La policía insta a marcharse a las personas que quedaban acampadas en la Zona Franca

La policía se ha desplazado este martes a primera hora de la mañana hasta los pequeños campamentos que se formaron tras el gran desalojo del asentamiento de la Zona Franca, el martes pasado. Los agentes les han instado a marcharse de ahí, han explicado fuentes conocedoras del caso a EL PERIÓDICO.

"Han venido a las 7.00, sin avisar ni nada, y nos han dicho que tendríamos que salir de allí hoy mismo", ha declarado uno de los asentados, que lamenta "no tener adónde ir". Este joven se instaló en el parterre más pequeño que hay al lado contrario de la entrada a la empresa UPS. Asegura asimismo que la policía también ha pedido marcharse a los que han acampado a lado y lado del túnel. "Tendrían que haber avisado al menos con dos o tres días para poder organizarnos", ha reprochado.

Fuentes del Consorci de la Zona Franca apuntan que no les consta que haya en marcha ningún desalojo pero añaden que, si en algunos de los puntos donde se concentran las personas presentan "los mismos problemas de salubridad" que en el asentamiento original, "deberán también levantar la zona". "Pero en ningún caso hay un desalojo, no les estamos diciendo que se vayan, es un trabajo por su seguridad y por la de los trabajadores del polígono", aseguran.

Enrique Mosquera, portavoz de la plataforma Papeles para Todos, asegura que el aviso de la policía no hace más que certificar sus sospechas: "Es justamente lo que pretendía la falsa desratización, dispersarlos para luego ir echándolos poco a poco en pequeños grupos". Es algo que, para Mosquera, también afecta negativamente a la capacidad de estas personas para acceder a la regularización extraordinaria promulgada por el Gobierno. "Llegan al sitio y no encuentran sus tiendas, ni sus documentos...", lamenta. Por ello, su plataforma estudia lanzar movilizaciones próximamente.

"Levantamiento" por una plaga de ratas

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona matiene que el operativo del pasado 10 de febrero fue "un levantamiento, no un desalojo", ha puntualizado la comisionada de acción social, Sonia Fuertes, en una comparencia este miércoles en la comisión municipal de servicios sociales, instada por el PP. "Estas personas no han sido expulsadas del territorio, se han podido colocar en calles adyacentes", ha alegado Fuertes.

A su vez, ha defendido que resultaba necesario desratizar el descampado que se definió como el más poblado de los existentes en Barcelona. Se calcula que unas 175 personas estaban instaladas al raso, de las que 151 mantenían algún contacto con los servicios sociales.

"Era importante proteger a las personas que pernoctaban allí y también a los trabajadores de la Zona Franca", ha esgrimido Fuertes. La responsable municipal ha explicado que los servicios sociales de Barcelona detectaron a los primeros acampados a finales de 2023, cuando eran en torno a una cincuentena, y que creció sobre todo a partir de 2024. Ha indicado que muchas de las personas que malviven al raso en Zona Franca "son de reciente llegada a Barcelona". "La mayoría lleva menos de un año y, de estas, la mitad llegó hace menos de seis meses", ha precisado Fuertes, que ha recalcado que "se les avisó previamente" a tener que retirar las tiendas la semana pasada. Ha añadido que se tomaron otras medidas para que las chinches no se propagaran y los acampados no perdieran las pertenencias.

Por su parte, Antonio Verdera (PP) ha recriminado al gobierno del PSC que el campamento de la Zona Franca sea "un problema que se resuelva a medias o que se desplace unas cuantas calles más allá". El concejal ha contabilizado 66 tiendas de campaña en torno al solar donde se había formado el gran campamento. "A dos personas por tienda, deben de ser unas 130 personas", ha estimado Verdera, que ha preguntado cuántas plazas de acogida dispone la ciudad para personas sin hogar.

"Es una cuestión de prioridades -ha opinado el popular-. Mientras el ayuntamiento ha decidido invertir 1,5 millones en el Distrito 11 [para ayudar a ciudades palestinas], quizá se podrían hacer 125 viviendas de emergencia del modelo Housing First o evitar 417 desahucios con ayudas de alquiler a 300 euros mensuales". A su vez, Verdera ha reclamado un "plan de seguimiento específico que garantice que las personas afectadas por este operativo no siguen viviendo en la calle en los mismos puntos". "Lo grave es que siguen estando allí, no se les ha dado otra oportunidad", ha enfatizado.

Centro de baja exigencia

En el mismo debate, Junts ha reprochado el dispositivo de la semana pasada en la Zona Franca al gobierno del alcalde Jaume Collboni, al tacharlo de "operación publicitaria" que ha aportado "poca solución". ERC ha instado a acordar medidas en la mesa de sinhogarismo de Barcelona, mientras Vox ha llamado a "erradicar el chabolismo".

Por su parte Barcelona en Comú ha cuestionado las intenciones del PP, al que ha afeado el "desalojo inhumano" del viejo instituto B9 en diciembre pasado. Asimismo, ha acusado al PSC de pretender una "expulsión hacia los márgenes" a las personas sin hogar, por lo que ha propuesto un modelo de alojamientos de baja exigencia, en los que se ofrece alojamiento o pernocta sin apenas requisitos previos a personas sin hogar.

Durante la comisión, los Comuns han logrado aprobar una proposición en que han reclamado crear un centro de baja exigencia en el distrito de Sants-Montjuïc, precisamente donde se halla la Zona Franca. BComú ha logrado el apoyo de Junts, ERC y PP. Vox ha votado en contra y el PSC se ha abstenido, tras sostener que ya existen centros como el propuesto en Sants-Montjuïc.

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