Fiscalía investiga a Albiol por el desalojo de los migrantes del B9 en Badalona

Investigación abierta por el desalojo de cientos de migrantes del antiguo instituto municipal B9 de Badalona. La Fiscalía provincial de Barcelona ha confirmado a EL PERIÓDICO la apertura de diligencias de investigación a partir de diversas denuncias penales contra el alcalde Xavier Garcia Albiol (PP), entre ellas la firmada por el eurodiputado Jaume Asens (Comuns). En su texto, Asens afirma que en el polémico desalojo ocurrieron "hechos que indiciariamente podrían ser constitutivos" de un delito de denegación de servicio público por motivos discriminatorios y un delito de odio, penado este segundo con prisión. Subsidiariamente, Asens pide al Ministerio Fiscal investigar posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa.

Las diligencias de investigación solicitadas van desde un requerimiento al Ayuntamiento de Badalona sobre las actuaciones realizadas para cumplir con las exigencias del auto del desalojo, hasta un requerimiento de los informes de Servicios Sociales sobre las actuaciones posteriores a la desocupación. Pasando por la citación como testigo a un periodista de 'La Directa', medio que publicó unas controvertidas declaraciones de Albiol a un grupo de vecinos contrarios al realojamiento de los migrantes.

Consultadas por este diario acerca de la investigación de Fiscalía, fuentes municipales de Badalona aseguran que el desalojo del B9 "se cumplió de forma escrupulosa la resolución judicial". El gobierno municipal sustenta su posición en el dispositivo de Servicios Sociales que desplegó en el viejo instituto. "La denuncia es un despropósito, un intento más de utilizar la Justicia como un mecanismo en favor de sus intereses, pervirtiéndola y acudiendo a ella de forma continua sin fundamentación ni técnica ni jurídica", remachan fuentes del Ayuntamiento de Badalona. Por su parte, Badalona en Comú ha enviado un comunicado en que consideran la decisión de la Fiscalía "una buena noticia para la defensa de los derechos humanos y para la garantía de que, en un estado de derecho, nadie está por encima de la ley, tampoco un alcalde". Los Comuns confían en que la investigación "llegue hasta el final y que se depuren todas las responsabilidades políticas y judiciales que se puedan derivar".

El alcalde Albiol, que aseguró que “no gastaría un euro” en dar realojo a “delincuentes”, ha explicado en varias ocasiones que durante la desocupación “había dentro una unidad con diez trabajadores de Servicios Sociales para atender a todas las personas” que así lo requiriesen. Finalmente, unas cincuenta pidieron asistencia 'in situ' a los trabajadores municipales. A ese operativo es al que el gobierno municipal apela para justificar haber cumplido lo que disponía la resolución judicial.

El tenor literal del auto de desalojo

El movimiento de Fiscalía llega después de que el Ministerio Público ya exigiera en diciembre explicaciones sobre la protección que el consistorio badalonés ofreció a los desalojados. Esa información fue solicitada al juzgado contencioso-administrativo que dio luz verde a la desocupación. En el auto de desalojo, la jueza señalaba que el operativo se debía efectuar "siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales a los efectos de prestarles la atención del programa de atención social", y "remitiendo informe de lo actuado" a este respecto. En la notificación constaba que "no hay presencia de niños y mujeres permanente en el recinto".

El escrito de la magistrada cita informes del equipo de detección y atención a las personas en situación de sinhogarismo municipal fechados el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de octubre de 2025. Y señala que "deberán implementarse tal y como se recogen en el mismo". En estos escritos se concluye que "en el momento del lanzamiento y salida del bien inmueble, se activará un dispositivo municipal para atender a aquellas personas que hagan una demanda social concreta".

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