Solo uno de cada cinco trabajadores cuenta con planes de movilidad laboral en la Región Metropolitana

Cada vez más personas en Catalunya emplean más tiempo y un coste personal más elevado en su movilidad obligada al trabajo. La crisis de la vivienda está comportando un alejamiento entre el lugar de residencia y el laboral. Polígonos mal comunicados, los problemas de Rodalies, autobuses saturados y un tráfico infernal en hora punta son los distintos ingredientes de un cóctel difícil de digerir en este tipo de desplazamientos.

Unas 130 empresas de la provincia de Barcelona disponen de un Plan de Desplazamiento de Empresa que busca cómo facilitar el acceso diario de sus empleados al puesto de trabajo. Estos planes incluyen medidas como el impulso del transporte colectivo, sistemas para compartir coche entre los trabajadores de la empresa, facilitar el acceso en bici o patinete eléctricos y posibilidad de teletrabajo u horarios flexibles en la medida que la actividad lo permita. Sin embargo, sólo cubren a uno de cada cinco trabajadores que según la normativa vigente deberían contar con este tipo de planes. Los expertos ven en el desarrollo de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, según la cual las empresas de más de 200 personas trabajadoras -o 100 por turno- deben implementar planes de movilidad para facilitar el acceso al trabajo, como una gran oportunidad para afrontar los problemas y reconfigurar los desplazamientos para que sean eficientes y sostenibles. Sin embargo, lamentan que por ahora toda la responsabilidad recaiga en las empresas.

Medida pionera

La Generalitat ya estableció en 2007 que las organizaciones con más de 500 trabajadores deben disponer de un plan de desplazamiento a la empresa. Se aprobó mediante decreto bajo el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire, persiguiendo reducir los niveles de contaminación procedentes del vehículo privado. Entonces las empresas presentaron algunos, pero la iniciativa perdió fuelle rápidamente.

El Plan Director de Movilidad de Barcelona 2020-2025 aumentó la exigencia ante los datos alarmantes de contaminación, de forma que no solo todas las empresas de más de 500 empleados de la Región Metropolitana debían tenerlo, sino también todas las empresas de más de 200 trabajadores ubicadas en los 40 municipios del entorno metropolitano donde la calidad del aire está más comprometida. El plazo máximo fijado fue julio de 2025. Pero solo 22 se han hecho tras la pandemia, años en los que han cambiado los flujos de movilidad y hay una mayor necesidad de desplazamiento.

Tampoco el sector público

En total, la ATM tiene contabilizados 124 Planes de Desplazamiento de Empresas, 73 de empresas privadas y 51 de administraciones públicas. Unas cifras que indican que “ni tan solo el sector público ha hecho un esfuerzo en aplicar lo que ha legislado”, subraya el experto en movilidad y científico de datos de la UGT, José Rodríguez. Todos juntos, cubren solo a 100.000 de los cerca de 500.000 que deberían estar bajo el paraguas de estos planes.

“No ha habido gran interés en su aplicación, ni por parte de las empresas ni de la Administración”, coincide también el responsable de Movilidad e Infraestructuras de CCOO, Alberto Puivecino, para quien “las subvenciones que ha ofrecido durante estos años la propia Autoritat del Transport Metropolità (ATM) han pasado completamente desapercibidas”. Estas ayudas cubrían el 50% del coste de los planes de desplazamiento de empresas, aportando hasta un máximo de 7.000 euros.

Puivecino explica que se había previsto que la ATM promoviera y vehiculara a nivel territorial los planes de desplazamiento, pero “solo se han llevado a cabo en el área barcelonesa, mientras que las ATM de Girona, Lleida y Tarragona no han llegado en ningún momento a trabajar en ello”. Precisamente, estos planes son más necesarios en los territorios con menos oferta de transporte público.

En la Región de Barcelona, la mitad de las empresas que han presentado un plan de desplazamiento están ubicadas en el Barcelonès, donde hay más oferta de transporte. Otro 20% se encuentran en el Vallès Occidental, un 14% al Baix Llobregat y el resto, muy pocas, en el Vallès Oriental, Osona y Maresme.

Ir a la raíz

La movilidad laboral, aunque supone un 30% de los desplazamientos diarios, es la que genera mayor presión en horas punta en las carreteras y red de transporte y la que más utiliza el vehículo privado. Concretamente en seis de cada diez desplazamientos, una proporción que aumenta a tres de cada cuatro cuando el centro de trabajo se ubica fuera de un núcleo urbano, según la ATM. La aplicación en las empresas de los planes de desplazamientos de los trabajadores pueden disminuir en un 20% las emisiones de CO2 vinculadas a la movilidad, indica asimismo la ATM.

“Con los planes de movilidad, si logramos que otros 200.000 trabajadores dejen el coche y vayan en transporte público en hora punta se pueden descongestionar las entradas y salidas a la ciudad”, remarca el experto en movilidad de la UGT. En su opinión, el esfuerzo de la Administración debe centrarse no tanto en bonificar el transporte público, sino en hacer factibles estos planes con una mayor oferta, para lograr un efecto aún más positivo: “Al trabajador se le reduce el tiempo de viaje, el estrés que sufre cuando no puede llegar, hay demasiado tráfico o no encuentra aparcamiento, y con ello también disminuye el dinero que acaba gastando”, asegura. Al mismo tiempo, se reordena la movilidad y se da cumplimiento a las normativas medioambientales, con el consiguiente beneficio para la salud.

¿Gasto o inversión?

Encargar un plan de movilidad a una consultora puede costar entre 7.000 y 10.000 euros, mientras que las multas que por primera sí incluye la Ley de Movilidad Sostenible por no tenerlo son de 100 a 2.000 euros. La empresa mediana “lo considera más un gasto que una inversión porque no se le dan facilidades, ni ha recibido apoyo técnico de la Administración”, considera Rodríguez, contrario a que su desarrollo cueste dinero a la empresa.

Todo ello explicaría, en su opinión, que muy pocas empresas hayan empezado a desarrollarlos. Una forma de contribuir a que empiecen a implementarse, según los expertos, es que “la Administración sea la primera en aplicar planes de movilidad en sus centros de trabajo, porque tiene muchísimos”.

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