La dispar liberalización de vivienda protegida en Badia aviva la división ciudadana: "¿Por qué yo sí y mi vecino no?"

“¿Por qué yo sí y mi vecino no?”. La pregunta corre estos días por Badia del Vallès, una ciudad de poco más de 20 kilómetros cuadrados en el área metropolitana de Barcelona que vuelve a enfrentarse a una de esas batallas que han marcado su historia. El motivo es el vencimiento de la protección oficial de todas sus viviendas, un proceso cuyas dos velocidades ha reabierto reabierto un debate de enorme calado social en un municipio construido con urgencia y bajo una lógica completamente excepcional.

Badia del Vallès nació en 1975, en los estertores del franquismo, como una gran operación de vivienda para responder a la falta de pisos asequibles para la clase trabajadora. En apenas un año y medio se levantaron 5.200 viviendas, todas ellas de protección oficial. Era una ciudad hecha a toda velocidad, con carencias, pero también con una función muy definida: alojar a miles de familias trabajadoras que no podían acceder al mercado libre.

En las escrituras de aquellos pisos figuraba que, al cabo de 50 años, esa protección caducaría. La previsión era que, una vez agotado ese plazo, las viviendas dejaran de estar sujetas a limitaciones de precio y pudieran venderse o alquilarse en el mercado libre. Ese momento llegó este 6 de febrero de 2026, cuando expiraba la calificación de las últimas promociones afectadas.

Pero la historia no ha terminado como muchos propietarios pensaban. La declaración de Badia del Vallès como zona de mercado residencial tensionado ha alterado el tablero. A la práctica, alrededor de 1.200 viviendas seguirán siendo públicas por la normativa catalana aplicable, mientras otras 4.156 sí perderán esa condición, tal y como avanzó EL PERIÓDICO. Ahí nace el conflicto: dentro de una misma ciudad, e incluso entre vecinos de una misma comunidad, unos pisos salen al mercado libre y otros no.

Ese agravio comparativo ha encendido precisamente el malestar vecinal. Lo resume Amalia Frutós, una vecina afectada. En su escritura constaba que la vivienda perdería la protección, pero ahora ese horizonte ya no resulta tan claro ni tan homogéneo para todos. “No es justo, iremos hasta el final. Yo firmé unas escrituras y se cumplirán”. Ella, dice, no quiere marcharse de la ciudad ni vender el piso, pero sí asegura “tener el derecho de su piso y no ser menor que sus vecinos”.

Vecinos que quieren seguir siendo VPO

Lo contrario ocurre entre vecinos cuyos pisos sí han quedado libres. Arturo Cortés es uno de ellos, pero quiere que su vivienda siga siendo de protección oficial. “Ya he pedido los papeles en la Generalitat; aquí en Badia todos somos iguales y todos debemos ir hacia la misma dirección”. Así, explica que quiere que su piso siga siendo público, también porque considera que la protección oficial ha configurado el ADN de la ciudad en la que han crecido.

La situación refleja bien el tópico de que nunca llueve a gusto de todos: mientras Amalia, con un piso de protección oficial, desearía que fuera liberado, vecinos como Arturo, con una vivienda de mercado libre, preferirían precisamente estar bajo el régimen de una VPO.

Y no solo Arturo piensa de este modo. La Asociación de Vecinos del municipio se ha posicionado firmemente en contra de que los pisos se liberalicen: quiere que continúen siendo de protección oficial. Su presidente, Juan José Díaz, sostiene que la entidad intentará llegar “hasta el final” para defender un modelo que impida que la ciudad pierda su vocación social. La posición de la asociación choca incluso con parte del descontento vecinal, porque su tesis de fondo no pasa por liberar cuanto antes todas las viviendas, sino por aprovechar este momento para blindar el parque residencial de Badia "frente a la especulación y mantener su función pública", aseguran.

Tres ejes para blindar la vivienda

El planteamiento que defiende la entidad se apoya en tres grandes ejes. El primero es prolongar la protección, ya sea ampliando la duración de la calificación de VPO o recalificando una parte del parque como vivienda social permanente. La idea de fondo es que Badia no puede comportarse como cualquier municipio, porque su parque de vivienda tiene un origen excepcional y una función histórica ligada directamente a la clase trabajadora.

El segundo eje pasa por frenar a los fondos especulativos. La asociación quiere que la Generalitat y el Ayuntamiento ejerzan los mecanismos de tanteo y retracto para realizar compras públicas y mantener el carácter social de los pisos que puedan salir al mercado. Temen que, si no se actúa, una ciudad nacida para alojar a familias obreras acabe convertida poco a poco en un espacio de inversión inmobiliaria ajeno a sus vecinos de toda la vida. Ese temor no es abstracto: la entidad alerta desde hace tiempo del riesgo de que actores especulativos entren en Badia atraídos por unos precios todavía relativamente accesibles y por la posibilidad de revalorizar vivienda.

El tercer frente es rehabilitar para el futuro. El presidente Díaz plantea impulsar programas de rehabilitación y mejora de la accesibilidad que garanticen la calidad del parque a largo plazo. No se trata solo de conservar la protección, sino de evitar que esta se traduzca en deterioro o abandono. La asociación lleva años vinculando la defensa de la vivienda con la mejora material de los edificios: ascensores, fachadas, accesibilidad, eficiencia energética o retirada del amianto forman parte de una misma pelea por la dignidad urbana.

Mucho más que una cuestión legal

Esa posición tiene también una carga simbólica. Badia no es un municipio cualquiera. Es una ciudad que, desde su nacimiento, se acostumbró a conquistar derechos a base de movilización vecinal: escuelas, CAP, transporte, regularización de viviendas y mejoras urbanas. También a negarse a ser solo una ciudad dormitorio. Por eso la asociación insiste en que la discusión actual no va solo de escrituras, plazos legales o valor de mercado. Va de qué ciudad quiere seguir siendo Badia medio siglo después de su fundación.

En el fondo, el debate enfrenta dos pulsos muy distintos. Por un lado, el de quienes recuerdan que la protección oficial ya ha caducado y sostienen que todas las viviendas deberían pasar al mercado libre, tal y como figuraba en su origen. Por otro, el de quienes creen que precisamente esa caducidad abre la oportunidad de repensar el municipio y protegerlo frente a la presión del mercado.

La asociación vecinal se sitúa sin ambigüedad en este segundo campo: defender que la vivienda siga cumpliendo una función social, aunque eso implique corregir expectativas individuales. Y ahí está la paradoja que hace de Badia un caso tan singular. La ciudad nació prácticamente sin clases sociales y hoy afronta una decisión que puede abrir diferencias donde antes casi no las había. Mantener ese carácter popular, sostienen desde la asociación, "no es una cuestión nostálgica". "Es una forma de impedir que el mercado rompa desde dentro una comunidad que nació, precisamente, para ofrecer techo y estabilidad a quienes no tenían otra alternativa", sostienen los vecinos.

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