La gran concesión de agua para ocho ciudades del área de Barcelona ascenderá a 1.000 millones

La gran concesión del suministro de agua para ocho ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) con contratas caducadas, Sant Cugat del Vallès entre ellas, está a punto de caramelo. El Consejo Metropolitano del AMB tiene previsto aprobar este 27 de enero el expediente de contratación para el servicio, a partir del cual la licitación pública podrá echar a andar. Con más de un mes de retraso, ya que el inicio del proceso estaba calendarizado para el pasado 15 de diciembre. El valor estimado del contrato, además, se ha incrementado en relación a la estimación que había hasta la fecha: ascenderá finalmente a 1.078 millones de euros.

Es el importe que consta en el acuerdo al que el Pleno del AMB prevé dar luz verde este martes. En la misma línea que al estudio de viabilidad del servicio, que apoyaron en abril del año pasado PSC —con mayoría absoluta— y Junts, con los votos desfavorables de Comuns y ERC y las abstenciones de PP y Junts per Tiana. El importe del valor estimado del contrato ha aumentado en unos 200 millones de euros en relación a la previsión hasta ahora del AMB, que en su Plan de Contratación 2025 había consignado una futura licitación de 795,2 millones, tal y como adelantó EL PERIÓDICO.

El contrato cobra relevancia porque complementará el servicio que presta actualmente —y con vigencia hasta el año 2047— en Barcelona y otras 22 ciudades la empresa mixta Aigües de Barcelona, integrada por el Grupo Agbar (70%), Criteria (15%) y el propio AMB (15%). Se trata de una de las grandes concesiones de agua en Catalunya de los últimos tiempos: aunque aún no se ha abierto formalmente el concurso público, se estima que acudirán a la puja los grandes operadores del sector del agua en España, como el grupo Agbar (Veolia); Aqualia (FCC); Acciona; Sacyr; Gestagua (Saur); o Global Omnium (Aguas de Valencia). Muestra de su importancia fue el choque entre el AMB i Aigües de Barcelona por la adjudicación del contrato.

Aunque la duración estimada del contrato es de 25 años —lo que sitúa su finalización el año 2051—, la licitación contemplará la posibilidad de una prórroga de otros casi cuatro años. La suma de la partida referente a la 'duración base' del contrato (937,4 millones) y la de la potencial prórroga (140,6 millones) es la que arroja el montante de 1.078 millones. Fuentes metropolitanas consultadas subrayan que la licitación estará fundamentada en una estimación sujeta a futuros imponderables.

Durante el primer año de contrato, la concesionaria ganadora del concurso quedará comprometida a una inversión inicial de 7 millones en concepto de "inversiones de implantación necesarias para el inicio de las actividades de explotación". Sant Cugat del Vallès se llevará el grueso de esa inversión inicial (3,2 millones) y el resto se repartirá entre los otros siete municipios incluidos en la contrata: Cervelló; Corbera de Llobregat; La Palma de Cervelló; Tiana; Sant Andreu de la Barca; Molins de Rei; y Ripollet. En el cómputo global, el contrato exigirá un total de 170 millones de inversión en los ocho municipios, de los cuales casi 80 millones irán destinados a Sant Cugat.

La convivencia de tres modelos de gestión de agua en el AMB

La nueva concesión implicará que en el perímetro del AMB convivan tres modelos de gestión: el de la empresa mixta Aigües de Barcelona; el de las empresas municipales que perviven (Aigües de Barberà, en Barberà del Vallès; Aigües de Sabadell, en Bellaterra; Aigües de Castellbisbal, en Castellbisbal, también participada por el AMB; y Aigües del Prat, en El Prat de Llobregat); y el de la futura concesionaria para las ocho ciudades mencionadas. De todos estos servicios, sólo los de Barberà y El Prat se consideran de gestión directa, es decir, que son los ayuntamientos los que asumen íntegramente el servicio. El resto son de gestión indirecta a través de sociedades cuyo capital no es 100% público.

Las inversiones representarán un soplo de aire fresco para ciudades lastradas por contratas caducadas años atrás y en situación de excepcional transitoriedad. Sin ir más lejos, Cervelló, Sant Cugat y Tiana prorrogaron su contrato con Sorea (Agbar) en diciembre del 2020, diciembre del 2022 y mayo del 2023, respectivamente. Sant Andreu de la Barca y Molins de Rei, por su parte, prorrogaron la contrata con Aqualia (FCC) en febrero y mayo del 2023, respectivamente. Y luego hay casos flagrantes como Corbera de llobregat, que va por la séptima prórroga contractual de un acuerdo suscrito con la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) en 1989.

El origen de la necesidad de que el AMB asuma la gestión del agua en estos ocho municipios está en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de octubre de 2020 que ratificó la competencia metropolitana sobre el servicio del agua y obligó al AMB a anular y reformar el Reglament Metropolità del Servei del Cicle Integral de l'Aigua. Hasta ese momento, y a partir de una modificación reglamentaria impulsada en abril del 2017 por los Comuns bajo la presidencia metropolitana de la exalcaldesa Ada Colau, el AMB fiaba a la autonomía de cada municipio la prestación del servicio.

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