Barcelona blinda con un decreto retroactivo la suspensión ‘sine die’ de las multas de la ZBE por la crisis de Rodalies

La suspensión de las multas a los vehículos más contaminantes en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) catalanas, como compensación para beneficiar la movilidad en vehículo privado ante la crisis de Rodalies, gana solidez jurídica esta semana. Tras 12 días de exención práctica, sin cursar expedientes sancionadores a los coches cazados por las cámaras, ayuntamientos como el de Barcelona se han blindado con decretos retroactivos y sin limitación temporal definida.

La errática suspensión de las ZBE por parte de la Generalitat de Catalunya ha causado desconcierto entre las administraciones locales, competentes de su aplicación. Formalmente, el veto a los vehículos contaminantes y sin etiqueta ambiental emana de las ordenanzas municipales que dependen de cada ayuntamiento, si bien estos reglamentos ya contemplan en su articulado una cláusula para suspensiones excepcionales en caso de emergencia.

De hecho, existe debate jurídico sobre si es necesario aprobar decretos específicos para suspender las ZBE, como finalmente ha ocurrido, ya que hay dudas de la base jurídica de la mera instancia de la Generalitat de Catalunya a los consistorios. Los decretos de alcaldía municipales ofrecen certidumbre ante la caída de una política que, anómalamente, volvió a activarse el pasado sábado y cuya suspensión ha vuelto a anunciar este martes el ejecutivo catalán.

Los decretos aprobados estos días por consistorios con ZBE en vigor han sido remitidos al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), administración que ofrece apoyo técnico y coordina la política medioambiental que empezó en la capital y cuatro ciudades ubicadas en el perímetro de las Rondas de Barcelona: L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.

Sin límite temporal definido

El alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha hecho público que se dispone a firmar un decreto este martes “a petición de la Generalitat” para “prorrogar sine die la exención”, hasta recuperar “la normalidad” ferroviaria. EL PERIÓDICO ha consultado el decreto, firmado a las 11:45 h por el edil, y ha podido comprobar que blinda la suspensión de forma retroactiva y sin fijar cuándo finalizará.

El documento establece una autorización “con carácter excepcional” al acceso de estos vehículos al territorio de circulación restringida “con efectos desde el 22 de enero de 2026 hasta la Resolución de la Generalitat de Catalunya de levantamiento de las medidas para hacer frente a las irregularidades del servicio ferroviario de Rodalies”, reza el texto.

El decreto recuerda también que el artículo 12.2 de la ordenanza, aprobada en 2023 por el pleno, dispone que “por razones de interés general, puede autorizarse el acceso a la ZBE, mediante resolución motivada del alcalde o alcaldesa”. “Este decreto de alcaldía da respuesta administrativa” a esta cláusula, responden a este diario fuentes municipales, que a su vez confirman que se ha parado de multar sin que la ordenanza dejara de estar en vigor ni se desconectaran las cámaras. “A partir de ese día [el 22 de enero, cuando la Generalitat comunicó la medida por primera vez], se desactivaron las sanciones”, remachan.

Collboni también ha anunciado un refuerzo de los informadores municipales en estaciones de tren para ayudar a orientar a los viajeros sobre alteraciones del servicio. La dotación pasa de 20 a 24 trabajadores para llegar ahora a diez estaciones (dos más, al incorporar Torre Baró y Sant Andreu). Asimismo, el comité municipal de movilidad que evalúa la situación y que se coordina con el Govern seguirá reuniéndose cada mañana en el consistorio. “Continuamos viviendo una situación inaceptable. Pedimos volver a la normalidad lo antes posible”, ha zanjado Collboni.

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