La Generalitat fiscalizará el nivel de catalán y los contenidos de la polémica escuela de Terrassa denunciada por un centenar de familias

La larga crisis abierta en la escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa (Vallès Occidental), conocida como El Karmel, entra en su tramo final. La Generalitat ha impuesto una batería de medidas correctoras que obligan al centro concertado a someterse a una fiscalización tras meses de denuncias de un grupo numeroso de familias —cerca de un centenar— que alertaron de un presunto giro ultracatólico y ultraconservador de la dirección y de posibles incumplimientos de la normativa educativa.

La intervención del Govern es el resultado del trabajo de la Comisión de Conciliación, constituida el 23 de octubre de 2025 para analizar si el centro vulneraba las condiciones del concierto educativo. Según el documento remitido por la directora de los Serveis Territorials a los miembros de este órgano —en el que participan la administración, la dirección, el profesorado y el consejo escolar—, los acuerdos se adoptaron por unanimidad. EL PERIÓDICO ha tenido acceso a la resolución, que exige mejoras en el nivel de catalán, fija plazos concretos y un calendario de seguimiento que se prolongará durante los próximos cursos, con el objetivo de cerrar un conflicto que ha tensionado profundamente a la comunidad educativa durante nueve meses.

El catalán y los contenidos, bajo control

Uno de los ejes centrales de la resolución es el uso del catalán. La Generalitat ha decidido intensificar el control para garantizar que la lengua vehicular del centro sea efectivamente el catalán y que todo el profesorado cumpla con los requisitos lingüísticos exigidos. En este marco, dos docentes deberán acreditar un nivel mínimo C1 en la primera convocatoria disponible, prevista para mayo de 2026. Si no lo consiguen al finalizar el curso, quedarán fuera del régimen de pago delegado.

Mientras tanto, durante el curso 2025-2026, estos docentes deberán superar una prueba de lengua catalana en el marco de unas oposiciones, aunque esta no sustituirá la acreditación oficial. La Inspección Educativa, además, reforzará su presencia en el centro con visitas a las aulas desde este mismo mes de diciembre y a lo largo del próximo curso para comprobar que todas las asignaturas se imparten en catalán, tal y como establece el proyecto lingüístico del colegio; algo que las familias llevan meses denunciando que "no se cumple".

Ante ello, la resolución establece el control y la supervisión de las programaciones didácticas y del material utilizado en clase, con especial atención a estas áreas, lo que supone una fiscalización directa de lo que se enseña en las aulas

La Generalitat también ha puesto el foco en los contenidos educativos, uno de los aspectos más controvertidos del conflicto. Las denuncias de las familias señalaban un supuesto cambio ideológico, especialmente en materias como Historia y Ciencias Sociales. Ante ello, la resolución establece el control y la supervisión de las programaciones didácticas y del material utilizado en clase, con especial atención a estas áreas, lo que supone una fiscalización directa de lo que se enseña en las aulas.

Más transparencia con las familias

El texto obliga asimismo al centro a reforzar la transparencia y la comunicación con las familias. La administración revisará la carta de compromiso para que el carácter propio del colegio quede claramente definido y exigirá reuniones informativas para explicar el contenido del Proyecto Educativo de Centro (PEC). Además, el colegio deberá implantar una encuesta anual de satisfacción y mejorar la información sobre actividades complementarias y salidas escolares, que deberán quedar recogidas en la Programación General Anual y contar con el aval del consejo escolar.

Desde el entorno de las familias denunciantes, la resolución se interpreta como una validación de sus quejas. Un padre del centro sostiene que el documento “desmonta el relato que se ha intentado imponer” y subraya que “no se habla en ningún momento de familias que difamen, ni de hechos inventados, sino de cuestiones que la propia comisión ha investigado y considerado relevantes”.

La dirección del colegio, por su parte, ya salió al paso de las acusaciones el pasado mes de diciembre. En una carta enviada a las familias, negó haber llevado a cabo ningún giro ideológico ni prácticas de adoctrinamiento y defendió su proyecto educativo frente a las denuncias presentadas.

Titulación y control económico

La resolución también aborda otras cuestiones sensibles, como la titulación del profesorado y el control económico. La Generalitat revisará que todo el profesorado concertado cuente con la titulación universitaria y la formación pedagógica exigidas, después de constatar que dos docentes señalados no figuran en el régimen de pago delegado este curso.

La Generalitat revisará que todo el profesorado concertado cuente con la titulación universitaria y la formación pedagógica exigidas, después de constatar que dos docentes señalados no figuran en el régimen de pago delegado este curso

En el ámbito económico, el centro deberá dejar claro el carácter voluntario de las cuotas a la fundación y mejorar la información a las familias sobre el coste de actividades y servicios, tras las quejas por posibles cobros indebidos. También se refuerza la obligación de informar con claridad a las familias del alumnado con necesidades educativas especiales tipo B sobre los importes que se les facturan.

Nueve meses de conflicto

El conflicto estalló en marzo de 2025, cuando varias familias denunciaron presuntos incumplimientos ante el Departament d’Educació. En abril, el centro despidió a su director, Francesc Rubio, y en agosto la titularidad presentó una demanda civil contra tres madres y padres por presuntas calumnias en un grupo de WhatsApp, reclamando 37.000 euros, un paso que agravó todavía más la fractura interna.

Con la resolución ahora sobre la mesa, el Mare de Déu del Carme afronta una nueva etapa marcada por la supervisión de la administración y la obligación de introducir cambios. Para las familias críticas, el acuerdo supone el cierre de un largo y tenso capítulo; para el centro, el reto de recomponer la confianza y ajustarse estrictamente a las reglas del concierto educativo.

Suscríbete para seguir leyendo