Un millar de viviendas protegidas de Badia explora vías para reactivar la liberalización paralizada por ley

La doble velocidad a la que las viviendas protegidas de Badia del Vallès han pasado al mercado libre ha abierto una fractura entre vecinos. Al punto de que los 1.200 hogares cuya liberalización se ha paralizado por la declaración legal de mercado tensionado buscan ya vías legales para que sus pisos puedan competir en el mercado libre con los de la ciudadanía que sí han dejado de ser protegidos.

Quedó patente el conflicto esta semana en el Casal d’avis de Badia del Vallès, donde una plataforma de afectados por la Vivienda de Protección Oficial (VPO) convocó un acto en el que dos abogadas del colectivo 'Ahora' pusieron sobre la mesa los cauces que estudian para intentar que esas viviendas pierdan definitivamente la calificación de protección oficial. El evento estuvo marcado por la tensión, los reproches y el choque de posiciones. Según las escrituras, los 1.200 pisos debían haber pasado al mercado libre el pasado 6 de febrero, al cumplirse los 50 años de vigencia de su calificación. Sin embargo, un mes después, la liberalización no se ha materializado: la declaración de 271 municipios de Catalunya como zonas tensionadas por parte de la Generalitat ha hecho que esas viviendas mantengan su condición de protegidas.

Una de las opciones de las letradas pasa por acudir al Tribunal Constitucional. Marta de Lucas, de Vosseler Abogados, recordó que la perpetuidad de la calificación como VPO se intentó incorporar en la Ley de Vivienda del 2022, pero esa previsión fue posteriormente tumbada por el Tribunal Constitucional.

La plataforma también explicó haber iniciado una recogida de firmas para trasladar la reclamación al Síndic de Greuges y denunciar la desigualdad que, a su juicio, se ha creado entre vecinos con viviendas que deberían haber seguido el mismo recorrido jurídico. Entre los afectados, el argumento de fondo fue considerar que se les ha "privado" del derecho a vender sus pisos en igualdad de condiciones y, sostuvieron, el valor de la vivienda en Badia ya se sitúa por debajo del de otros municipios catalanes.

La principal queja de los afectados parte de un agravio comparativo que consideran difícil de justificar: propietarios de pisos similares, en un mismo municipio y con una misma historia urbanística, se encuentran ahora en situaciones distintas. “¿Mi vecino es más guapo y por eso el suyo es de mercado libre?”, se preguntó Amalia Frutós, una de las vecinas que ha impulsado la plataforma.

La desigualdad entre vecinos

La tensión no tardó en aflorar durnte el acto. Las letradas ya habían advertido antes del inicio de la sesión: se trataba de un encuentro “peliagudo” y esperaban críticas. La previsión se cumplió. A lo largo del acto hubo acusaciones de “desinformación”, gritos de “mentira” y varios momentos de intensa confrontación entre vecinos con posturas opuestas. Algunos asistentes se levantaron para intervenir en medio del debate y el turno de preguntas acabó convirtiéndose en el termómetro real de la fractura que esta cuestión ha abierto en Badia en apenas unas semanas.

Fue durante ese turno de preguntas cuando intervino el primer teniente de Alcaldía y concejal de Vivienda de Badia, Iván Sanz. El edil explicó que el Ayuntamiento se sitúa a favor de mantener la ley, al considerar que Badia "siempre ha defendido lo público como eje de ciudad". En su intervención, vinculó esa posición a una trayectoria histórica de reivindicación de servicios públicos, como el CAP, las escuelas o la reclamación de una futura residencia pública.

No obstante, Sanz admitió también que el caso de Badia es excepcional y que la aplicación de la norma ha acabado generando una desigualdad evidente entre vecinos con oportunidades que, concluyó, deberían haber sido las mismas. También tomó la palabra el concejal del PP, Jaime Ridao, que defendió la necesidad de luchar por la liberalización de las viviendas y aseguró que su partido trabajará en esa dirección.

El interés va más allá de Badia

En uno de los momentos más significativos del encuentro, y después de varias intervenciones cruzadas, Frutós quiso subrayar que se trataba de un acto impulsado por vecinos afectados y zanjó que no era un espacio pensado para el protagonismo de los partidos políticos.

La sesión del Casal d’avis fue además el primer acto de estas características impulsado por este colectivo de abogados en Catalunya, aunque sus promotores ya han avanzado que quieren llevar esta campaña informativa a otros municipios. No en vano, la problemática ha empezado a despertar interés más allá de Badia: entre los asistentes también hubo vecinos de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat, y del Poblenou, en Barcelona.

Más allá del ruido y de los choques verbales, el acto dejó una conclusión de fondo: el conflicto sobre las VPO en Badia ya no se limita a una discusión jurídica sobre la caducidad de una calificación, sino que ha abierto un debate de ciudad sobre igualdad, propiedad y modelo de vivienda.

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