La ley del Taxi empieza el trámite parlamentario con el rechazo de la enmienda a la totalidad de Vox

El rechazo a la enmienda a la totalidad que ha presentado Vox ha marcado el inicio del trámite parlamentario, este miércoles, de la proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, popularmente conocida como la ley del taxi. La futura normativa contempla eliminar de forma progresiva las licencias de VTC del entorno urbano, de forma que solo puedan operar como Vehículos de Alta Disposición, con un mínimo de dos horas de precontratación.

La primera intervención de los grupos parlamentarios ha servido para comprobar que al menos tres de las cinco formaciones que registraron de forma conjunta el texto en septiembre (PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP) prevén modificarlo mediante enmiendas.

Junts marca distancias

Junts ha sido el grupo que ha marcado más distancias con el actual texto. Pese a votar no a la enmienda a la totalidad de Vox, la diputada Montse Ortiz, ha anunciado que trabajará al lado del sector de los VTC para garantizar la libertad jurídica. "Acompañaremos a los VTC y las 6.000 familias que viven de ellas”, ha asegurado. Asimismo, ha defendido que se exija a todos los conductores un nivel de catalán del B2, superior al B1 que figura en el actual texto.

Sí han defendido plenamente la ley y el papel del taxi tanto PSC como ERC, pero también han considerado que deberán incorporar modificaciones al texto actual para mejorarlo. El diputado del PSC, José Ignacio Aparicio, ha defendido que la ley "dará estabilidad y seguridad al sector", y ha destacado la consideración del taxi como servicio esencial, debido a que opera bajo una regulación que asegura a cobertura a todos los ciudadanos, también cuando no existe rentabilidad económica.

Texto más sólido

Por su parte, el diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, considera que hay que asegurar la calidad del servicio mediante una ley que establece unas normas sobre cómo debe prestarse, y que empezó a gestarse cuando los republicanos estaban en el Govern. Aunque al igual que los socialistas, Elena ha convenido que deberán incluirse modificaciones al texto para asegurar que sea sólido. La ley debería cerrar la guerra abierta desde hace años entre taxis y VTC, algo que por el momento no se vislumbra.

El diputado de Comuns, Lluís Mijoler, ha considerado necesaria la ley para "evitar la precarización de los trabajadores". Mijoler ha subrayado la necesidad de evitar que "las plataformas sean las que regulen de facto el sistema de movilidad". La nueva ley, ha afirmado, permitirá a la vez dar una cobertura efectiva a todo el territorio, también en zonas de baja demanda, e incorporar aspectos como la calidad del aire y la salud pública.

Libertad de elección

El PP ha anunciado su abstención a la enmienda a la totalidad. La diputada Àngels Esteller ha señalado que se debería haber presentado como proyecto de ley para ir acompañado de informes que la sustenten. "La proposición declara el taxi de interés general para restringir a los operadores de VTC, lo que afecta a un sector económico y a la libertad de elección de los ciudadanos", ha expresado.

Andrés Bello, de Vox, ha rechazado todo el contenido de la futura ley. Para el grupo de extrema derecha, el texto "no aporta seguridad jurídica", invade competencias estatales, atenta contra la libre competencia y entra en contradicciones con la normativa europea.

De la misma forma, Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, se ha mostrado en contra de la ley porque expulsará los VTC cuando no se cubre la demanda actual, y no favorecerá la libre competencia.

Respuesta del sector

La posición de Junts al lado de los VTC ha irritado profundamente a Élite Taxi: "Pido que nadie utilice al taxi como arma política, o se meterá un tiro al pie", ha dicho su representante, Tito Álvarez, en alusión a posibles movilizaciones. Aun así, Álvarez se ha mostrado confiado en que la ley salga adelante.

El presidente de Unauto, José Manuel Berzal, ha indicado que la ley carece de rigor jurídico y significará "volver a los años 80 en una ciudad como Barcelona, siempre a la vanguardia de lo tecnológico". Berzal ha defendido que el trámite parlamentario "debe ser largo" para que a través de las enmiendas se asegure la libre competencia, de forma que no se judicialice la ley. "Repercutiría en grandes indemnizaciones que irían a cargo de los ciudadanos, los últimos que pagarían las consecuencias", ha alertado.

La patronal de los propietarios de flotas de VTC ha alertado que están en riesgo 5.000 empleos y ha aportado testimonios de diversas personas que conducen VTC que temen perder su trabajo, todas ellas por encima de los 50 años, que han optado por la profesión ante la dificultad de encontrar otra salida laboral.

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