“Seguimos esperando el dinero”: la guardería que cerró por sorpresa en Hostafrancs adeuda cuotas a una veintena de familias

El próximo 18 de febrero se cumplirá un año del cierre abrupto de la escuela infantil El Cau, en el barrio barcelonés de Hostafrancs. Doce meses después de aquella clausura repentina, que afectó a cerca de 70 familias sin previo aviso, una veintena de ellas asegura que sigue esperando la devolución del dinero que pagaron por un servicio que no pudieron recibir. Mientras tanto, el centro ha reabierto sus puertas en el mismo local de la calle Vilardell, del que había sido desalojado por impagos acumulados desde la pandemia.

Aquel día, las familias recibieron un primer correo electrónico informando del cierre inmediato. Horas después, otro mensaje transmitía un tono más tranquilizador: decían estar “haciendo gestiones para reabrir” y esperaban resolver la situación en “dos o tres días”. No obstante, no pudieron reabrir hasta el mes de junio. Así, de un día para otro, madres y padres se quedaron sin un lugar donde dejar a bebés de entre cero y dos años. Pagaban entre 500 y 600 euros mensuales de cuota y desconocían los problemas económicos del centro.

Familias reclaman los pagos pendientes

Un año después, la situación económica no se ha regularizado completamente. Algunas familias han recibido ya la devolución parcial de la matrícula y de la segunda mitad de febrero de 2025. Pero, según explican los afectados, una veintena sigue esperando el reembolso aproximado de entre 280 y 300 euros por familia.

“A día de hoy seguimos sin recibir ninguna explicación clara ni la devolución del dinero que se nos debe”, denuncia Marta, madre de uno de los niños afectados. “Además, la guardería ha vuelto a abrir sus puertas, algo que nos parece un despropósito teniendo en cuenta cómo se produjo el cierre y el trato recibido por las familias”, opina.

Marta afirma que la comunicación con la dirección durante el último año fue escasa: “Recibimos emails suyos, pero no asumían responsabilidades. Se victimizaban y no daban plazos claros de reembolsos. En junio supimos que El Cau reabría y a día de hoy está funcionando, pero a muchas familias no se nos ha devuelto el dinero. Es surrealista”.

Otra madre afectada, que prefiere mantenerse en el anonimato, sí ha recuperado la cantidad que le correspondía, aunque asegura que fue necesario "insistir mucho". “El cierre nos cogió por sorpresa. Estábamos contentos con el proyecto de El Cau y tuvimos que buscar rápidamente otra escuela. Ahora no estamos en el centro ideal, pero tuvimos que matricular a nuestro hijo allí por supervivencia”, dice.

No obstante, pese al malestar por la gestión administrativa, los padres coinciden en destacar la calidad educativa del centro: “No me parece mal que reabran, porque tienen un buen proyecto y las educadoras trabajan muy bien”, señala la segunda afectada, aunque reconoce que sería conveniente que hicieran "autocrítica" tras lo sucedido.

"Que nos dejen trabajar"

Raquel Cruz, directora de El Cau, ha atendido a las preguntas de este diario. Lamenta lo ocurrido y asegura que su prioridad siempre fue cuidar de los niños. "Habría sido más fácil cerrar, pero queríamos seguir con el proyecto y hemos reabierto. Estamos pagando poco a poco como podemos”, declara.

Sobre las quejas de algunos padres y madres, afirma que “son cuatro familias indignadas por 200 o 300 euros, que se les pagará" y lamenta que no tienen en cuenta que "sus hijos estaban super contentos" en la escuelita. "Ha pasado un año. Que nos dejen trabajar y no nos hagan daño. Si no, no podrán cobrar”, añade.

La directora también manifiesta que ha recibido "amenazas" de algunos padres que, asegura, "quieren hundirla" y cree que “no denuncian a la escuela legalmente porque en realidad les da igual cobrar, lo que quieren hacen daño”. Y es que afirma que las familias de su centro privado "van bien de dinero" y "les da rabia tener que llevar a sus hijos a centros que ellos no habrían elegido". Asimismo, defiende que la escuela no hizo reuniones colectivas hace un año debido al clima de tensión y por recomendación de su abogado.

Sobre la situación financiera que atravesó el centro, Raquel explica que “después de la pandemia fue todo muy complicado" y que "no se imaginaban" que iban a ser desalojados. "La jueza se comportó mal", sentencia. Ahora, insiste en que está tratando de dejar esta crisis atrás: "Nos está costando mucho recuperarnos y queremos que esto se acabe. Estamos pagando y seguiremos haciéndolo”.

Algunas familias consultadas por este diario afirman que han acudido a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para solicitar ayuda. Hasta ahora no se ha presentado una denuncia colectiva, según dicen los afectados, porque "confiaban en que, con la reapertura, se regularizarían los pagos". Sin embargo, después de un año esperando, insisten en dar visibilidad a su reclamación y en recibir prontamente el reembolso correspondiente y "una disculpa" por la gestión.