Una veintena de familias de Sabadell se enfrentan a un desalojo que el Ayuntamiento intenta frenar

El Ayuntamiento de Sabadell trabaja para intentar frenar el desalojo de 26 familias que ocupan viviendas del número 77 de la calle Comte Ramon Berenguer, en el barrio de la Creu de Barberà. El lanzamiento está fijado para el próximo 4 de marzo y el consistorio busca aplazarlo con el objetivo de analizar la situación de cada unidad familiar y, en su caso, articular alternativas habitacionales. Por el momento, 14 del total de las 26 familias han sido identificadas como vulnerables. La ocupación, explican fuentes municipales, no es "de patada en la puerta" sino de impagos por alquileres sociales heredados de un propietario anterior.

Según el teniente de Alcaldía de Sabadell Eloi Cortés, el Ayuntamiento lleva “muchos meses trabajando” en este caso a través de una doble vía. Por un lado, ha mantenido conversaciones con la propiedad del inmueble, la Sareb, con la intención de adquirir el edificio, una operación que finalmente no ha prosperado.

Por otra parte, la administración local ha activado un dispositivo específico de atención social para entrevistar a las familias y valorar su situación. Desde el gobierno municipal aseguran que "se han destinado recursos y realizado gestiones de forma discreta" para evitar que ninguna persona quede desatendida. Fuentes de la Sareb señalan que no fue posible cerrar la venta del inmueble al Ayuntamiento mediante el mecanismo de tanteo y retracto debido a cambios normativos recientes que, según apuntan, impiden este tipo de operaciones en este caso concreto.

Alteranativa habitacional a los vulnerables

De las 26 familias afectadas, 14 han sido identificadas como vulnerables, según fuentes conocedoras del proceso. Con ellas ya se está trabajando para ofrecer alternativas, y en algunos casos se han planteado opciones de alquiler social en este caso avanzado por 'Ràdio Sabadell'.

Cortés explica que el caso ya estaba “en el radar” del consistorio, aunque no se consideraba una ocupación conflictiva. También señala que la Generalitat está informada de la situación y que las conversaciones con la propiedad continúan abiertas. El objetivo municipal es ganar tiempo para retrasar el lanzamiento y poder encontrar una solución habitacional para el conjunto de las familias afectadas.

El edil también subraya que el caso se está abordando con especial prioridad ya que, según explica, en algunos de los pisos no se trata de ocupaciones recientes “de patada en la puerta”, sino de familias que ya residían en el edificio con un alquiler social del anterior propietario. Es por este motivo que el consistorio considera necesario prestar una atención específica a estas situaciones y evitar que puedan quedar en la calle.

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