El Supremo decidirá si Barcelona puede cobrar su 'Tasa Amazon' a las empresas de paquetería del comercio electrónico

Como ha ocurrido con la norma municipal de consultas populares, la controvertida 'Tasa Amazon' del Ayuntamiento de Barcelona también ha acabado en el Tribunal Supremo. Después de tumbarla varias sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en julio del 2024, el consistorio las impugnó y ahora el Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación barcelonés. Sucede así a través de seis autos judiciales de este pasado enero, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en los que el alto tribunal asume la relevancia de las acciones consistoriales contra las resoluciones que daban la razón a seis empresas y organizaciones, la mayoría del sector de la mensajería vinculada al comercio electrónico.

El Ayuntamiento defiende en los tribunales la legalidad de su tasa frente a la Asociación Española de Empresas de Mensajería; la entidad Uno Organización Empresarial Logística y Transporte; la Asociación Española del Express y la Carga Aérea; la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia; la Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL); la entidad Seur Geopost; y la Autoridad Catalana de la Competencia. Todas ellas entienden que la tasa "genera inseguridad jurídica y carece de la cobertura legal necesaria" al considerarla "un impuesto encubierto", tesis que avaló el TSJC.

La política fiscal barcelonesa busca gravar el uso del espacio público que realizan las empresas de transporte y reparto a domicilio de productos comprados a través del creciente comercio electrónico. Mientras el Ayuntamiento defiende que esa utilización debe tributar, los operadores de paquetería y las autoridades de competencia critican que el tributo "genera una discriminación en favor de los comercios con establecimientos abiertos al público que realizan reparto a domicilio". La respuesta del consistorio es que "estamos ante situaciones sustancialmente diferentes que justifican por tanto un trato diferenciado".

Pese a que las sentencias del TSJC concluyeron que la tasa "infringe el principio de libre circulación de mercancías", una magistrada mostró su discrepancia con el sentir mayoritaro del tribunal a través de un voto particular. La ordenanza fiscal que regula la 'Tasa Amazon' barcelonesa entró en vigor el verano del 2024 y contó con los apoyos de Barcelona en Comú, PSC, ERC, Junts y Cs. Fue una de las condiciones del republicano Ernest Maragall al gobierno Colau-Collboni para apoyar los presupuestos del 2020.

Ya en su momento, el consistorio dejó entrever que recurriría ante el Supremo: "Respetamos los pronunciamientos judiciales pero discrepamos claramente de este", expresó la primera teniente de Alcaldía, Laia Bonet. Cuando se aprobó, el consistorio anunció que sólo afectaría a los operadores postales que facturen más de un millón de euros anuales y que supondría tan sólo un 1,25% de la actividad de estas empresas. Calculó que recaudaría un máximo anual de 2,6 millones de euros.

La analogía con los cajeros automáticos

El Supremo deberá pronunciarse también sobre si es lícito que la tasa tenga en cuenta para su cálculo, como pretende el Ayuntamiento, los ingresos brutos de Amazon. La tasa modula el grado de uso que cada operador postal realiza de los espacios, y por lo tanto su carga tributaria, en función de esos ingresos. Una medida que rechaza el sector de la mensajería pero que sí avaló el citado voto particular de las sentencias del TSJC, que asumió que "las actividades reconocidas por Amazon Road Transport Spain, S.L. tienen encaje dentro de lo que se considera como envíos postales pues organiza los envíos con criterios de eficacia postal, los distribuye entre los centros logísticos y les da curso".

El Ayuntamiento, de hecho, invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo para asimilar la 'Tasa Amazon' a las tasas que tributan los cajeros automáticos. El consistorio considera "plenamente aplicable" la doctrina del alto tribunal por la que reconoce "la existencia de un aprovechamiento especial del dominio público generador de beneficio económico para las entidades [bancarias] titulares", esgrimen los autos del Supremo.

Una última cuestión discutida es la exención del pago de la tasa que el consistorio brinda a Correos o a los operadores con ingresos inferiores a un millón de euros, la cual fue criticada por las sentencias del TSJC por "no justificar la desigualdad en el tratamiento tributario". El argumento del Ayuntamiento pasa por defender "la mínima incidencia de su actividad en el dominio público", contraponiendo así el modelo de Correos o de pequeños operadores al de las empresas que "generan un uso intensivo y extraordinario del dominio público".

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