Una entidad vinculada a CCOO despide a su plantilla y cerrará tras 40 años asesorando a inmigrantes

El Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) existe desde hace 40 años. Su creación fue promovida por el sindicato CCOO, al que está vinculado, y en este tiempo se ha dedicado a asesorar a inmigrantes en localidades de toda Catalunya en lo que atañe a consultas vinculadas con la ley de extranjería. Ahora el CITE se dispone a cerrar. El despido colectivo amenaza a 18 empleados, contando al director, Carles Bertran, si bien en estos momentos es ya un administrador concursal quien dirige el centro. Paradójicamente, el cierre se aproxima cuando falta un mes para que empiece la regularización de 500.000 extranjeros en España, que sin duda suscitará mucha consulta de extranjería.

La entidad alega dificultades económicas insalvables, derivadas del endurecimiento de las condiciones por parte de los ayuntamientos y otras administraciones para los que ha trabajado tradicionalmente. Sin embargo, parte de los empleados de la entidad sospechan que el cierre está motivado, principalmente, por un motivo: el fin de la actividad evitaría al CITE el pago de casi un millón de euros por el caso de la abogada María Elena Bedoya, despedida tras prestar servicios durante más de 26 años al centro sin que este la diera de alta en la Seguridad Social, trabajando como falsa autónoma, una figura que en otros sectores CCOO denuncia y persigue. Bedoya ganó su caso en el Juzgado de lo Social y en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, y el CITE lo ha llevado al Supremo, que está pendiente de confirmar si lo acepta.

Trayectoria

El CITE ha trabajado en estas cuatro décadas para decenas de ayuntamientos y otras administraciones de toda Catalunya, si bien su plaza más fuerte era la de Barcelona, donde asumió hasta el pasado 31 de diciembre las consultas de extranjería de Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER). Esa plaza le daba un 27% de sus ingresos totales.

Hace unos meses, la entidad perdió el concurso del SAIER al presentarse con una previsión presupuestaria que superaba el máximo previsto. Lo hizo, según argumentó la dirección de la entidad, por considerar que las condiciones licitadas eran inasumibles. El Ayuntamiento de Barcelona sostiene que propuso una prórroga de unos meses, hasta que llegara la entidad sustuituta, como hizo en los casos de ABD y AMIC, que dejarán en breve el SAIER, y que el CITE lo rechazó, pero fuentes del centro aseguran que nunca recibieron esa propuesta.

El CITE se ha ido quedando fuera, por la vía de perder concursos o no presentarse, de ayuntamientos y otras administraciones para las que trabajaba: la Diputación de Barcelona, la de Lleida, Sant Cugat del Vallès, El Prat de Llobregat. En 2024, el CITE asesoró a 11.300 inmigrantes. En 2025, a 10.900. Ahora mismo, el CITE sigue trabajando con los ayuntamientos de Manresa, Igualada, Vic, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Rubí, Cerdanyola –hasta final de mes–, Molins de Rei y el Consell Comarcal del Berguedà. En cuanto cierre, lógicamente, desaparecerá también de esas ciudades, porque extinguirá toda la actividad.

El concurso

El concurso de acreedores, presentado en enero, fue admitido por la juez el pasado 11 de febrero, en una decisión que la dirección del CITE considera una prueba de que las dificultades económicas esgrimidas son reales. La defensa jurídica de Bedoya, que lo es también de seis de los 18 empleados, sostiene que las cifras no casan y que lo que se quiere es pagar menos por Bedoya. Si el concurso se completa y llega el despido colectivo y el cierre, el CITE solo tendrá que abonarle unos 100.000 euros en concepto de indemnización. Y no deberá pagar los cerca de 750.000 euros en que se cifra el importe de la pensión a recibir durante 20 años, ni el de las cotizaciones de los últimos cuatro años (las de los años anteriores han prescrito), casi 95.000 euros. En este punto, cabe subrayar que el juez consideró que el CITE y CCOO no forman un grupo de empresas, por lo que el sindicato no tendrá que afrontar de forma subsidiaria los pagos por el caso de Bedoya.

La misma defensa que representa a los seis empleados defiende que la deuda del CITE está en unos 100.000 euros, que en su mayoría se debe a un préstamo de 80.000 euros que le hizo CCOO y que hay 150.000 euros en caja y 200.000 por cobrar de administraciones. Y subraya que el resto de empleados cobrarán menos por su despido, ya que con el concurso la indemnización será de 20 años trabajados y a cuenta del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), cuando a la empresa le tocaría abonar 33 o 45 días, en función de la antigüedad de los despedidos. Es algo visto como otro motivo del cierre, ya que aunque son números aproximados, el CITE, además del pago por el caso de Bedoya, se ahorrará con el concurso más de 600.000 euros de indemnización por los 18 despidos. Para los trabajadores será perder más o menos la mitad: FOGASA pagará cerca de 300.000 euros por esos despidos. La dirección del CITE no confirma –ni niega- el préstamo de 80.000 euros por parte de CCOO y cuestiona que disponga del dinero citado, alegando que está pendiente la auditoría de 2025.

La sospecha de la continuidad

Pero más allá del caso de Bedoya, la defensa de estos seis trabajadores sostiene que en realidad lo que quiere CCOO es que tras el cierre del CITE sea el propio sindicato, de forma directa o mediante una nueva entidad vinculada con él, el que asuma las labores de asesoramiento de los extranjeros, para no renunciar al sector de la inmigración, que suma casi el 30% del total de trabajadores en la actualidad en Catalunya.

Fuentes del sindicato consultadas por este diario lo niegan: “No seremos una gestoría”. Si bien subrayan que CCOO no dejará de estar interesado por el fenómeno migratorio. La sospecha de los seis trabajadores es que en el sindicato se buscan fórmulas para replicar internamente el asesoramiento, y ven una prueba de ello en la orden ministerial publicada este jueves por el BOE.

La nueva orden

Es una orden que regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería “a efectos de habilitar para la representación a determinados grupos y entidades cuya colaboración puede mejorar sustancialmente la tramitación de los procedimientos de extranjería”. El colaborador de extranjería, dice la orden, “constituye una vía adicional de representación, destinada a facilitar la presentación electrónica de solicitudes por parte de entidades habilitadas”. Y entre estas entidades figuran, siempre según el BOE, “las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o a nivel de comunidad autónoma”.

Indica la defensa legal de los seis empleados y de Bedoya que la orden fue inspirada por CCOO y que la misma abogada participó en ese proceso. Y subraya que la norma permitirá que sindicalistas que no sean abogados presten asesoramiento a extranjeros. El tiempo dirá si CCOO crea un CITE encubierto en su seno, lo que confirmaría las sospechas citadas, o sí, como asegura el sindicato, no tiene intención de asumir la asesoría que en estos 40 años ha desarrollado el centro, que en cuestión de semanas o meses cerrará sus puertas definitivamente.

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