Polémica en Sant Cugat por el "empadronamiento fake" de Ortega Smith en la ciudad en 2019

Los empadronamientos irregulares vuelven a estar en el centro de la polémica en Sant Cugat del Vallès. Desde que Josep Maria Vallès (Junts) asumió la alcaldía en 2023, el municipio catalán ha llevado por bandera las políticas de endurecimiento del padrón municipal, la puerta de acceso a derechos básicos como la sanidad pública. El protagonista en este caso es Ortega Smith, todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, a quien el alcalde madrileño, José Luis Martínez -Almeida, ha acusado de empadronarse irregularmente —ya que no residía allí— en Sant Cugat en 2019 para votarse a sí mismo como candidato en las elecciones generales por la circunscripción de Barcelona.

En el Pleno madrileño de esta semana, Almeida acusó al portavoz de Vox de formalizar "un empadronamiento 'fake' en San Cugat del Vallès para poder votar allí en las elecciones generales siendo, por cierto, candidato al Ayuntamiento de Madrid porque un mes después se presentó como cabeza de lista del grupo municipal Vox". "¿Por qué, señor Ortega, denuncia usted los empadronamientos ilegales de los demás y, sin embargo, usted en el año 2019 hizo exactamente lo mismo que usted está hoy aquí denunciando en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid? ¿Tienen ustedes esa superioridad moral?", espetó Almeida.

La crítica de Almeida fue comentada en 'X' por Jordi Puigneró (Junts), quien fue vicepresidente del Govern de la Generalitat y hoy ocupa el cargo de teniente de Alcaldía de Sant Cugat. "Hemos tenido que llegar los de Junts al gobierno para que el padrón deje de ser un coladero", argumentó Puigneró, imputándole a la CUP, parte del anterior gobierno municipal junto con ERC y PSC, la responsabilidad de controlar el padrón en el momento en el que Ortega Smith se empadronó.

Y ha sido la exalcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla, la que se ha enzarzado con Puigneró en la discusión en 'X'. La republicana ha acusado a Junts de "desbarajuste" ("desgavell") como para que se les "colara" el empadronamiento de Ortega Smith. Según Ingla, para votar en las elecciones de abril del 2019 era necesario empadronarse en la ciudad al menos dos meses antes, febrero del 2019, "cuando los convergentes gobernábais solos con 11 concejales", ha respondido la exedil a Puigneró.

El endurecimiento del padrón en Sant Cugat

El endurecimiento del padrón municipal que ha liderado Sant Cugat del Vallès durante los últimos meses ha marcado el rumbo del municipio y lo ha posicionado como principal exponente de este tipo de política en Catalunya. El empadronamiento, un procedimiento administrativo ideado como un trámite neutro, se ha convertido de la mano de alcaldes de Junts en un debate de primer orden sobre quién puede inscribirse, con qué controles y qué consecuencias tiene para acceder a recursos públicos.

El gobierno municipal de Sant Cugat (Junts y ERC) enmarca su giro en la crisis habitacional y, sobre todo, en el acceso a la Vivienda de Protección Oficial (VPO). Su propuesta de subir de tres a diez años de residencia como requisito de empadronamiento supondría endurecer la entrada a la vivienda pública para quienes no acrediten un arraigo prolongado. El alcalde Josep Maria Vallès (Junts) defiende que es una manera de primar la integración y, de hecho, considera que una medida justa sería de interponer un mínimo de 20.

El debate se aceleró con la ofensiva municipal contra el fraude en el padrón. En julio del pasado 2025, Puigneró anunció que el ayuntamiento había tramitado más de 4.000 bajas desde el inicio del mandato, una cifra por encima de la media histórica. El gobierno local defendió que se trataba de una "depuración necesaria" para ajustar servicios, presupuestos y políticas sociales a la población real.

El episodio más contundente llegó en agosto. Los servicios municipales detectaron un patrón inusual: centenares de empadronamientos en pocas semanas, con contratos de alquiler muy similares y direcciones repetidas. “Hubo un intento de empadronamiento de 354 personas en tres o cuatro semanas y saltaron las alarmas. La gente venía con la documentación correcta", rubricó en su momento Puigneró.

La respuesta fue activar inspecciones. De las 354, solo dos estaban empadronadas correctamente. El resto había presentado contratos falsos, direcciones inventadas y habían probado suerte, según fuentes municipales. El consistorio apunta a redes organizadas donde detrás hay mafias que buscan permisos de residencia. Tras las comprobaciones, la adminsitración local concluyó que ninguna de las 322 personas verificadas residía realmente en los domicilios declarados y en noviembre formalizó bajas administrativas.