Los ocho 'padres' de la ley del taxi que vetará a Uber y al resto de VTC en Barcelona: ponentes, trámites y calendario

La polémica propuesta de ley para regular el taxi y VTCs como Uber y Cabify entrará en la fase clave con el nuevo año. El Parlament de Catalunya tiene sobre la mesa el pistoletazo de salida a la tramitación, que pilotará una ponencia de ocho diputados. EL PERIÓDICO disecciona los pasos previstos, los tempos y los protagonistas.

La futura ‘ley del taxi’, también apodada ‘ley anti-Uber’, se denomina en realidad Proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas. No emana del gobierno catalán, sino que es una iniciativa de cinco grupos parlamentarios: PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP. Aunque discrepan sobre detalles del texto, están de acuerdo en impulsar un nuevo modelo en Catalunya. Suman 107 de los 135 escaños.

La cursaron por la vía ordinaria, sin pedir el procedimiento de urgencia que reduce a la mitad los plazos. Fue admitida a trámite en septiembre por la Mesa, que integran Junts, ERC y PSC. Tres meses después, el borrador ha recibido una sola enmienda a la totalidad: la ha presentado Vox y carece de apoyos.

Hasta que la Junta de portavoces no incluya la votación de esta enmienda en el orden del día de un pleno, cosa que no hizo en diciembre, no podrá iniciarse la tramitación definitiva. Fuentes consultadas ven probable que esto ocurra dentro de tres semanas, para que la propuesta de ley empiece a caminar con el primer pleno del año, convocado para los días 27, 28 y 29 de enero.

Cuando el hemiciclo tumbe la moción de Vox, podrá tomar en consideración formal el borrador legislativo y remitirlo a la Comissió de Territori i Habitatge (CTH). Este órgano del Parlament se reúne muy a menudo y lo integran 15 diputados. Lo preside Joaquim Calatayud (Junts).

En este foro se creará la ponencia específica para la ley del taxi, integrada por un diputado de cada uno de los ocho grupos. El proyecto tiene muchos ‘padres’, porque ha pasado por tres gobiernos de distintos colores, que han tenido siempre detrás al sindicato mayoritario de los taxistas, Élite Taxi, presionando en favor de una nueva ley. Sin embargo, los ocho ponentes serán los artífices reales del texto que finalmente se apruebe.

Su primera misión será pactar un listado de comparecencias de representantes del sector y de afectados externos. Se prevén muy numerosas. Los diputados les escucharán y podrán hacerles preguntas. El número de convocados dará pistas de cuánto se alargará la ponencia. Usualmente requieren tres o cuatro meses como mínimo. Además, los ponentes también discutirán informes y propondrán enmiendas parciales.

Los ocho ponentes

Los ocho grupos responden a quién confiarán tan delicado encargo. El grupo Socialistes y Units per Avançar sostiene que “todavía no ha tomado una decisión formal”, si bien se perfila para la labor el diputado José Ignacio Aparicio, que “coordina las reuniones técnicas y los trabajos preparatorios”. Es periodista, fue alcalde de Cervelló entre 2015 y 2024 y tiene 61 años. “Habrá que dar voz a muchas entidades, operadores, administraciones y agentes sociales, y hacerlo con rigor y sin prisas”, indica el PSC, que apuesta por “ampliar consensos” con una “mejora del texto inicial”. “Muy conscientes” de las leyes catalanas naufragadas en los tribunales, los socialistas confían en los servicios jurídicos “para minimizar cualquier riesgo de inconstitucionalidad o de invasión competencial”. Se guiarán por “dos principios irrenunciables”: “priorizar al usuario y que ningún trabajador actual del sector quede desprotegido o sin trabajo”.

Por otro lado, Junts ya ha elegido como ponente a Maria Ortiz, politóloga de 39 años de Vilafranca del Penedès. “Creemos que es una buena oportunidad, pero no estamos de acuerdo al 100% con el redactado, como dijimos al registrar la propuesta de ley”, advierte. “Debemos escuchar a todo el mundo y reunir el máximo de voluntad política para regular bien”, agrega. Avanza que presentará una enmienda para elevar del B1 al B2 el nivel de catalán exigido a los conductores y que velará “por el cumplimiento de las directrices europeas de libre mercado, dentro de lo que permita un sector regulado como es el taxi”.

ERC se ha decidido por un veterano de la política, Joan Ignasi Elena. De 57 años, fue alcalde de Vilanova i la Geltrú de 2005 a 2011 y conseller de Interior de 2021 a 2024. Además es abogado especializado en derecho laboral.

El PP ha elegido a la abogada Àngels Esteller, exconcejal de Barcelona y exdiputada en el Congreso de 61 años, con amplia experiencia legislativa. El único gran partido que no secunda la proposición esquiva declararse en contra: “No hemos terminado la ronda de contactos para formarnos una opinión, nos jugamos mucho”, dice Esteller. Avisa que “hay horas en las que cuesta encontrar taxi” y pide escuchar “todas las voces” porque los taxistas “no están unidos”. Pedirá que comparezcan la Fira o los restauradores como perjudicados: “Espero que no se veten nombres, como pasó con los arrendadores en la ley del alquiler o los hoteleros con la tasa turística”, protesta. “Despachar rápido esta ley sería muy contraproducente”, recalca.

Los Comuns optan por Lluís Mijoler, exalcalde de El Prat de Llobregat (2019-2025), de 56 años. Licenciado en Derecho, fue juez suplente y trabajó con seguros. “El Parlament puede tener suficiente fuerza para impulsar esta nueva legislación, siempre que se trabaje con calma, desde el consenso y sin prisa”, afirma. “Estamos acostumbrados a que se judicialice la política y las VTC probablemente llevarán la ley a tribunales porque se amparan en una normativa europea que no preserva lo que debe ser el servicio público del taxi”, critica.

El grupo de la CUP - Defensem la Terra ha elegido a Laure Vega, de 34 años. Vecina y activista de Sant Boi de Llobregat, se ha posicionado en especial en ámbitos como la precariedad laboral y la desigualdad educativa. Finalmente, los dos grupos de ultraderecha del Parlament designarán para la ponencia a Andrés Bello (Vox) y Rosa Maria Soberana (Aliança Catalana).

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