Barcelona tiene identificados a 24.000 inmigrantes sin papeles que pueden acogerse a la regularización

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha revelado este viernes que el ayuntamiento tiene identificados a 24.000 inmigrantes que residen en la ciudad sin la documentación en regla y que pueden acogerse al proceso de regularización aprobado por el Gobierno de España, que prevé extenderse a medio millón de personas en todo el país. El edil ha puntualizado que no son los únicos vecinos de la capital catalana sin la estancia legalizada. “No quiere decir que solo se regularicen a esas 24.000 personas, hay más, desafortunadamente”, ha reconocido.

Collboni ha anunciado esta mañana que un grupo de trabajo conjunto del consistorio y la Delegación del Gobierno en Catalunya se creará el próximo lunes para “facilitar y agilizar la tramitación de las regularizaciones extraordinarias”. Los 24.000 inmigrantes sin papeles que los servicios municipales tienen detectados entrarán primero en el proceso para obtener el permiso de residencia.

“Dado que las tenemos detectadas, serán las personas sobre las que actuaremos haciendo las actuaciones más rápidas e inmediatas”, ha señalado el alcalde, que se ha reunido esta mañana con el delegado del gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. Collboni ha opinado que el proceso de regularización extraordinario acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez es una “grandísima oportunidad”.

“Por un lado, lo es para dignificar las condiciones de vida de muchas personas migrantes que, en estos momentos, se encuentran en situación irregular y, por otro lado, lo es para facilitar que se cubran puestos de trabajo”, ha subrayado. Asimismo, el alcalde ha remarcado que “muchas empresas y muchas patronales” reclaman que la concesión de los permisos de residencia a quienes ahora carecen de ellos “sea lo más ágil y lo más rápida posible para sacar del limbo legal en que se encuentran muchas personas migradas”.

Collboni no ha concretado cuándo el ayuntamiento tiene previsto acabar con los trámites que le correspondrán para regularizar a miles de personas en Barcelona, más allá de expresar que será “lo antes posible”. “Ahora estamos pendientes que el ministerio haga una instrucción de cómo aplicar esta regularización”, ha apuntado el socialista. A su vez, ha recordado que las solicitudes en el proceso extraordinario se pueden presentar hasta julio.

El alcalde ha destacado que esta no es la primera regularización extraordinaria que la plantilla del consistorio afronta. “Tenemos muchos funcionarios y funcionarias que ya habían participado en otras, con presidentes de todos los colores políticos, por cierto -ha reparado-. Pondremos la experiencia del ayuntamiento al servicio de esta gran oportunidad”.

Moción de urgencia

El gobierno de Collboni ha aprovechado el pleno de este viernes para escenificar su apoyo al proceso de regularización aprobado por el Gobierno. El PSC ha presentado una moción de urgencia para expresar, debatir e insistir en este apoyo, en sustitución de la iniciativa que tenía previsto defender para reconocer la “necesidad urgente” de renovar el modelo de financiación autonómica. BComú y ERC se han sumado a la propuesta socialista, mientras que Junts se ha abstenido, y PP y Vox han votado en contra.

Más allá de manifestar su apoyo al proceso de regularización, el texto aprobado reafirma el compromiso del ayuntamiento con “la igualdad de oportunidades, la inclusión y la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación”, además de condenar los discursos de odio. Asimismo, el consistorio se pone a disposición tanto del Estado como de la Generalitat para facilitar, desde el ámbito de las competencias municipales, los trámites necesarios para que las personas beneficiarias puedan acogerse a la regularización.

Durante el debate, la teniente de alcaldía del área social, Raquel Gil, ha defendido que las regularizaciones extraordinarias son una “práctica consolidada” en la gestión migratoria, con un impacto social positivo que contribuye a construir ciudad desde el reconocimiento de derechos. Desde Junts, Neus Munté ha subrayado que acoger “no es solo abrir la puerta” y ha reclamado el traspaso de competencias en inmigración. En la misma línea, BComú, a través de Jess González, ha pedido “decisiones concretas y recursos” y coherencia al gobierno municipal.

Por su parte, la concejal de ERC Eva Baró ha defendido la medida como un reconocimiento de una realidad existente que afecta a personas migrantes “invisibilizadas” y abocadas a la precariedad. En cambio, el líder del PP, Daniel Sirera, ha criticado que la iniciativa traslade a los ayuntamientos una política migratoria “caótica, improvisada y sin recursos”, mientras que Vox la ha calificado de “maniobra desesperada” que, a su juicio, incentiva la entrada irregular.

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