De un asentamiento enquistado al malestar de los vecinos: las 5 incógnitas del desalojo del B9 de Badalona un mes después

Las máquinas tardaron pocas horas en entrar al antiguo instituto B9 para derruir lo que un día fue el mayor asentamiento de Catalunya, pero el enquistamiento de un nuevo campamento de más de 50 personas que malviven bajo el puente de la C-31 de Badalona corrobora que el problema sigue vivo un mes después de la desocupación.

Las entidades sociales continúan trabajando sobre el terreno, y la Generalitat devolvió la gestión de los desalojados al gobierno Albiol hace dos semanas, tras realojar a más de 150 personas. Del nuevo asentamiento al malestar de los vecinos del barrio, pasando por los pormenores del dispositivo de realojo o una denuncia ante Fiscalía, EL PERIÓDICO repasa las cinco incógnitas del caso después de treinta días del desalojo del B9.

¿Qué va a ocurrir con el asentemiento enquistado bajo la C-31?

Según los datos facilitados a este diario por el Ayuntamiento de Badalona, de las 59 personas censadas bajo el puente de la C-31, apenas ocho habitaron el B9. Fuentes municipales lo atribuyen a un "efecto llamada", señalan que ha sido complejo elaborar el listado ya que el número de acampados "varia según la hora y el día", y aseguran que han encontrado casos de personas que se han desplazado desde municipios como Molins de Rei, Vic o Manresa. "Se trata de población fluctuante", confirma el portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués, que sin embargo calcula que "un 60% de los acampados sí proviene del B9". "Es lo que suele pasar con este tipo de asentamientos, que personas sintecho procuran juntarse para estar más seguros", apunta el activista.

Las condiciones de quienes malviven bajo el puente han ido empeorando con el paso del tiempo. Sagués, que colabora desde el primer día en la asistencia a los acampados, sostiene que continúa la dualidad de perfiles entre ellos. Si bien hay quienes no se marchan porque no quieren abandonar los carros y las herramientas con las que buscan chatarra, también los hay que, "debido al largo tiempo que llevan malviviendo en estas condiciones están, por desgracia, adaptados a esta vida, y no tienen visos de salir de ella". Además, no son pocas las personas que adolecen problemas de salud mental y que "necesitan atención médica por parte de profesionales". "Es preocupante que la situación se alargue, no podemos seguir así ni por las personas ni por el entorno", señala Sagués, que pide culminar el proceso de realojamiento.

El Ayuntamiento de Badalona se limita a afirmar que "los Servicios Sociales harán el seguimiento que corresponda en cada caso", aunque oficialmente no aclara cuál es la hoja de ruta municipal en relación al asentamiento. Fuentes conocedoras del caso sitúan en la órbita municipal la intención de recuperar el espacio público que ahora ocupan los migrantes. Drets Socials, por su parte, recuerda que "las personas desalojadas son ciudadanos de Badalona que requieren un seguimiento y acompañamiento para mejorar sus situaciones específicas".

¿Están ahora los vecinos de las inmediaciones del B9 mejor que antes del desalojo?

Los vecinos de las inmediaciones del B9, de los barrios del Remei y de Sant Roc, habían denunciado durante toda la ocupación del B9 que el asentamiento causaba problemas de convivencia, insalubridad y delincuencia. En las horas inmediatamente posteriores al desalojo, la Associació Veïnal El Remei refería haber visto a algunos desalojados tratando de levantar persianas y romper candados. Muchos vecinos del barrio que viven en las plantas bajas reforzaron cerraduras, asegura la entidad vecinal. Si bien la situación se suavizó durante los días de intenso frío y lluvia constante de la Navidad, a tenor de la entidad volvió a empeorar tras la mejora de la climatología: "Las calles del barrio están llenas de personas que no relacionamos con el B9, que suelen ir borrachas y acaban tiradas por el suelo", lamenta Silvia Jordan, presidenta de la entidad vecinal.

"Las personas que vemos ahora nos parecen más conflictivas, creemos que sus condiciones personales son aún peores de los que estaban en el B9", sostiene Jordan, que asegura tener claro que "si malvives, puedes tener más adicciones; y con más adicciones, te vuelves más violento; una cosa lleva a la otra". Hastiada por la "falta de soluciones" y "las excusas" aportadas por las administraciones, Jordan asegura que llamó por teléfono a la embajada de Senegal y de otros de los países del África subsahariana ―de donde provienen buena parte de los exocupantes del B9― para pedirles ayuda o mediación. La respuesta fue que en ese momento no podían hacer nada, asegura Jordan. "En el barrio se está normalizando algo que no se puede normalizar, que es un rastro de miseria y de insalubridad; después de un mes estas personas no pueden seguir así, no es bueno para ellos ni para nosotros", clama Jordan.

