialogada y los seis meses de conversaciones han permitido encarrilar la reubicación de tres hogares.

Concretamente, las 14 personas se dividen en tres núcleos familiares. Uno formado por 5 personas irá a vivir al barrio de Torre Baró; otro de 3 personas se mudará al barrio Gòtic; y un último de 6 personas se trasladará a la Casa Orsola del Eixample. Esta será la primera familia vulnerable que se instale en esta última finca, que compró el Ayuntamiento junto a la fundación Hàbitat3 hace un año para evitar el polémico desalojo de sus vecinos.

Con este acuerdo, el Sindic ha dado por acabada la mediación, de la que ha destacado la "transcendencia". Bondia ha valorado "de forma positiva" que se hayan encontrado en la ciudad de Barcelona 28 soluciones habitacionales para las 28 personas censadas, algunas sin NIE. Han buscado y ofrecido "todo lo que se ha podido", ha dicho, y ha lamentado que no haya sido en Vallcarca mismo porque la disponibilidad de pisos en este barrio "no es para el perfil de las personas que se encuentran en esta situación".

Acompañamiento de entidades gitanas

Sobre las 14 personas que no han aceptado el nuevo hogar que se les ofrecía, entre ellos cuatro menores, el Síndic ha señalado que no pierde la esperanza de que acaben admitiendo algún realojamiento. Continuarán siendo acompañadas por los servicios sociales y por el Secretariado Gitano y la Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya, que ya lo hacían antes del proceso de mediación. Forman parte de la comunidad que residía en un campamento de barracas desalojado el año pasado y a la que puso rostro el pequeño Ellis, de solo 11 años.

Respecto a las dos personas censadas en los edificios de propiedad municipal de Vallcarca a las que no se ha ofrecido una solución habitacional, el Síndic ha explicado que "no se han quedado fuera de entrada", sino que no entraban en los criterios del encargo, que era buscar soluciones a personas que estuvieran en situación de vulnerabilidad económica y social.

El desalojo sigue en pie

En otra convocatoria de prensa, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha defendido que la mediación ha sido "ejemplar" y "muy positiva" para combatir una situación que ha tachado de infravivienda. En cuanto a las 14 personas que no se han acogido a la alternativa habitacional, ha declarado que las ofertas seguirán en pie, pero que el consistorio tiene "la responsabilidad de seguir con el procedimiento de recuperación de oficio de las fincas". Ha añadido que próximamente abrirán la mesa para debatir la modificación del plan urbanístico del barrio para que haya más vivienda dotacional, en la que era otra de las peticiones de los vecinos.

Por su parte, la abogada de Som Barri y de las personas afectadas, Ester Murillo, ha criticado el acuerdo, ya que a su juicio los realojos se han producido "siempre fuera del barrio y bajo el juego del miedo y las amenazas". "Se les amenazaba con que en cualquier momento podría venir el ayuntamiento y producir el desalojo de la noche a la mañana, quedando en la calle las familias, sus criaturas, y la amenaza de que si pasaba esto no habría ninguna solución habitacional para estas familias", ha asegurado.

En cuanto a las familias que no han sido alojadas, ha lamentado que los rechazos a las ofertas no han sido "arbitrarios ni gratuitos, si no que no dan cumplimiento y satisfacción a sus realidades personales". Pese a ello, ha asegurado que siguen dispuestos a negociar con "quien sea que considere el Ayuntamiento hasta que estén todas las personas afectadas con una alternativa habitacional", a la vez que ha pedido que se constituya la mesa para abordar la modificación del plan urbanístico de Vallcarca.

También ha hablado Carmen, una de las vecinas afectadas que ha rechazado la solución que les ha planteado el Síndic. Es madre de dos hijos y que vive con su marido y sus suegros en una de las fincas de Vallcarca: "Me han ofrecido dos pisos fuera de mi barrio, donde tengo los niños escolarizados desde que llegamos aquí y donde trabajamos cada día con la chatarra". "Estos pisos no sirven con nosotros porque fuera de este barrio no puedo trabajar y los niños están muy integrados en su escuela y no quieren irse a otro barrio", ha relatado.

Disparidad entre la oposición

Varios partidos de la oposición han reaccionado al acuerdo, de forma dispar. Mediar en Vallcarca era una de las contrapartidas que los Comuns pidieron a Collboni en las negociaciones presupuestarias de finales de año. El portavoz municipal de BComú, Marc Serra, ha celebrado el pacto entre la Sindicatura y el ejecutivo socialista y ha urgido al alcalde a ayudar para los 14 vecinos vulnerables restantes.

"Es necesario que el gobierno busque los recursos necesarios para encontrar una solución para estas personas", ha señalado. Es más, ha sostenido que si hay 14 personas que han rechazado las soluciones planteadas es porque no eran las adecuadas a su situación. De este modo, piden "seguir con la suspensión de los procedimientos de desalojo y redoblar los esfuerzos de diálogo para encontrar una solución", así como modificar el planeamiento, a su juicio desfasado porque prevé eliminar vivienda pública en Vallcarca.

En cambio, el mayor partido de la oposición, Junts, no ve con buenos ojos el acuerdo. El partido reprocha al alcalde la solución anunciada por "arbitrariedad, saltarse procedimientos y saltarse el sentido común". Los concejales Joan Rodríguez y Damià Calvet han considerado que este acuerdo supone un agravio comparativo para las familias vulnerables en lista de espera, que se enfrentan a la falta estructural de viviendas de realojamiento.

"Las personas que estaban ocupando edificios en Vallcarca se habían convertido en un problema mediático y por eso ahora tendrán un premio fruto de una mediación del Síndic, que consideramos que ha sido de parte", han declarado este martes. Calvet ha considerado un "juego de los disparates" priorizar a 'ocupas' por encima de familias inscritas en la bolsa oficial de vivienda, así como usar la Casa Orsola, que, según él, también fue una solución dudosa a un problema mediático.

El PP también ha criticado el anuncio en la misma línea. "Los socialistas están enviando un mensaje peligroso: en Barcelona, okupar tiene premio", ha disparado el presidente del grupo municipal, Daniel Sirera. "Mientras miles de familias esperan una vivienda pública, el gobierno de Jaume Collboni facilita un piso a los okupas de Vallcarca en la Casa Orsola. Esto no es justicia social. Es un castigo para quienes cumplen las normas y hacen las cosas bien", ha remachado.

Suscríbete para seguir leyendo