Una exjefa de TMB acusa ante la jueza a directivos de la entidad de "presiones e injerencias" por un caso de acoso laboral

La exresponsable de cumplimiento normativo de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha acusado ante una jueza de Barcelona a directivos de esta empresa pública de "presiones e injerencias" en un expediente de acoso laboral, según fuentes jurídicas consultadas por este diario. De este modo, la exempleada de TMB se ha ratificado en la querella que presentó contra el consejero delegado, Xavier Flores, y otros dos directivos de la entidad que gestiona el metro y el bus de Barcelona.

La querellante, representada por el abogado Andreu Van den Eynde, era la responsable de investigar irregularidades internas y fue despedida en 2024. La magistrada Miriam de Rosa ha citado a declarar a Flores y a los otros dos investigados —la directora de Recursos Humanos y el director jurídico—, defendidos por el letrado Rafael Entrena, el próximo 10 de febrero.

Como encargada de las investigaciones que reportaban los trabajadores, la denunciante abrió un expediente por un presunto caso de acoso laboral a una empleada que implicaba a la directora de Recursos Humanos. Este expediente fue, precisamente, el detonante —según la exjefa de compliance— de su despido, ya que insistió en investigarlo en contra de las indicaciones de sus superiores.

Este miércoles explicó a la jueza que fue represaliada y despedida a raíz de dicho expediente y que fue “presionada” para que reflexionara sobre la conveniencia de remitirlo a la fiscalía, como ella proponía. Finalmente, el caso sí fue enviado a la fiscalía, pero el ministerio público acabó archivándolo, según la defensa de los directivos de TMB investigados. Sin embargo, fuentes cercanas a la denunciante aseguran a este diario hay una querella admitida por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona.

Según la versión de la exdirectiva de TMB que ha presentado la querella, fue el consejero delegado de la empresa pública quien le pidió que reflexionara sobre la procedencia de enviar a la Fiscalía el expediente de acoso laboral en el que se vio envuelta la directora de Recursos Humanos, al considerar que las imputaciones no estaban claras y que podrían ocasionar un perjuicio reputacional a un alto cargo de la compañía. La querellante ha sostenido que, a partir de esa discrepancia, “se fabricó” un expediente “mendaz” contra ella por el mismo motivo —acoso laboral—, que acabó con su despido.

Fuentes de la empresa pública han señalado que en ese expediente, cuestionado por la exjefa denunciante, declararon una quincena de testigos y quedó constancia de que algunos empleados del departamento habían tenido que coger la baja laboral por estrés. La denunciante sostiene que en dicho expediente se le aplicó un protocolo elaborado ex profeso para poder despedirla.

Veinte años de experiencia

La responsable despedida es una profesional con casi dos décadas de experiencia en la empresa. Empezó a trabajar en TMB en 2006 y, en 2018, fue nombrada responsable del área de protección de datos y buen gobierno de la compañía pública, que cuenta con una plantilla de 9.000 trabajadores. La querellante ha participado en diversas conferencias especializadas en cumplimiento normativo (compliance) en instituciones como el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

La exdirectiva reconoció ante la jueza que era una persona “estricta” en el trabajo y defendió su labor al frente del servicio de cumplimiento normativo. Obtuvo la protección como alertadora de corrupción de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), pese a lo cual fue despedida de TMB en octubre de 2024.

En un informe de septiembre de 2025, OAC dictaminó que su despido constituía una posible represalia por su trabajo como responsable de cumplimiento normativo. La querellante responsabiliza a la cúpula de TMB de los intentos de desactivar su labor, así como de coaccionarla y desprestigiarla internamente, y de llevar a cabo diversas injerencias en la autonomía que la ley otorga a los responsables de compliance.

Durante los meses posteriores, hasta su suspensión cautelar en septiembre de 2024 y su despido en octubre de ese mismo año, la denunciante sostiene que fue excluida de los comités de dirección y que se incrementó la “falta de respaldo y refuerzo institucional”. El informe de la OAC respalda su versión al señalar que TMB creó un “protocolo precipitado” para la gestión de incidentes de acoso laboral que no respetó las garantías de la denunciante, al iniciarse fuera de los canales establecidos y externalizar varios informes clave.

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