Sant Cugat lidera el endurecimiento del padrón municipal tras detectar un "fraude" de cientos de altas

El endurecimiento del padrón municipal que ha liderado Sant Cugat del Vallès durante los últimos meses ha marcado el rumbo del municipio y lo ha posicionado como principal exponente de este tipo de política en Catalunya. El empadronamiento, un procedimiento administrativo ideado como un trámite neutro, se ha convertido de la mano de alcaldes de Junts en un debate de primer orden sobre quién puede inscribirse, con qué controles y qué consecuencias tiene para acceder a recursos públicos.

El gobierno municipal de Sant Cugat (Junts y ERC) enmarca su giro en la crisis habitacional y, sobre todo, en el acceso a la Vivienda de Protección Oficial (VPO). Su propuesta de subir de tres a diez años de residencia como requisito de empadronamiento supondría endurecer la entrada a la vivienda pública para quienes no acrediten un arraigo prolongado. El alcalde Josep Maria Vallès (Junts) defiende que es una manera de primar la integración y, de hecho, considera que una medida justa sería de interponer un mínimo de 20.

Junts llevó esa propuesta al Parlament, pero no prosperó. Ahora busca otras vías para acercarse a ese objetivo. El Ayuntamiento estudia si internamente podrá modificar los criterios de acceso y adjudicación. El principal argumento es que la asignación de las VPO genera tensiones, ya que se apunta muchísima gente y se entra en un sorteo.

Más de 4.000 bajas y un pico de altas sospechosas

El debate se ha acelerado con la reciente ofensiva municipal contra el fraude en el padrón. En julio, el teniente de alcalde de Relaciones Institucionales, Jordi Puigneró (Junts), anunció que el ayuntamiento había tramitado más de 4.000 bajas desde el inicio del mandato, una cifra por encima de la media histórica. El gobierno local defiende que se trata de una "depuración necesaria" para ajustar servicios, presupuestos y políticas sociales a la población real.

El episodio más contundente llegó en agosto. Los servicios municipales detectaron un patrón inusual: centenares de empadronamientos en pocas semanas, con contratos de alquiler muy similares y direcciones repetidas. “Hubo un intento de empadronamiento de 354 personas en tres o cuatro semanas y saltaron las alarmas. La gente venía con la documentación correcta", explicó en su momento Puigneró.

La respuesta fue activar inspecciones. De las 354, solo dos estaban empadronadas correctamente. El resto había presentado contratos falsos, direcciones inventadas y habían probado suerte, según fuentes municipales. El consistorio apunta a redes organizadas donde detrás hay mafias que buscan permisos de residencia. Tras las comprobaciones, la adminsitración local concluyó que ninguna de las 322 personas verificadas residía realmente en los domicilios declarados y en noviembre formalizó bajas administrativas. El caso ha tenido eco en otros municipios del entorno, como Badia o Barberà del Vallès.

Un nuevo protocolo y el temor a dejar gente fuera

El ayuntamiento trabaja ahora en un nuevo protocolo de empadronamiento más exigente. Sobre la mesa se plantean verificaciones adicionales, inspecciones previas en casos dudosos y sistemas internos para detectar repeticiones de direcciones, documentación o intermediarios. Fuentes municipales confirman que se está elaborando, pero evitan avanzar la letra pequeña.

Es ahí donde se abre la principal polémica. Colectivos como La Floresta contra Fronteres o la Coordinadora Obrim Fronteres advierten de que el endurecimiento puede convertir el padrón en una herramienta de control social y dejar fuera a personas en situación de vulnerabilidad, dificultando su acceso a derechos básicos como sanidad, escolarización o procesos de regularización administrativa. Recuerdan que la legislación no exige vivienda fija, sino residencia habitual en el municipio.

El conflicto también está en el terreno político. La CUP defiende la gestión del mandato anterior, cuando llevaba Servicios Sociales y padrón, y acusa al gobierno de "manipular" el relato. Su portavoz, Marco Simarro, sostiene que la actualización se planificó a finales de 2022 y que parte de las bajas actuales responden a esa hoja de ruta. “No ha aportado datos desglosados por años porque evidenciaría que no ha sido trabajo exclusivo de su equipo", reprocha Simarro al ejecutivo local.

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