Barcelona ultima un relevo de urgencia para su servicio de consultas de extranjería tras casi dos meses de parón

Los cambios en el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) de Barcelona y el colapso que ha causado que el organismo lleve casi dos meses sin atender nuevas consultas de extranjería han llegado este martes a la comisión de Derechos Sociales del ayuntamiento, donde la oposición ha pedido cuentas al gobierno de la ciudad por esta situación.

Todos los grupos menos el PSC y Vox han votado a favor de una proposición acordada por ERC y Junts que reclama que se reconozca el SAIER como un servicio estructural con las garantías de cualquier otro servicio municipal y los recursos suficientes; pide “medidas inmediatas de refuerzo” para garantizar su continuidad y reducir la lista de espera acumulada; aboga por revisar el modelo de contratación, insta a la Generalitat a corresponsabilizarla de la financiación del organismo y llama al gobierno de Collboni a “evaluar” el cambio de modelo que ha llevado un servicio consolidado a “la situación actual de colapso”.

El colapso

Estaba previsto que, a instancia de Barcelona en Comú, compareciera la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, que ha causado baja por encontrarse indispuesta. Quien ha dado las explicaciones ha sido la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, que ha defendido la transformación del marco de relación con las entidades que se ocupan de las distintas áreas del SAIER, del que han ‘caído’ tres que llevaban más de 20 años gestionando las áreas principales: ABD, CITE y AMIC. Las entidades sostienen que las condiciones económicas de los concursos son inasumibles y propias de un sistema mercantilista.

Fuertes ha anunciado una medida para paliar la consecuencia más grave de la crisis del SAIER: hace casi dos meses, desde enero, que el servicio no atiende nuevas consultas de extranjería, porque el convenio con la entidad que lo llevaba desde hace más de 20 años, el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE), vinculado con CCOO, concluyó el 31 de diciembre. Cabe subrayar que fuentes municipales sostienen que se ofreció una prórroga al CITE hasta que llegara una nueva entidad, en tanto que fuentes del CITE lo niegan.

La nueva entidad

En 2026, el SAIER solo ha atendido consultas de extranjería de urgencia –desde el 1 de enero- y de seguimiento –a partir de febrero-, pero no nuevas. Ahora, ha contado la comisionada, se está ultimando un nuevo convenio vigente hasta agosto y prorrogable hasta diciembre con otra entidad para que se ocupe de este tema, especialmente relevante a la vista de que falta menos de un mes y medio para que empiece la regularización de extranjeros anunciado por el Gobierno central. El consistorio afirma que no puede identificar a esa nueva entidad hasta que el convenio sea aprobado por la comisión de gobierno.

En paralelo, se preparará una licitación para septiembre con el fin de que esa área cuente con una entidad elegida por concurso, dando así cumplimiento al nuevo modelo que defiende el ayuntamiento. Hasta ahora, la mayoría de entidades del SAIER estaban vinculadas con el servicio mediante convenios anuales, con la excepción de la primera atención. Desde 2026, la previsión es que todo sean concursos.

Los ‘caídos’

ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo) dirigía el llamado ‘front office’, la primera atención a los foráneos. Optó por no presentarse al nuevo concurso, que quedó desierto, porque juzgaba inviable cuadrar los números con las normas anunciadas. Tras décadas de convenios anuales basados en la relación de confianza en la entidad, el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE), vinculado con CCOO y que llevaba las consultas vinculadas con la ley de extranjería, tuvo que afrontar por primera vez un concurso. Se presentó pero con una previsión presupuestaria que superaba la indicada, en lo que debe ser visto como un gesto de protesta. Obviamente, no ganó. Este concurso también quedó desierto. Por último, la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Cataluña (AMIC), que sí se presentó con voluntad de ganar el concurso, pese a compartir que las condiciones económicas eran insostenibles, lo perdió. Lo ganó Insercoop. A diferencia del CITE, ABD y AMIC han seguido en sus área y lo harán hasta abril y marzo, respectivamente, cuando se prevé que sean relevadas por otras entidades sociales.

Fuertes ha reiterado que se ofreció al CITE un “convenio de continuación” y que la organización lo rechazó, y ha anunciado que además de pactar con otra entidad para que asuma sus funciones, se incorporarán “refuerzos específicos” para afrontar la regularización. También ha repasado los casos de relevo en las áreas citadas y ha asegurado que se ha garantizado “la viabilidad” del SAIER.

Una tesis que no ha convencido a la oposición. Por Barcelona en Comú, Carolina Recio ha hablado de situación “inédita y preocupante” en “una pieza clave del sistema municipal”, que ha achacado a una dinámica del gobierno de Jaume Collboni de recurrir a una apuesta que aprecia en distintos ámbitos de su gestión y considera excesivamente técnica con “falta de liderazgo político”.

Autocrítica

Por ERC, Eva Baró ha subrayado que las explicaciones de Fuertes “chocan” con las que le han dado las entidades afectadas: “La situación da para un poco de autocrítica”, ha afirmado la republicana, que ha juzgado una prueba de que algo se ha hecho mal que dos concursos quedaran desiertos.

El concejal de Junts Joan Rodríguez ha subrayado que el parón en el SAIER ha sido “una jarro de agua fría” sobre gente “que necesita acompañamiento” y sobre las entidades del sector. Por el PP, Antonio Verdera, ha preguntado a la comisionada cuánta gente se ha visto afectada por el colapso en el SAIER, qué tiempo de espera existe ahora para una consulta, qué se atiende y qué no. No ha obtenido respuesta a sus interrogantes. “El problema de fondo del SAIER es la falta de planificación en un servicio esencial”, ha remachado Verdera. Por último, Liberto Senderos, de Vox, ha centrado su discurso en criticar la regularización de inmigrantes –“¿Dónde están los límites?”, se ha preguntado- y el hecho de que se gobierne “a base de discursos humanitarios” sin un presupuesto que pueda sufragarlos.

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