Terrassa y la Generalitat pactan una comisaría mixta en los antiguos juzgados para 2028 y abren mesas conjuntas en vivienda y salud

La Generalitat y el Ayuntamiento de Terrassa han reactivado este miércoles la comisión bilateral entre ambas instituciones, la primera de la legislatura, con una carpeta de acuerdos centrada en seguridad, vivienda, salud y equipamientos. La reunión, celebrada en el Palau de la Generalitat, ha terminado con comparecencia conjunta del conseller de Presidència, Albert Dalmau, y del alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que han descrito el encuentro como “constructivo” y orientado a “desencallar” proyectos que llevan años en lista de espera.

El compromiso más visible ha llegado en el ámbito de la seguridad: la Generalitat ha asumido acelerar la rehabilitación de los antiguos juzgados de la Rambla d’Ègara, de titularidad autonómica, para transformarlos en una Oficina de Atención Ciudadana policial que reúna a Mossos d’Esquadra y Policía Municipal. El calendario fijado sitúa el arranque de las obras a mediados de 2028, con la previsión de que la actuación quede completada en 2030. Según se ha detallado, el proyecto se moverá en torno a un presupuesto de 9 millones de euros y arrancará con la licitación y la redacción técnica necesarias para activar el trámite.

Ballart ha subrayado el valor simbólico del acuerdo: el edificio ha permanecido años cerrado y degradándose y, con la reforma, Terrassa ganará un equipamiento policial en pleno centro, con impacto también sobre el entorno urbano. Dalmau, por su parte, ha vinculado la operación a un refuerzo de la coordinación operativa entre cuerpos y a la mejora de la atención al ciudadano.

En vivienda, la bilateral ha acordado constituir una mesa de trabajo para coordinar actuaciones durante el primer semestre del año. Terrassa ha puesto a disposición de la reserva pública impulsada por el Govern 14 solares: 10 municipales, 3 de la administración autonómica y uno privado, con capacidad —según los cálculos trasladados— para levantar cerca de 600 viviendas, de las cuales 312 se orientarían al alquiler asequible. El objetivo del grupo será ordenar prioridades, plazos y fórmulas para activar suelo y acelerar promoción.

El capítulo de salud ha incorporado otro espacio de seguimiento: un grupo de trabajo velará por el cumplimiento del Pacto de Salud de Terrassa firmado en 2023, que incluye, entre otras medidas, la puesta en marcha del primer CUAP de la ciudad y la creación de dos CAP, además de actuaciones de traslado y ampliación en centros existentes. Desde el consistorio se ha insistido en que la presión asistencial ha ido al alza y que algunos centros operan desde hace años al límite de capacidad.

La bilateral también ha dejado tareas en el ámbito del deporte: Generalitat y Ayuntamiento han abierto la vía para el traspaso de instalaciones deportivas de titularidad autonómica —Can Palet–Can Jofresa, Vilardell y Pla Bon Aire— con el objetivo de definir gestión, mantenimiento e inversiones pendientes.

En clave de infraestructuras, Dalmau ha lanzado un mensaje político sobre la B-40, la conexión viaria entre Terrassa y Sabadell: la ha calificado como “una necesidad de país” y ha defendido su avance como pieza para mejorar movilidad y competitividad. El Govern ha señalado que ya se han activado licitaciones y estudios informativos y ambientales, y que el siguiente paso será la redacción de proyectos para pasar a fase de obras. Ballart, que ha presentado la autovía como un proyecto “de consenso” entre ciudades y administraciones, ha añadido que se ha abierto un entendimiento para estudiar una salida al noroeste de Terrassa que ayude a descongestionar tráfico interno.

La reunión ha servido, además, para situar sobre la mesa proyectos de perfil económico y estratégico. Dalmau ha explicitado apoyo al plan director de polígonos aprobado por el consistorio, con actuaciones en Bellots II y Palau Sud–Can Guitard, y ha citado el Parque Audiovisual de Terrassa como pieza relevante dentro del futuro Catalunya Media City.

En el cierre político, Ballart —líder de Tot per Terrassa, tras su salida del PSC en 2017— ha avalado el acuerdo de financiación autonómica anunciado la semana pasada por Govern, ERC y Ejecutivo central. El alcalde ha señalado que los recursos adicionales que podría obtener la Generalitat (en torno a 4.700 millones, según el modelo presentado) deberían traducirse en más atención primaria, nuevas escuelas, mejora de infraestructuras y mayores transferencias a municipios como Terrassa.

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