La presión policial sobre las VTC se dispara en Barcelona: casi 1.800 coches inmovilizados en 2025

El aumento de los controles sobre las VTC en el área metropolitana de Barcelona ya se nota en las cifras: estos vehículos cada vez acumulan más multas y, en apenas dos años, se ha triplicado el número de coches inmovilizados por operar de forma irregular, la gran mayoría sin licencia. Este jueves, han salido a la luz los datos de las denuncias tramitadas en los últimos tres años, después de que el sindicato Élite Taxi las haya solicitado al Institut Metropolità del Taxi (Imet), el organismo encargado de regular el sector.

En 2023, se registraron 1.724 denuncias contra VTC; en 2024, 1.735; y en 2025, hasta octubre, ya sumaban 1.993. Así, las denuncias se mantuvieron relativamente estables durante los dos primeros años, pero se dispararon en 2025, lo que refleja un aumento de la presión policial sobre los vehículos de transporte con conductor.

Además, los datos del Imet muestran que cada vez más denuncias derivan en procedimientos sancionadores, el paso previo a la multa. Los expedientes abiertos pasaron de 657 en 2023 a 1.054 en 2024, y llegaron a 1.952 en 2025 (hasta octubre). Es decir, que el año pasado casi todas las denuncias terminaron en sanción.

El aumento del control sobre estos vehículos también se refleja en el recuento de VTC inmovilizados, a los que se les impide circular por operar de forma irregular. En 2023, la policía inmovilizó 566 VTC; en 2024, 853; y en 2025, hasta octubre, 1.779, casi el triple que dos años antes.

Otro aspecto llamativo es el motivo de las multas. Mientras en 2023 las infracciones eran algo más variadas (por captar clientes, estacionar en lugares prohibidos o incumplir el tiempo mínimo de antelación para reservar trayectos), en 2025 casi todas las multas se debieron a lo mismo: operar sin licencia. Hasta octubre de ese año, de los 1.779 vehículos inmovilizados hasta mediados de octubre, 1.597 circulaban sin autorización, lo que supone el 89,7 % del total, o nueve de cada diez.

El pulso del taxi

Estos datos llegan en pleno conflicto entre taxistas y VTC de plataformas como Uber, Cabify o Bolt. El sector del taxi barcelonés lleva años denunciando lo que considera una competencia desleal por operar de forma fraudulenta, y espera con ansia la aprobación en el Parlament de Catalunya de la nueva ley que regulará este tipo de transportes, también conocida como “ley anti-Uber”, que podría limitar la actividad de las VTC de plataforma en trayectos urbanos y prácticamente eliminarlas en la capital catalana.

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi e impulsor de la futura ley, ha celebrado consciente de la situación, ya pidió en la última protesta de taxistas en Barcelona que las policías locales de toda Catalunya intensifiquen los controles e inmovilicen los vehículos que operen fuera de la normativa, también fuera del área metropolitana. Este jueves, tras conocer estos datos del Imet, Álvarez ha aseverado que las prácticas fraudulentas de este tipo de vehículos no son incidentes aislados, sino un problema estructural: “Cuando tantos vehículos son inmovilizados por ejercer sin habilitación válida, no estamos ante casos aislados ni errores administrativos menores. Estamos ante un modelo que ha operado durante años al límite o fuera del marco normativo”, ha afirmado.

Asimismo, Álvarez ha comentado el gran impacto económico negativo que tendrá el pago de todas estas multas para sus archienemigos: "No es descartable que determinadas empresas estén afrontando en cuatro jornadas más sanciones que lo que pagan en un año en contratos publicitarios (...) Uber ha pagado en tres días en multas al Ayuntamiento lo mismo que al Barça en un año", ha ironizado Álvarez, recordando la campaña de vinilos en vehículos que recientemente puso en marcha Uber en colaboración con el club azulgrana.

Presión policial en el aeropuerto

Los controles contra VTC y taxistas pirata se han intensificado en los últimos meses en el área de Barcelona, especialmente en puntos estratégicos como el aeropuerto de El Prat, donde los Mossos d’Esquadra realizan inspecciones casi diarias y la Unidad de Tráfico ha abierto una oficina permanente ante el volumen de trabajo.

El pasado mes de diciembre, este diario presenció una redada ampliada en la que se detectaron todo tipo de irregularidades, incluso coches que sí estaban autorizados como VTC, pero sin la licencia necesaria para operar en el aeropuerto. En esos casos, el propietario del vehículo debe pagar una multa de 4.001 euros y el coche queda inmovilizado al momento con un cepo, que no se retira hasta que se pague el total del importe.

“Retenemos dos o tres vehículos al día por este motivo”, explicaron fuentes policiales a EL PERIÓDICO. En una rotonda del recinto, se acumulan los coches bloqueados cuyos propietarios aún no han pagado la sanción.

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