¿Cumplió Albiol con las exigencias del auto judicial que autorizaba el desalajo?

Tras casi dos años y medio de resoluciones judiciales que denegaban la desocupación alegando que no existía alternativa habitacional para los ocupantes, el Ayuntamiento de Badalona recibió el pasado 4 de diciembre el auto judicial que finalmente autorizaba la entrada en el recinto. La jueza, eso sí, disponía que el desalojo "se lleve a cabo siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales".

El alcalde Albiol, que aseguró que “no gastaría un euro” en dar realojo a “delincuentes”, ha explicado en varias ocasiones que durante la desocupación “había dentro una unidad con diez trabajadores de Servicios Sociales para atender a todas las personas” que así lo requiriesen. Finalmente, unas cincuenta pidieron asistencia 'in situ' a los trabajadores municipales. A ese operativo es al que el gobierno municipal apela para justificar haber cumplido lo que disponía la resolución judicial.

¿Por qué no tenían ni el Ayuntamiento ni la Generalitat preparado un dispositivo de realojo en plenas Navidades?

En las horas inmediatamente posteriores al desalojo, unos 100 exocupantes del B9 acamparon en una cercana plaza, ya que no tenían adonde ir. No fueron acogidos en el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), pues la desocupación estaba planificada y, por lo tanto, el servicio de acogida del CUESB no aplica al no tratarse de un "caso de urgencia o emergencia sobrevenida". Tampoco pudieron recibir asistencia ni cobijo unas 15 personas en una parroquia del barrio de Sant Crist, ya que vecinos del barrio lo impidieron, y durante los primeros días hubo enfrentamientos verbales entre defensores y detractores de ofrecer asistencia a los desalojados. Mientras Albiol deslizaba la falta de implicación de la Generalitat, Drets Socials situaba la responsabilidad de realojar en el terreno de juego del alcalde.

El primer golpe del desalojo lo pararon personas particulares y entidades sociales. El primer acuerdo efectivo para el realojamiento se sustanció la noche del 23 de diciembre, una semana después de la desocupación. Apenas aceptaron las condiciones una treintena de los que dormían bajo el puente, lo que marcó el inicio de la consolidación del nuevo asentamiento.

El último día de 2025, el departament de Drets Socials anunció que la Generalitat devolvía la gestión de los desalojados al Ayuntamiento de Badalona. Hasta la fecha, las cifras oficiales sitúan en 153 las personas del B9 realojadas, 100 de las cuales derivadas a recursos financiados o activados por la Generalitat, y que están recibiendo seguimiento social por parte del departament de Drets Socials. "El alojamiento durará diversas semanas", apuntan fuentes del departament, "pero el seguimiento y acompañamiento social se puede alargar el tiempo que se determine para cada persona hasta acometer los objetivos propuestos". El "itinerario de inclusión" que se les ha preparado, y del que el departament no aporta valoración porque apenas ha empezado, busca "favorecer la gestión de situaciones administrativas, la formación por la inserción laboral y el acompañamiento social", y culminará con la derivación de sus casos al Ayuntamiento de Badalona.

¿Puede prosperar la denuncia ante Fiscalía de la gestión del alcalde de Badalona?

Pocos días después del desalojo del B9, los Comuns hicieron pública una denuncia ante Fiscalía a cargo de Jaume Asens por posibles delitos de odio y discriminación del alcalde Albiol. Consultada por este diario, Fiscalía únicamente confirma haber recibido la acción firmada por Asens: "El asunto se está estudiando pero aún no se han abierto diligencias de investigación", aseguran fuentes del Ministerio Público. Específicamente, el escrito interesa investigar penalmente a Albiol por supuestos delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios y delito de odio. O, subsidiariamente, por delito de desobediencia a la autoridad judicial y de delito de prevaricación administrativa. Aunque resulta complejo aventurar el futuro de estas acciones, un penalista consultado por este periódico asegura que "no tiene demasiadas posibilidades de prosperar porque el relato de los hechos es muy genérico". Otro abogado especialista en temas penales, por su parte, considera que en este caso tiene "muchas dudas" de que aplique al caso el delito de denegación de servicio público por motivos discriminatorios.

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