CLAVES | Cómo está el realojo de los inmigrantes del B9 de Badalona al cumplirse dos semanas del desalojo

Dos semanas a la intemperie

Llevan ahí desde el día 20 de diciembre. Las noches inmediatamente posteriores a la desocupación las pasaron también al raso, en una explanada cercana al antiguo instituto, de donde acabaron siendo expulsados por la policía. Bajo el puente se llegaron a congregar unas 200 personas, pero el operativo de realojamiento coordinado por el departament de Drets Socials, los servicios sociales municipales y las entidades sociales ha conseguido reubicar en recursos asistenciales repartidos por todo el mapa catalán a 153 desalojados del B9, según el último balance ofrecido por la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, el pasado domingo.

Aun sin confirmación por parte de la Generalitat, esa cifra habría ido creciendo, a tenor de lo que atestigua el portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués: "En los últimos días, ha seguido el goteo de personas realojadas, muy poco a poco, encontrando plazas aquí y allá". Son las mismas entidades las que se han ocupado de trasladar en vehículos particulares a las personas a las que se les encuentra un cobijo. De todas maneras, desde las entidades piden al Govern que amplie su intervención en la situación, "no tan a cuentagotas" como en los últimos días, sino "garantizando el acompañamiento" y teniendo en cuenta las diferentes casuísticas de los afectados.

Entre los aproximadamente 50 que restan bajo el puente crece el desánimo: "Cada día que pasa es peor para las personas que están aquí malviviendo, muchos no ven el final", asegura Sagués, que diferencia dos tendencias entre el medio centenar de personas que se refugia bajo el viaducto. Un primer grupo estaría formado por personas que disponen de una mínima red de contactos y de algún trabajo, por precario e informal que sea, en Badalona o en sus cercanías. A ellos, la posibilidad de marcharse lejos de la ciudad no les convence, ya que "perderían la poca capacidad que tienen de conseguir ingresos", relata Sagués.

El segundo grupo, sigue el portavoz de Badalona Acull, respondería a un perfil de personas "más desarraigadas y acostumbradas a un tipo de vida en que no disponen de demasiadas perspectivas de mejora, sino que más bien se centra en la mera supervivencia". Cabe recordar que una parte de los que ocupaban el B9 ya habían habitado la nave del barrio del Gorg, que se incendió en 2020 dejando cinco fallecidos, y que desde entonces han ido acumulando ocupaciones y desocupaciones, como pasó en las naves ocupadas de las calles Progrés, Alfons XII, o Antoni Bori, todas ellas en Badalona. No son inhabituales entre ellos los problemas relacionados con la salud mental.

Además, aunque si bien Sagués indica que "no se trata de lo más habitual", en los últimos días algunas personas que nunca pasaron por el B9 pero que también viven en la calle se han desplazado hasta el puente de la C-31: "Para malvivir solos al raso, algunos se acercan aquí a pasar las horas o a dormir". Precisamente respecto a este aspecto, fuentes municipales aseguran a EL PERIÓDICO que "el Ayuntamiento está trabajando con la Generalitat para ver qué personas de las que están debajo del puente son vulnerable, dado que se ha instalado allí gente nueva que no es del B9".

Dos semanas en el foco

Cuando el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, valoró ante la prensa el desalojo del B9, minutos después que finalizase el operativo policial, quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y les "garantizó" que el Ayuntamiento no permitiría que "nadie ocupe la vía pública ni naves ni locales". Sin embargo, en aquellos precisos momentos y según se supo después, un grupo de antiguos moradores del equipamiento ya había ocupado el antiguo albergue municipal para personas sintecho, Can Bofí Vell, cerrado desde mediados de 2024. Asimismo, aquella misma tarde, desde la asociación de vecinos del Remei ya denunciaron que el problema no acababa con el desalojo, y que ya habían visto a algunos de los desalojados "abriendo persianas y forzando candados porque no tienen adonde ir".

Durante los quince días que han seguido a la desocupación del B9, la polémica por la asistencia a los desalojados ha traspasado las fronteras municipales para convertirse en un tema de debate nacional, con declaraciones cruzadas entre el Ayuntamiento liderado por Albiol, el Gobierno y la Generalitat. Al respecto incluso se ha hecho eco la ONU, y la Fiscalía ya ha pedido a Albiol que aclare qué protección ha ofrecido el gobierno municipal a los desalojados. Sobre el alcalde Albiol pesa además una denuncia por delitos de odio y de discriminación presentada por el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens.

Dos semanas de tensión

Más allá de las reacciones en las esferas política y judicial, la ciudadanía badalonesa ha vivido la problemática con cierta división. El domingo 21 de diciembre, un grupo de vecinos impidió el reparto de ayuda y el cobijo de una quincena de los desalojados del B9 en la parroquia Mare de Déu de Montserrat, del barrio de Sant Crist, en unos momentos de gran tensión. El lunes por la tarde, una manifestación en defensa de la ocupación de Can Bofí Vell, en Montigalà, y una protesta vecinal contraria a la asistencia a los afectados coincidieron en espacio y tiempo, avivando la hostilidad. En esos primeros días de crisis, el alcalde Albiol se dejó ver entre los vecinos. Primero, el domingo frente a la parroquia, a la que acudió cuando los concentrados impedían ya la asistencia a los desalojados. Al día siguiente, lunes 22, convocó sendas reuniones con los vecinos de Sant Crist y los de Montigalà. Allí, señaló directamente al activista Carles Sagués y a la plataforma Badalona Acull como los culpables de la ocupación de Can Bofí Vell. En la última semana, sin embargo, el gobierno municipal ha adoptado una postura más discreta y las intervenciones de Albiol al respecto se han limitado a los medios de comunicación o a sus redes sociales.

El martes 23 de diciembre, los ocupas del antiguo albergue de Can Bofí Vell accedieron a dejar el espacio, mientras que a pocos centenares de metros se intentaba ocupar otro instituto abandonado. Lo frustró la policía. Simultáneamente, bajo el puente de la C-31 se consolidaba el nuevo asentamiento, que aún persiste, aún más precario que en el B9. Si en el antiguo instituto tenían un techo, bajo el puente se refugian del viento, la lluvia y el frío en tiendas de campaña facilitadas por las entidades sociales.