El gobierno de Collboni descarta comprar el centro comercial de la Vila Olímpica por 25 millones

El gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha descartado este miércoles desembolsar el importe de salida en que la sociedad estatal Mercasa ha tasado el centro comercial Centre de la Vila, en la Vila Olímpica, que se subastará el próximo 10 de junio. El grupo municipal del PSC se ha abstenido a sendas proposiciones presentadas por Barcelona en Comú y ERC en la comisión municipal de presidencia, que han instado al ejecutivo municipal a que exija la suspensión de la subasta al Gobierno de España y que retome negociaciones para comprar u obtener la cesión del edificio. Ambas propuestas se han aprobado, con los votos favorables de Junts, los Comuns y los republicanos, mientras que PP y Vox se han opuesto.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha dicho que coincide con buena parte de los proponentes, también por lo que se refiere a la degradación y abandono que lastran a la gran superficie. Diferentes portavoces han lamentado que solo 35 de los 83 comercios permanecen abiertos, a lo que se suman filtraciones, grietas, deficiencias en el sistema de ventilación que contravienen la normativa y un litigio abierto con el gestor del garaje. “Estoy bastante de acuerdo con la descripción apocalíptica”, ha expresado Valls. En todo caso, ha dejado claro que la posición municipal “es que por 25 millones no compra” el centro comercial.

Además, el socialista ha declarado que ve “difícil” que el ejecutivo de Pedro Sánchez esté dispuesto a ceder el inmueble. “Piden cesiones, pero he visto poquísimas, también cuando han gobernado ustedes”, ha dicho el teniente, haciendo extensible la observación a la Generalitat.

Valls ha defendido que el gobierno de Collboni “está encima de la cuestión” y ha destacado que, a través de negociaciones con Mercasa, se ha conseguido reducir el importe que reclama por el Centre de la Vila. “Hace cuatro años, se hablaba de 80 millones de euros, luego se habló de 40 millones y se ha vuelto a hablar y se ha conseguido un valor de 27 millones”, ha enumerado el teniente de alcalde. En todo caso, ha seguido considerando que la cuantía no es aceptable para el consistorio y ha recalcado que cabe no confundir valor con precio.

“Cuando hablamos entre administraciones, hablamos de valor, mientras que una subasta nos permite saber cuál es el precio, porque valor y precio no es lo mismo”, ha distinguido. En cualquier caso, ha insistido que el ejecutivo local no está dispuesto a asumir el coste en que ahora se tasa el edificio. “Estamos hablando de recursos públicos y los impuestos de los barceloneses y, tal como está hoy, son 25 millones de compra más 20 o 25 millones de reforma”, ha estimado Valls. Asimismo, ha defendido que la abstención del equipo de gobierno supone enviar un mensaje “a Mercasa, la subasta y a quien venga a la subasta”, al mismo tiempo que se ha comprometido a seguir negociando.

Decepción en la oposición

Los Comuns, ERC y Junts se han declarado decepcionados con la respuesta del gobierno local y ha tachado la gestión de Mercasa como un “despropósito”. “Con los retos y el potencial que Barcelona tiene, es inadmisible subastar patrimonio público”, ha opinado Marc Serra (BComú), que ha apremiado a Collboni a exigir que la puja se detenga.

“Barcelona se debe plantar ante esta deriva que solo tiene en cuenta la ciudad y este equipamiento como meros intereses especulativos por parte de una empresa del estado”, ha urgido Jordi Coronas (ERC). Por su parte, Neus Munté (Junts) ha reclamado una mesa de diálogo en que se tenga en cuenta el parecer de los vecinos de la Vila Olímpica, “primar el carácter público” del centro y evitar un “acuerdo precipitado” que pueda acabar resultando contrario para el barrio y la ciudad.

Valls ha lanzado una pregunta a la oposición: “¿Si hay una subasta y viene un operador comercial que nos hace una buena propuesta le diremos que no?". En ese sentido, el teniente ha subrayado que "no cualquier operador hará una actividad que este ayuntamiento no controle”. El concejal ha recordado que los usos para el inmueble son comerciales y que no pueden modificarse sin un acuerdo de la mayoría del ayuntamiento.

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