La Justicia mantiene el veto a los vehículos sin etiqueta ambiental en la actual ZBE de Barcelona

El mismo tribunal que tumbó una primera versión de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona es el que ahora avala judicialmente la actualización de la regulación acometida por el gran ayuntamiento catalán el año 2023. En dos nuevas sentencias a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) desestima un recurso del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona y de la Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries, que habían solicitado la nulidad de la regulación medioambiental. La resolución del TSJC blinda la postura municipal ante la obligación legal de implantar una ZBE y supone un precedente favorable para el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y sus municipios. Especialmente para los que también se vieron obligados a reformular sus reglamentos por imperativo judicial: L'Hospitalet, Cornellà y Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.

Se trata de las dos primeras resoluciones judiciales que se pronuncian sobre la nueva norma barcelonesa después de que el primer texto del 2019 recibiera tanto el revés del TSJC, en primer lugar, como del Tribunal Supremo posteriormente. Las sentencias cobran significado en cuanto a consolidación de políticas medioambientales de restricción de vehículos en Catalunya, materia impregnada de incertidumbre jurídica donde las administraciones públicas van ahora con pies de plomo y se apresuran en ser el máximo de garantistas ante las evidentes ampollas sociales que han levantado las ZBE. Por el momento, la regulación barcelonesa únicamente veta en el municipio a los vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), los más contaminantes. Está por ver cuándo da la capital el paso de restringir la circulación a los coches con etiqueta amarilla (B), un 15% de los coches que circulan, habida cuenta de que la regulación catalana exige que la medida opere con carácter general —en episodios de calta contaminación es desde este enero— al menos desde enero del 2028.

El principal argumento que utiliza el TSJC para dar su visto bueno a la norma barcelonesa pasa por remarcar que en esta ocasión el ayuntamiento está explícitamente obligado a poner en marcha una ZBE por la ley estatal de cambio climático y el real decreto que la desarrolla. Esta regulación es posterior al reglamento del 2019 que tumbó el TSJC por falta de justificación. El nuevo marco legal implica a ojos del TSJC que se eleve la exigencia probatoria a cargo del recurrente de las posibles irregularidades por parte del consistorio. Un incumplimiento que los magistrados no asumen, al estimar que el Gremi de Tallers no logra probar sus alegaciones y que "sus argumentos no pueden sustituir los del consistorio", los cuales considera "motivados y proporcionados".

"No recurriremos la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo", confirma a este diario Ramón Casas, secretario general del Gremi de Tallers. "Es una guerra perdida: ya recurrimos la primera ordenanza y el ayuntamiento hizo una segunda. Podría ser el cuento de nunca acabar: necesitaríamos unos fondos económicos que no tenemos", lamenta Casas. No obstante, sí está preparando un recurso de casación ante el Supremo la Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries, que ya impugnó la ordenanza del 2019 y que en esta ocasión, confirma el abogado David Neila, también han recibido el revés judicial del TSJC a su recurso en una segunda sentencia calcada a la del Gremi de Tallers.

Las críticas del Gremi de Tallers a la ZBE de Barcelona

La patronal de talleres barcelonesa esgrimía contra la ordenanza de ZBE barcelonesa razones como su falta de motivación, ausencia de fundamentación en datos objetivos, defectos de forma o carencias en la ponderación de otras fuentes de contaminación ajenas a los vehículos como el Port de Barcelona o la investigada penalmente incineradora Tersa, detallaba en su recurso el Gremi. A su vez, la entidad reprochaba al consistorio optar "injustificadamente por la medida más restrictiva de prohibir indiscriminadamente los vehículos sin distintivo ambiental".

A todas estas críticas el Ayuntamiento de Barcelona responde con una docena de informes municipales entre los que constan estudios sobre la calidad del aire en la capital; sobre el impacto presupuestario y socioeconómico de las ZBE; o una comparativa medioambiental con otras ciudade europeas. Algunos de estos dictámenes, como por ejemplo el de impacto económico, atienden a los defectos que el TSJC había reprochado en su primera tanda de resoluciones.

Además de apelar a la regulación estatal, las nuevas resoluciones del TSJC toman asimismo en consideración el varapalo europeo a España por parte del Tribunal de Justicia de la UE en relación a la contaminación de Barcelona y Madrid. El argumento europeo ayuda al TSJC a sustentar que "en la ordenanza de ZBE 2023 no se puede afirmar, como sí lo hicimos con la anterior del 2019, que los encargados de elaborarla no tengan la información necesaria que les permita estimar qué impacto tendrá en los ciudadanos".

Una decena de entidades llevaron la ZBE a los tribunales

Tanto el Gremi de Tallers como la Plataforma d'Afectats ya figuraron entre la decena de entidades que llevaron a los tribunales la primera ordenanza de ZBE de Barcelona. El elenco de organizaciones lo completaron el Gremi de Transport i Maquinaria de la Construcció; la Asociación General de Autónomos y Pimes Transportistas de Catalunya; la Federación Catalana de Transporte de Barcelona; la Asociación de Transportistas Agrupados Condal; Transprime Spanish Shippers Council; la Federación Catalana de Autotransporte de Viajeros; la Asociación de Empresarios de Transporte de Catalunya; y la Asociación de Familia Numerosas de Catalunya.

En esta ocasión, no hay constancia de que estas otras entidades hayan seguido la estela del Gremi y la Plataforma a la hora de impugnar la norma barcelonesa actualizada. Sí lograron todas ellas, sin embargo, que el Tribunal Supremo les diera la razón al desestimar los recursos interpuestos por la Generalitat de Catalunya, el AMB y el propio ayuntamiento de Barcelona contra las sentencia del TSJC que habían tumbado la primera norma barcelonesa.

Fuentes conocedoras del caso advierten, eso sí, de que el Supremo no entró en el fondo de la cuestión. "Todavía falta que en algún momento el Tribunal Supremo se pronuncie sobre hasta qué punto es legítimo proteger la calidad del aire en detrimento de la libertad de circulación", zanjan fuentes jurídicas del Gremi de Tallers.

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