Los críticos con la ZBE de Barcelona usan la contaminación de Tersa para defender al vehículo privado en los tribunales

Mientras la investigación penal sobre la presunta contaminación causada por la incineradora de Tersa se encamina a juicio, el impacto medioambiental de la planta que quema más de 300.000 toneladas anuales de basura en Sant Adrià de Besòs cobra protagonismo en las causas judiciales que se dirimen en relación con la calidad del aire de Barcelona. Lo evidencian las dos recientes sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), adelantadas por EL PERIÓDICO, que desechan los argumentos de los demandantes y avalan la actualizada ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital catalana.

Los recurrentes contra el reglamento, el Gremi de Tallers de Barcelona y la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, esgrimen un reguero de argumentos para defender una supuesta desproporción de la norma contra los vehículos sin etiqueta ambiental que, al parecer de estas entidades, no contaminan tanto como para ser vetados en las calles barcelonesas. Y entre esos argumentos insisten en la contaminación de la incineradora de Tersa, una empresa pública de la que el Ayuntamiento de Barcelona dispone el 58,35% de la propiedad a través de la compañía municipal BSM y el 41,16% está en manos del Área Metropolitana. En la anterior tanda de sentencias del TSJC sobre las ZBE barcelonesas ya se mencionaba la intención de los recurrentes de apelar a la planta de valoración energética como factor de contaminación en la capital y su entorno.

El Gremi de Tallers de Barcelona pone de relieve que la incineradora “está siendo investigada judicialmente”, por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Alega que las pesquisas sobre Tersa se han basado en la "existencia de indicios fundados de que, en determinados momentos de su funcionamiento, en la planta de residuos investigada se podía estar utilizando un algoritmo” supuestamente no homologado ni preciso para medir las temperaturas de cremación, unos indicadores clave para certificar que se contenía la polución. “Podría no estar proporcionando resultados reales a la administración", postula el gremio. Cuestiona que, a través de esa fórmula supuestamente fraudulenta, "la empresa estaría contando con la renovación de las licencias de actividad que cada año le viene concediendo la Generalitat”. Tersa defiende que su planta ha cumplido con los valores límite de emisiones en todo momento.

Bajo sospecha

El Gremi de Tallers de Barcelona afirma que la instrucción penal contra la incineradora “pondría bajo sospecha la propia tramitación del expediente de la ordenanza de ZBE”. A su juicio, “desvirtuaría las mediciones de la propia estación de control de Barcelona, la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica”, y se hincharía la contribución a la polución por dióxido de nitrógeno atribuida al tráfico de vehículos sin adhesivo ambiental. El juez, por su parte, sostiene que apelar al caso de Tersa no es un argumento suficiente como “para dejar sin efecto y cuestionar la ZBE” barcelonesa.

El Gremi de Tallers de Barcelona y la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias apuntan a la central de residuos para tachar el veto a los vehículos sin etiqueta de desproporcionado

En cuanto al recurso de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, la mención a Tersa es más breve pero se acomete con la misma intención: excusar a los vehículos en relación a la contaminación del aire de Barcelona. En ese sentido, la plataforma incluye a la incineradora junto a la Zona Franca, el aeropuerto y el puerto de Barcelona como principales focos del daño al medio ambiente en la capital para, a renglón seguido, afirmar: “La medida restrictiva sobre los coches no resulta, pues, proporcional, siendo además que los vehículos que pueden circular contaminarán tanto o más que aquellos a los que no se les permite”.

Los magistrados se zafan del razonamiento aludiendo a que “Tersa es una cuestión que no corresponde abordar aquí, excediendo también de la competencia territorial del consistorio”. La incineradora no se sitúa dentro del término de Barcelona, sino en territorio de Sant Adrià, muy cerca del límite con la capital.

La compañía pública está a la expectativa de los últimos trámites previos a que se ponga fecha al juicio. La Fiscalía y la acusación ejercida por la entidad Airenet sostienen que los hechos que se enjuiciarán pudieron entrañar un presunto riesgo grave para la salud y solicitan cuatro años de prisión para el exjefe de explotación de la central. Por su parte, Tersa niega que la incineradora haya comprometido la salud de los vecinos del entorno o el medio ambiente. La empresa considera que el procedimiento judicial “se circunscribe ahora al debate sobre el cumplimiento de alguna de las condiciones técnicas concretas del proceso de combustión”.

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